El relato gubernamental que niega el retraso de los fondos europeos respecto al calendario inicialmente previsto contrasta con la advertencia lanzada esta semana por el Banco de España sobre el escaso nivel de inversión derivada del Next Generation EU proyectado para este ejercicio, así como con el nerviosismo que empieza a cundir entre las distintas administraciones públicas sobre los tiempos y mecanismos a través de los cuales van a canalizarse los recursos y con la impaciencia que se palpa en un mundo empresarial deseoso de lanzarse a ejecutar proyectos. Lo cierto es que España ha perdido ya todo un trimestre en la carrera por los fondos y, con la tercera -o cuarta- ola de la pandemia desatada, incluso las previsiones más optimistas condenan al PIB a una salida de la crisis lenta y sitúan el nivel de bienestar económico previo a la Covid en el año 2023.
El nerviosismo en torno a los fondos no es baladí, si bien el retraso en la ejecución podría tener más que ver con lo que está sucediendo fuera de España que con la cuestionada gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Un buen puñado de los países de la UE todavía no han dado el visto bueno al reparto de los 750.000 millones de euros que el Consejo Europeo acordó en verano de 2020. Y este mismo viernes el Tribunal Constitucional de Alemania suspendía el proceso de ratificación del plan de recuperación pospandemia de la Unión al estimar un recurso contra este mecanismo que, por cierto, ya han aprobado las dos cámaras del parlamento germano. La cuestión es que una parte del dinero -312.500 millones- se transferirá en forma de subvenciones, sobre todo a los países más afectados por la Covid, como España o Italia, y es precisamente ese planteamiento de financiación de deudas de los estados lo que se está cuestionando ante la corte alemana.
Ante este escenario convulso en el entorno comunitario, aquí en España los agentes económicos no terminan de acostumbrarse a los altos niveles de incertidumbre en los que se mueven desde hace un año. La anhelada recuperación en forma de V (rápida y potente) que nunca fue y que a lo largo de los meses fue variando de letra (la U, con una fase de bajo crecimiento antes de la reactivación; la W, con una recaída seguida de otro despegue rápido...) ha derivado finalmente en una forma que evoca a uno de los cuentos más famosos de la cultura de Oriente Medio, convertido en película de Disney: la lámpara de Aladino. Tras una fase de fuerte crecimiento a corto plazo, después del mayor batacazo económico en tiempos de paz, el PIB se ha estabilizado en una especie de meseta en la que va a mantenerse durante los próximos años, con avances cada vez más moderados.
En las previsiones del Banco de España se observa claramente ese candil. En cualquiera de los escenarios planteados, el repunte del Producto Interior Bruto irá perdiendo vigor a lo largo del trienio. En la foto central, el supervisor calcula que la economía crecerá un 6% en 2021, un 5,3% en 2022 y un 1,7% en 2023. El panorama que pinta para este año la entidad que dirige Pablo Hernández de Cos es más pesimista que el dibujado el pasado mes de diciembre, cuando apuntaba a un alza del 6,8%, por dos motivos: primero, el impacto de las medidas de contención aprobadas por los gobiernos autonómicos para hacer frente a las nuevas olas del virus; y segundo, y no menos importante, el retraso en la ejecución de los fondos europeos.
En su informe de proyecciones macroeconómicas del pasado mes de diciembre, el BdE había estimado una ejecución del 70% de los 27.000 millones de euros procedentes del Next Generation EU que el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Pero tres meses después, los analistas entienden que esa ejecución no superará el 55% y que esa menor inversión pública restará alrededor de tres décimas al crecimiento previsto para 2021. La buena noticia es que ese menor avance a corto plazo se traducirá en un mayor impulso en 2022, por el efecto inducido de ese retraso en la ejecución de los fondos europeos hasta el año que viene, un atraso que desde el supervisor se desliza que incluso puede llegar a ser beneficioso para la economía si sirve para orientar las inversiones con más tino.
Ante estos augurios mixtos, la propia ministra María Jesús Montero admitía este jueves la urgencia de acelerar la gestión de los fondos europeos. Frente al reto colosal para la Administración, la titular de Hacienda reconocía que "si vamos tarde, no llegaremos" y advertía de que "España no puede perder la oportunidad de aprovechar este volumen ingente de recursos". Lo hacía en un foro organizado por la Agencia EFE y la consultora KPMG, en el que adelantaba también que el Gobierno está ultimando el plan de inversiones y reformas que pretende enviar a Bruselas "bastante antes" de la fecha límite del 30 de abril y que, en paralelo, se está preparando la convocatoria de las distintas conferencias sectoriales en las que se activará la distribución de las transferencias que tiene previsto adelantar el Ejecutivo como paso previo a los reintegros por parte de la Comisión Europea. "Estamos cambiando las ruedas con el coche en marcha", aseguraba Montero en argot deportivo.
Clamor empresarial
Pero la velocidad anunciada no convence ni a las administraciones públicas ni al sector empresarial. Representantes de comunidades autónomas y entidades locales presentes en el mismo foro demandaron al Gobierno celeridad y, sobre todo, más información sobre el proceso y agilidad en los trámites. En entornos empresariales, tanto del ámbito de la patronal CEOE como en el marco de las 'big four', ambos agentes fundamentales para el asesoramiento a las compañías, coinciden con esta demanda y señalan al menos cuatro aspectos clave sobre los que en estos momentos pivotan sus dudas: la concreción del decreto de agilización de los fondos; la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas; la fluidez en la colaboración público-privada; y la transparencia necesaria por parte de la administración pública para la ejecución de los proyectos empresariales.
El Gobierno espera que las licitaciones de proyectos arranquen en el segundo trimestre del año y que los fondos empiecen a llegar a partir de junio. Pero antes, la Comisión Europea tendrá que haber dado el visto bueno final al plan de inversiones y reformas que lleva siendo objeto de estudio desde hace meses -el intercambio de las denominadas 'fichas' entre el Ejecutivo español y las autoridades europeas es permanente, recuerdan fuentes gubernamentales-. Esto sucederá a finales de abril y, para entonces, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como máxima autoridad en la materia, tendrá que haber decidido si rebaja su previsión de crecimiento. Todo parece apuntar a que así será, al menos, para este año, para el que todavía mantiene una proyección de incremento del PIB de casi el 10%. Tras el varapalo del Banco de España, el Gobierno se ha quedado solo en ese optimismo y previsiblemente tendrá que moderarlo.
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