El aumento exponencial del precio de la factura eléctrica, que supone el 30% del gasto para muchas empresas, y la descarbonización de la economía decretada por la Unión Europea ha lanzado a muchas empresas en España hacia el autoconsumo eléctrico con energías renovables. De hecho, la potencia de autoconsumo instalada a nivel nacional se sitúa en los 2,5 Gigavatios (Gw), cantidad que se ha multiplicado por diez en los últimos cuatro años, aunque todavía apenas supone el 2% de los 112 Gw de potencia total instalada en España. Sólo en 2021, según APPA Renovables, se instalaron 1.151 Megavatios (Mw) de autoconsumo, casi duplicando los 623 Mw instalados en 2020.
La hoja de ruta del Gobierno prevé que en 2030 haya entre 9 y 14 Gw de autoconsumo instalados en España, pero para poder cumplir este hito la industria urge al Gobierno a aprobar un nuevo paquete “inmediato” de medidas que permitan abaratar el precio de la luz y el gas, entre ellas suprimir de forma "definitiva" el Impuesto del 7% sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) e impulsar una línea de incentivos permanente -sin repercusión en costes regulados- y no coyuntural, para promover el autoconsumo renovable. Pese a los avances, el 25% de la electricidad que se consume en este país procede de combustibles fósiles, principalmente gas y petróleo, y el precio de estas materias primas, de las que es 100% dependiente, está al albur de circunstancias que se les escapan, como se demuestra con la escalada sin fin de los precios de los combustibles en los apenas cuatro días transcurridos desde que Putin ordenara al ejército ruso la invasión en Ucrania.
En este sentido, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha apresurado a decir que “en España la garantía de seguridad de suministro está garantizada” aunque “puede verse afectada por los precios de la energía, en todos sus frentes" debido a la guerra en Ucrania. La propia vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, decía este viernes a su llegada a la reunión del Ecofin en París, que “tenemos que asegurarnos de que el alza de precios del gas y petróleo en los mercados internacionales no contamina el precio de la electricidad y, por tanto, no tiene una repercusión negativa sobre el bienestar y la renta de familias y empresas europeas”.
En 2018 se eliminó en España el llamado ‘impuesto al sol’, que gravaba el autoconsumo y en el momento actual ya existen ayudas a la implantación de estaciones de autoconsumo en las empresas, procedentes de los Fondos Next Generation, por valor de 660 millones de euros. La previsión es que esta cantidad se amplíe hasta los 1.320 millones a medida que las comunidades autónomas, encargadas de repartir estos fondos, agoten sus asignaciones iniciales bajo la supervisión del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). En concreto, el importe previsto de las subvenciones para instalar energía solar fotovoltaica en estos momentos va desde el 15% para una gran empresa hasta el 45% para una pyme o un sistema inferior a 10 Kw.
Pero la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que une a las principales patronales industriales españolas -Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento) y Unesid (siderurgia)-, exige “medidas permanentes” y no coyunturales, como éstas en vísperas de recibir la dotación asignada a España en el plan de recuperación. La idea es que "sin repercusión en costes regulados" promuevan “la inversión en instalaciones de generación y almacenamiento en autoconsumo, específicamente orientada a las empresas industriales, y faciliten el acceso a los nudos de la red de transporte y distribución eléctrica de los proyectos industriales de generación eléctrica en la modalidad de autoconsumo con venta de excedentes”.
Pese a este lastre fiscal, en los últimos meses han sido decenas las empresas que en España se han lanzado al autoconsumo, desde multinacionales y grandes empresas a pymes y micropymes. Según la compañía dedicada a la instalaciones de placas solares, EiDF Solar, este tipo de energía garantiza “sostenibilidad, cero emisiones y permiten un ahorro de entre el 40 y el 60% en la factura eléctrica de las empresas”. Asimismo destacan el bajo coste de estos proyectos, con un periodo de amortización medio de cinco años y una vida útil de entre 25 y 35 años, con un coste de mantenimiento mínimo. Ikea, por ejemplo, cuenta en el momento actual con más de 40.000 paneles solares instalados en España con la intención de convertirse en una compañía independiente en materia energética.
Esta misma semana, Gestamp, ha firmado con Powen un contrato marco de compraventa de energía 'onsite' fotovoltaica, que incluye la instalación y mantenimiento de los paneles fotovoltaicos para autoconsumo en 20 plantas productivas en España y dos en Portugal y la compraventa por su parte de la energía producida por los paneles. La potencia total instalada será de 26,9 Mw y la energía que consumirán las 22 plantas de Gestamp al año será el 87% del total de la energía generada por las placas fotovoltaicas. En 25 años, esta acción “evitará la emisión de 8.835 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivaldría a plantar 4.025 árboles”, explican desde Gestamp, y “a partir de 2022 todos los centros productivos y de I+D que el grupo tiene en España funcionarán con energía 100% renovable”, aseguran.
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