FACUA y OCU discrepan

La nueva tasa Covid en los bares: ¿es legal implantarla y obligatorio pagarla?

Los establecimientos tienen que hacer frente a nuevos costes para evitar el contagio y algunos optan por aplicar un suplemento. ¿Es legal hacerlo?

Camarero con mascarilla en un bar
Camarero con mascarilla en un bar
EFE

Los establecimientos de hostelería se tienen que adaptar a la nueva normalidad provocada por la crisis sanitaria. Así, deben cumplir medidas sanitarias y de higiene impuestas por el Gobierno como, por ejemplo, desinfectar las mesas o disponer de gel hidroalcólico para los clientes. Un gasto para los establecimientos que ya se nota en el bolsillo de los ciudadanos.

Para sufragar los nuevos costes asociados a la pandemia, los bares y establecimientos están optando por implantar un suplemento, la llamada tasa covid, que aparece en la factura y tiene como objetivo recuperar las pérdidas y garantizar la rentabilidad del negocio en estos meses tan difíciles. Pero, ¿es legal que recaiga en el consumidor?

Existen discrepancias entre las organizaciones de consumidores. Desde OCU señalan se trata de una práctica legal siempre y cuando el cliente sea informado previamente y se ajuste al precio real. Desde la organización indican que "el coste debe además ser proporcional, es decir, repartido entre quien ofrece el servicio y quienes lo disfrutan". En el caso de que esta sea muy alta, el consumidor puede reclamar a las autoridades de consumo de su localidad o autonómico. Pero, si no está dispuesto a pagar la tasa, debe prescindir del servicio.

Consumo ya se ha pronunciado

Por su parte, otra de las asociaciones de los consumidores más conocida, FACUA, considera que es ilegal que exista un recargo para los clientes. "Exista o no información previa, no tiene por qué pagarse el suplemento y, además, es aconsejable realizar una fotografía del cartel o recibo donde se indique su aplicación para denunciarlo ante la autoridad de protección al consumidor de la comunidad autónoma".

Según las últimas informaciones, la organización le ha hecho llegar una queja al ministerio de Consumo quien ya ha enviado una nota informativa a las distintas comunidades autónomas para que controlen la cuestión y sancionen a los establecimientos que aplican la tasa. El ministerio reconoce que estas acciones pueden conllevar "la asunción de determinados costes adicionales" e indice en que la práctica supone "el traslado al consumidor de unas obligaciones que competen exclusivamente al proveedor del bien o servicio".

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