Montero mete en caja 1.800 millones con nuevos impuestos digitales y a la banca

Nuevos impuestos que permiten que haya "justicia fiscal y social". Ese el argumento del Gobierno para el impulso definitivo a los proyectos de ley de las tasas sobre servicios digitales, conocido como 'tasa Google', y la tasa sobre transacciones financieras, que es más conocida como 'tasa Tobin'. Dos viejos proyectos aprobados en el Consejo de Ministros de este martes que meterán en las arcas del Estado cerca de 1.800 millones de euros, lo que dará más margen de maniobra a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y que apenas presentan cambios con respecto a la anterior legislatura, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya planteó los anteproyectos de los mismos. Pero que, al menos en el caso de la tasa Google, arrancarán con la particularidad de no cobrarse hasta final de año.

La más relevante por su influencia internacional es la tasa Google. El Gobierno no ha aclarado por el momento cuánto espera recaudar con esta nueva tasa, aunque la previsión estimada alcanza los 968 millones de euros. Tampoco ha precisado cuáles serán las empresas que estarán afectadas por la medida, aunque todos los focos están puestos en las grandes tecnológicas. Este debate se irá resolviendo en los próximos meses, cuando también se concrete la tasa global que saldrá de los debates que surjan en el seno de la OCDE sobre esta cuestión concreta. Aunque también está por ver cómo reacciona el gobierno de EEUU ante una medida que, aunque no vaya a aplicarse hasta final de año, no gusta nada en Washington.

Sacar adelante la tasa Tobin también es una novedad con respecto a los planes del PSOE en la campaña del 10-N. En el programa que presentó el partido principal del Ejecutivo se prescindió de este impuesto a las transacciones financieras. Algo que se entendió en el sector financiero como un gesto hacia sus compañías. En su propuesta de PGE año pasado, Moncloa incluyó la creación de este impuesto, que gravaría las operaciones de compra de títulos del sector financieras con un 0,2%. Según sus estimaciones, esto se traduciría en una recaudación de hasta 850 millones, que formarían parte de los casi 5.654 millones que se hubieran ingresado con la reforma fiscal que se proponía en las cuentas.

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En este nuevo gravamen que afecta al sector financiero no se han incluido finalmente los productos derivados, que son los que se refieren a acciones o a una cesta de títulos, un valor de renta fija, una divisa, materias primas o tipos de interés. Esta cuestión ha generado un debate a nivel europeo, ya que están considerados como los productos más especulativos dentro de los movimientos en los mercados. Según ha explicado la titular de Hacienda, el Estado español dispondrá de esta manera de un impuesto muy similar al que ya existe en Italia, Francia o Bélgica, que tampoco aplican la tasa a los derivados. 

Para incidir en la defensa de estos nuevos impuestos, Montero ha asegurado que EEUU conoce los planes de España en lo que respecta a la tasa Google. A la vez, ha recordado que los aranceles de la Administración Trump tenían más que ver con la guerra comercial que se desató que con las decisiones que tomen países como España. "Tenemos que tener una fiscalidad justa para nuestros ciudadanos, y que estos nuevos impuestos se traduzcan en más igualdad de todos los ciudadanos. Tenemos vocación decidida en avanzar en justicia social, pero con estabilidad presupuestaria", ha señalado la ministra. Además, ha destacado que son toman estas medidas para que el sistema tributario "se adecúe a la nueva realidad, en entornos digitales o en realidades económicas que han sido opacas o poco transparentes a la fiscalidad tradicional".

Siguiendo con el argumento, la también portavoz del Gobierno ha señalado que "el mejor sistema tributario es el que mejor responde".  "España no puede permitirse tener uno anclado en el siglo pasado. Hay que ir a una fiscalidad del siglo XXI, que se adapte a la globalización, y no podemos pretender un Estado del Bienestar moderno si el modelo tributario es caduco", ha incidido Montero, que ha rechazado la "corriente ideológica" que aspira a que el Estado tenga un papel testimonial en el día a día. "No es la opción de este Gobierno. Apostamos por un estado del bienestar fuerte, por sanidad universal y por protección social ambiciosa. Que los que más tienen más aporte, para que los nuevos sectores de actividad aporten en condiciones de igualdad", ha añadido.

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El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la derogación del despido objetivo por absentismo que permite a los empresarios despedir a un trabajador con 20 días de indemnización por ausencias reiteradas aunque estén causadas por baja médica. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se estrenaba en la rueda de prensa semanal, ha justificado la vía del real decreto ley para acabar con la "alarma social" que generaba la posibilidad de que los trabajadores puedan ser despedidos cuando son más "vulnerables".

Asimismo, Díaz ha asegurado que con esta medida, incluida en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, se empieza a desmontar la reforma laboral del PP. Si bien es cierto que este tipo de despido se incluye en el Estatuto de los Trabajadores desde su primitiva versión de 1980. De cualquier manera, la ministra ha matizado que ha constituido una "anomalía" a lo largo del tránsito de la legislación laboral española respecto a los países del entorno que "carecen de un precepto semejante".

Díaz también ha recordado que "los tribunales han entendido que este precepto era ilegal o vulneraba derechos fundamentales", por tanto, ha afirmado que con su derogación se viene a dar seguridad jurídica a los trabajadores. Sobre el posible carácter retroactivo de la medida, la titular de Trabajo ha aclarado que está completamente descartado, precisamente por esas razones de seguridad jurídica. Por tanto, no afectará a los trabajadores despedidos por esta causa hasta ahora (no podrán reclamar su indemnización) ni a los que se encuentren inmersos en procesos judiciales. De este modo, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y será de aplicación en adelante.