El Gobierno se ha ventilado en dos consejos de ministros todo el margen de gasto que se ha dado para el año 2020. El techo de gasto no financiero para las cuentas de este año aprobado este martes por el Gobierno, que asciende a 127.609 millones de euros, ofrece un margen extra de algo más de 4.700 millones de euros respecto a la estimación del techo de 2019 trasladada por María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pero esa cifra se queda corta para absorber los más de 5.300 millones de euros de gasto extra ya comprometidos por el Ejecutivo con la subida de las pensiones, la subida de sueldo de los funcionarios, el despliegue del subsidio para mayores de 52 años y la ampliación del permiso de paternidad, según sus propias previsiones volcadas en el Plan Presupuestario que se envió a Bruselas el pasado mes de octubre.
Si se atiende a estas cifras proporcionadas por el Gobierno, el equipo de María Jesús Montero no sólo afrontará el diseño de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020 sin caja disponible de la que tirar sino que tendrá que apañárselas para recortar en al menos 650 millones de euros la dotación presupuestaria de la que han disfrutado los ministerios en 2019 para cuadrar las cuentas. Eso, si no se tuerce la previsión de ingresos del Ejecutivo, ya que según avanzó Montero en ese techo de gasto se descuenta también el potencial impacto de las nuevas figuras tributarias que apruebe el Gobierno en 2020 y que la ministra -sin especificar cuáles- dijo que trataría de sacar adelante "lo antes posible".
El asunto no es un contratiempo menor. El techo de gasto condiciona la política presupuestaria y esa ausencia de margen que se desprende de los datos proporcionados este martes por el Gobierno anuncia unos presupuestos contenidos, ya que los nuevos gastos que se pretendan abordar van a tener que ser compensados automáticamente con recortes de similar cuantía en las partidas presupuestarias actualmente vigentes en los presupuestos prorrogados de Cristóbal Montoro.
La pesada factura del 'pack social' de bienvenida del Gobierno
La factura derivada del primer 'pack social' aprobado por el Gobierno de coalición el pasado mes de enero asciende a 4.618 millones de euros, a razón de 1.406 millones por la subida de las pensiones y hasta 3.212 millones por el incremento de los salarios de los funcionarios. A esto hay que sumarle los 336 millones de euros de la ampliación de los permisos de paternidad y los 400 millones adicionales que va a costar este año el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, ambas medidas comprometidas con anterioridad. En total: 5.354 millones de euros.
Esos más de 5.350 millones de euros se comen el margen extra del 3,8% que se ha concedido el Gobierno en el techo de gasto para este año, a saber: los 4.710 millones de euros que hay de diferencia entre el límite de gasto no financiero de 127.609 millones en 2020 y los 122.899 millones que el Gobierno ha calculado como gasto efectivo en 2019.
La diferencia sería mayor si se tiene en cuenta que en 2019 el Gobierno no pudo sacar adelante su proyecto presupuestario, por lo que siguieron vigentes los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que elaboró Cristóbal Montoro en base a un techo de gasto de 119.834 millones de euros. A esa cantidad se añaden los gastos asumidos en 2019 por los compromisos adquiridos, de nuevo, tanto con los pensionistas como con los funcionarios, así como por otras medidas aprobadas en los denominados 'viernes sociales'.
El panorama podría haber sido mucho más restringido para el Gobierno de coalición de las izquierdas. El techo de gasto efectivo de 2019 -esos 122.899 millones de euros de los que ha hablado este martes Montero- resulta inferior a los 125.064 millones que estimó Montero en el proyecto de Presupuestos para 2019 pactado con Unidas Podemos para el año pasado y que no llegó a ver la luz por falta de respaldo parlamentario.
Muchas de las medidas contenidas en aquel proyecto como las mejoras de las becas o las ayudas a la dependencia, no pudieron salir adelante al tumbar el Congreso aquellos PGE. Los datos revelados este martes por la ministra de Hacienda delatan que la prórroga presupuestaria de 2019 fue una bendición para la lucha contra el déficit público y permitió al Gobierno ahorrar 2.165 millones de euros.
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