Hace dos meses el Gobierno aprobó un plan de ahorro y eficiencia y energética en la administración general del Estado (AGE). El objetivo era contribuir a un consumo de energía desde el sector público. Entre las medidas, se incluía el control de las temperaturas de los aparatos de aire acondicionado y de calefacción, un horario de apagado para los exteriores de los edificios públicos y también el despliegue masivo de instalaciones fotovoltaicas. Además, Función Pública abría la puerta al trabajo a distancia para conseguir un abaratamiento de la factura eléctrica de la administración. Sin embargo, dos meses después, este plan está prácticamente en el mismo punto.
Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública señalan que cada departamento tiene que fijar las condiciones y requisitos para establecer qué puestos pueden acogerse al trabajo a distancia. En el plan de ahorro, se ofrecía la posibilidad de trabajar desde fuera de la oficina hasta tres días por semana. No obstante, según necesidades de la producción, el teletrabajo podría reducirse a dos días por semana. Por otra parte, el requisito de antigüedad de un año para acogerse a esta modalidad no se tenía en cuenta si se tienen los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad profesional.
Esta opción de trabajo a distancia se consideraba como una opción temporal hasta que el acuerdo que los sindicatos firmaron en abril de 2021 con el anterior titular de Función Pública, Miquel Iceta, esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en forma de Real Decreto. Este asunto se ha ido retrasando y la nueva fecha en el calendario es octubre, según trasladan fuentes de la negociación. Sin embargo, las mismas fuentes señalan que la administración ha priorizado la negociación de la ley de Función Pública frente a esta cuestión. Desde el Ministerio de Hacienda subrayan que el Real Decreto "está muy cerca", aunque no confirman una fecha para su publicación.
Universidades toma la delantera
En cualquier caso, la adaptación temporal del acuerdo de trabajo a distancia ha quedado en manos de cada ministerio y, por tanto, avanza al ritmo que marca cada cartera. Desde Función Público avanzan que es el Ministerio de Universidades el que ha tomado la delantera, pero fuentes del departamento que dirige Joan Subirats descartan que esté ya "confirmado". Emilio Murcia, coordinador de CCOO en el Ministerio, da por hecho el acuerdo, aunque todavía no se ha ratificado. "Es un acuerdo exitoso en el ámbito de la administración pública", apunta a este periódico. Murcia explica que haber comenzado a trabajar en la implantación del teletrabajo incluso antes de que se haya aprobado el Real Decreto ha facilitado acordar las condiciones del trabajo a distancia.
Así, en las próximas semanas los funcionarios del Ministerio de Universidades podrían ser los primeros en acceder a esta opción de trabajo a distancia. Cabe recordar que la cartera de Universidades se creó en enero de 2020, al separarse del Ministerio de Ciencia e Innovación. En este sentido, se trata de un departamento que comenzó a trabajar de forma autónoma solo dos meses antes de que se iniciase el confinamiento y, por ende, el trabajo a distancia. En cambio, los empleados públicos de las universidades españolas deberán fijar su propia modalidad, porque como recuerdan desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública: "cada centro es autónomo en este sentido".
Según el borrador al que ha tenido acceso La Información, los funcionarios dependientes del Ministerio de Universidades que quieran trabajar a distancia deberán rellenar una solicitud y remitirla al departamento correspondiente. Además, aunque Función Pública descartó la compra de equipos para los funcionarios que teletrabajen hasta 2024, Universidades garantiza que siempre que haya disponibilidad presupuestaria se garantizará un ordenador portátil a cada trabajador, el mismo que usaría en su puesto de trabajo presencial.
En el mismo documento, todavía provisional, se recoge que solo se requerirán dos meses de experiencia en la unidad de destino para poder acceder a esta opción. El trabajo a distancia no podrá representar más del 40% de la jornada y el empleado deberá garantizar por escrito que cuenta con el espacio adecuado para desarrollar su actividad, cumpliendo con las condiciones de prevención de riesgos laborales.
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