Los empresarios se arriesgan a multas de más de 6.000 euros por no formalizar los acuerdos para el teletrabajo alcanzados con sus empleados una vez entre en vigor la nueva regulación. Así lo establece el último borrador del anteproyecto de Ley del trabajo a distancia elaborado por el Ministerio de Trabajo que debaten este martes los agentes sociales. El texto que está sobre la mesa, al que ha tenido acceso La Información, fija que no formalizar estos acuerdos "en los términos y con los requisitos legal y convencionalmente previstos" será considerado como una infracción grave y, en consecuencia, supondrá sanciones de hasta 6.250 euros.
En concreto, el borrador modifica el apartado 1 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que recoge las infracciones consideradas graves, entre ellas "no formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora" y añade: "o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los términos y con los requisitos legal y convencionalmente previstos". Estas infracciones, según la misma Ley, implican sanciones de 626 a 1.250 euros en su grado mínimo, de 1.251 a 3.125 euros en su grado medio y de 3.126 a 6.250 euros en su grado máximo.
Se trata de una modificación que ya se incluía en borradores anteriores, pero que ha pasado desapercibida y no es menor. El departamento que dirige Yolanda Díaz determina que el trabajo a distancia, además de ser voluntario y reversible, requiere de la firma de un acuerdo, que puede formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, pero que en cualquier caso debe realizarse por escrito y formalizarse. La empresa debe entregar una copia del mismo a la representación legal de los trabajadores en un plazo no superior a diez días desde su formalización y, posteriormente, remitirla a la oficina de empleo, también cuando no exista representación sindical.
El acuerdo formal debe contener obligatoriamente un inventario de los medios que exige el desarrollo del trabajo a distancia y su vida útil, una enumeración de los gastos en los que pudiera incurrir el trabajador y la compensación de los mismos por parte de la empresa, el horario de trabajo, la distribución entre trabajo presencial y a distancia y el lugar de trabajo en cada caso, los plazos de preaviso para la reversibilidad del acuerdo, los medios de control empresarial de la actividad, los procedimientos en caso de dificultades técnicas, las cuestiones relativas a la protección de datos y la duración de la prestación de servicios a distancia.
Esos son, a grandes rasgos, los contenidos mínimos de los acuerdos que las compañías deberán formalizar a posteriori para evitar las sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se trata de uno de los puntos que fija el borrador y que no ha sido objeto de discusión en el diálogo social. No obstante, a la reunión de este martes los interlocutores sí acuden con reticencias en otros aspectos. Los sindicatos critican que el texto deja fuera al personal laboral de las Administraciones Públicas, que se regirá en por su normativa específica, y la patronal cuestiona que el porcentaje de la jornada desempeñada a distancia a partir del cual se considera que un empleado es teletrabajador, situado en el 20%, es muy reducido.
Fuentes del diálogo social avanzan, sin embargo, que "hay predisposición al acuerdo". El último borrador también incluye una novedad que busca lograr un mayor apoyo de la CEOE y que consiste en otorgar más poder a las empresas para controlar y vigilar que los trabajadores a distancia cumplen con sus tareas, pero respetando su "dignidad" y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad para cumplir con sus obligaciones y deberes. Otra de las cuestiones que no termina de convencer a los empresarios es la asunción de los costes, un punto en el que el Ministerio de Trabajo no está dispuesto a ceder. "El teletrabajo no puede salir gratis a la empresas", sentenciaba Díaz recientemente, si bien el último borrador ya no contempla que la empresa asuma "todos los gastos directos e indirectos", aunque sí obliga al abono y compensación de todos los "gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral".
La 'cumbre de Mallorca'
Los agentes sociales retoman las negociaciones del teletrabajo este martes con la vista puesta en el viernes, cuando tendrá lugar la 'cumbre de Mallorca'. El Gobierno ha citado a los líderes de las patronales y los sindicatos en el epicentro del golpe que ha asestado la crisis del coronavirus al turismo patrio. En la isla balear, un escenario escogido a conciencia para mostrar el respaldo de las instituciones al sector turístico, se abordará la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque no está previsto que se llegue a un acuerdo el mismo viernes sino que se continúe hablando en las próximas semanas para definir en qué sectores, hasta cuándo y en qué condiciones se mantienen los ERTE.
Y no solo eso. En paralelo, los sindicatos exigen a Díaz que clarifique las soluciones que el Gobierno va a dar a los padres que no puedan acudir a sus puestos de trabajo por tener que cuidar de sus hijos en caso de brotes de Covid-19 en los colegios. Consideran que ni la reducción de jornada ni la baja laboral son una opción porque implican pérdida de salario y demandan una prestación específica, una especie de "subsidio de conciliación". Además, la ministra tiene pendiente concretar su iniciativa para aprobar una ayuda de 430 euros a más de medio millón de parados que han agotado sus prestaciones durante la pandemia. Fuentes de Trabajo aseguran que la medida "se está ultimando" y en breve se tratará con los agentes sociales.
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