Las empresas han dejado de apostar decididamente por el trabajo a distancia, pese a que la pandemia no ha desaparecido y la recomendación del Gobierno de "fomentar al máximo" esta modalidad para contener la propagación del virus continúa vigente en estos momentos. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) el 10,3% de los ocupados (1.975.100 personas) trabajaron desde su propio domicilio durante el tercer trimestre, frente a los 3.015.200 (el 16,2%) que lo hicieron en el trimestre anterior. Aunque la proporción de teletrabajadores sigue doblando de largo el promedio de 2019 (4,8%), la reducción de esta tasa en los últimos meses refleja la tendencia de los empresarios a recuperar la actividad presencial en las oficinas, a pesar de que la crisis sanitaria se ha seguido agravando.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha venido adaptando la EPA al actual contexto de pandemia y, para obtener una imagen lo más fiel posible sobre el impacto de la crisis en el mercado laboral, incluye ahora en sus cuestionarios preguntas sobre materias como el trabajo desde el domicilio, una práctica poco generalizada hace apenas un año, pero que se extendió en el tejido productivo durante los primeros meses de la emergencia sanitaria para contener los contagios, limitando la movilidad de los trabajadores. Ahora, sin embargo, los datos reflejan que, a pesar de que el virus se vuelve a extender a gran velocidad desde que se iniciase la segunda oleada de rebrotes en el mes de agosto, los empresarios han optado por reincorporar a sus plantillas a los centros de trabajo. Una decisión que, por otro lado, podría estar influyendo directamente sobre las tasas de incidencia de la Covid.
Aunque no se dispone de datos concretos que identifiquen a los centros de trabajo como focos de contagio masivo, independientemente del origen de la enfermedad, lo que resulta irrefutable es que la población ocupada se expone con una mayor intensidad al virus si tiene que realizar su trabajo fuera del domicilio. Los propios datos de la Seguridad Social reflejaban una acumulación de 1.645.000 bajas por incapacidad temporal derivadas del coronavirus a 28 de septiembre (última actualización disponible), frente a los 748.266 contagios contabilizados por el Ministerio de Sanidad hasta esa fecha. Estas bajas han ido evolucionando al compás de la propia pandemia, de manera que empezaron a remitir a finales de mayo y durante los meses de junio y julio, coincidiendo con el proceso de 'desescalada', pero se dispararon a mediados de agosto con la segunda oleada de contagios.
Desde el Ministerio de Trabajo recuerdan que la recomendación de teletrabajar continúa vigente en estos momentos. Aunque el nuevo decreto de estado de alarma no haga referencia alguna a este aspecto y el mundo jurídico haya entendido que el carácter preferente del teletrabajo caducó el pasado 21 de septiembre, tres meses después de que se levantara el anterior estado de alarma, fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz matizan que esta consideración se incluye en la 'Guía de actuaciones de respuesta coordinada' en la que se basa el estado de alarma actual. Efectivamente, en ese documento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, actualizado por última vez a 22 de octubre, se recomienda en todos los niveles de alerta "fomentar al máximo el teletrabajo".
La guía a la que remiten desde Trabajo recoge varias cuestiones en materia laboral. La primera, válida para los tres niveles de alerta que se contemplan en función de la situación epidemiológica, es esa recomendación general de "fomentar al máximo el teletrabajo". También establece que las reuniones en espacios comunes de los lugares de trabajo se deben regir por las indicaciones sanitarias vigentes en cada momento y que las empresas deben "favorecer turnos escalonados en trabajos que requieren actividad presencial". Más allá, en el denominado "nivel de alerta 3"(transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario) se pide "acudir al trabajo de manera excepcional, para actividades o reuniones precisas siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento físico e higiene y prevención".
En el ámbito jurídico, no obstante, la cuestión no está clara. Prueba de ello es el lío que se formó este mismo martes en el seno del Govern catalán a cuenta de la obligatoriedad del teletrabajo. El conseller de Treball, Chakir El Homrani, levantaba la polémica al asegurar que el teletrabajo es obligatorio e insinuar que las empresas que no permitieran a sus plantillas trabajar desde casa podrían exponerse a sanciones. Su homólogo de Empresa, Ramon Tremosa, lo defendía como "recomendable" y la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, se veía obligada a aclarar después que "la Generalitat no tiene competencias para imponer el teletrabajo". "No es una obligación laboral, pero es un deber de las empresas priorizarlo y promoverlo", advertía Budó, para en paralelo pedir al Estado las competencias para poder controlar esta materia.
Lo cierto es que los gobiernos, ya sea el central o los autonómicos, pueden promover medidas organizativas en las empresas para reducir la movilidad y contener el virus, como priorizar el trabajo a distancia, pero en ningún caso pueden sancionar a las compañías por no implantar el teletrabajo. No obstante, hay que recordar que recientemente un juez de Vigo ha reconocido la prioridad del teletrabajo durante el tiempo que dure la pandemia. Como se explicó en estas páginas, aunque la sentencia no sienta jurisprudencia, fuentes jurídicas vaticinan que no será la única en este sentido, especialmente ante la negativa que están mostrando algunas compañías a cumplir con la nueva ley que regula el trabajo a distancia y que obliga a los empresarios a costear los gastos en los que incurran los teletrabajadores.
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