Texto definitivo del Real Decreto Ley

La nueva ley no aplicará al teletrabajo en pandemia y abarata el coste empresarial

El Ministerio de Trabajo cede a dos de las principales exigencias de CEOE para alcanzar un preacuerdo que deben ratificar las organizaciones patronales y sindicales para su aprobación en el Consejo de Ministros.

Yolanda Díaz y Antonio Garamendi
La nueva ley no aplicará al teletrabajo en pandemia y abarata el coste empresarial
EP

"Negociar es ceder". Con esta afirmación, fuentes del diálogo social resumen las largas horas de conversaciones mantenidas con el Ministerio de Trabajo para alcanzar un preacuerdo -esto es, un principio de acuerdo previo a la ratificación de los órganos de gobierno de las organizaciones empresariales y sindicales- sobre la regulación del trabajo a distancia. Todos se han movido desde su postura inicial, pero el último giro del Gobierno ha sido clave para que los negociadores de la CEOE den su visto bueno al texto definitivo: la nueva ley no aplicará al teletrabajo implantado excepcionalmente por la pandemia y, aunque en esos casos la empresa deberá dotar a los trabajadores de los medios y equipos necesarios, será en la negociación colectiva donde se establezca la fórmula para compensar los gastos en los que se incurra.

Junto con la asunción de los costes del teletrabajo en un momento de crisis económica como el actual, la regulación de las condiciones del denominado "trabajo a distancia" en circunstancias extraordinarias como la de la emergencia sanitaria eran los puntos más conflictivos para la organización que preside Antonio Garamendi. Finalmente, los empresarios han conseguido que el departamento de Yolanda Díaz suavice considerablemente ambas cuestiones: primero, al dejar a la negociación bilateral entre empresa y trabajador la compensación de los gastos y segundo, al fijar que al teletrabajo implantado de manera excepcional con motivo de la Covid-19 le siga resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria.

Según ha podido saber La Información, así figura en el texto final que debaten esta mañana los órganos de gobierno de la patronal y los sindicatos y que pretende tomar forma de real decreto ley en el Consejo de Ministros de este martes para su entrada en vigor dentro de tres semanas. Fuentes oficiales de la CEOE admitían ayer al término de la reunión tripartita que se habían "superado los obstáculos" que distanciaban al empresariado del posicionamiento del Ministerio de Trabajo y se remitían al cónclave del Comité Ejecutivo. Pero en privado miembros de la organización empresarial rompían el silencio para explicar que es en estos dos aspectos en los que Díaz ha cedido, propiciando el acercamiento de posturas.

Hay que recordar que en un borrador anterior el equipo de Díaz ya incluyó una disposición adicional que eximía de la obligación de formalizar los acuerdos del teletrabajo (en los que se deben especificar cuestiones como por ejemplo los horarios o los gastos en los que pueda incurrir el trabajador) a las empresas que hubieran optado por esta modalidad con motivo de la pandemia. Sin embargo, aquel texto generaba confusión jurídica al poderse entender que no formalizar el mencionado acuerdo implicaría no abonar los costes al trabajador. Ahora en el documento definitivo queda claro que la nueva ley no aplicará a estas situaciones excepcionales y que, aunque los empresarios deberán dotar a los trabajadores de los medios necesarios para desarrollar su actividad, en todo caso la forma de compensación de los gastos se establecerá en la negociación colectiva.

Estos dos matices habrían sido suficientes para que la CEOE dé el visto bueno al texto definitivo que, si nada lo impide a última hora, verá la luz este martes en el Consejo de Ministros. Pero no son las únicas cesiones que han arrancado los empresarios a la ministra Díaz. La patronal también consiguió un incremento de la jornada mínima desempeñada fuera del centro de trabajo exigida para que se considere teletrabajo. En el texto final figura un 30%, en lugar del 20% inicial, es decir, que se considerará teletrabajador -y, por tanto, le aplicará la nueva ley- a todo aquel que trabaje a distancia un día y medio a la semana. La patronal está satisfecha con este nuevo porcentaje porque evita la aplicación de la nueva regulación y todo lo que conlleva (asunción de los gastos por parte de la empresa, flexibilidad de horario, promoción y formación, desconexión digital...) a aquellas plantillas que teletrabajen tan solo un día a la semana, por ejemplo los viernes, una práctica generalizada en muchas compañías como medida de flexibilidad.

Además del porcentaje de jornada, otros puntos centrales de la nueva normativa pasan porque el teletrabajo no podrá ser impuesto de forma unilateral ni por el empleado ni por el empleador, sino que deberá ser fruto de un acuerdo entre ambos y además será reversible. Requerirá también que las partes firmen el citado acuerdo y no supondrá perjuicio en las condiciones laborales del empleado que lo practique. De este modo se garantizará que los empleados que presenten sus servicios a distancia tengan los mismos derechos y no puedan sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

Por otro lado, la empresa podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de los trabajadores de todas sus obligaciones y deberes laborales, pero con la debida consideración a su dignidad, tal y como establece el texto final. Y por último, la ley tendrá un periodo transitorio de un año -que podría ser ampliado en negociación colectiva hasta un máximo de tres años- para la aplicación de la norma a las relaciones laborales que ya estuvieran reguladas por un acuerdo o convenio colectivo y que no prevean un periodo de vigencia.

La norma supone un cambio en la definición de teletrabajo que estipula el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, garantizando tanto el derecho voluntario del trabajador a teletrabajar como su derecho a volver, si así lo quisiera, a realizar su trabajo de forma presencial. Así lo destacó ayer el secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, para quien se trata de una norma necesaria que no solo va a regular el teletrabajo ahora durante la pandemia, sino que constituye una norma de futuro que ofrece con garantías para las personas trabajadoras. "Hemos logrado acordar una de las legislaciones más completas de Europa en esta materia", celebraba, apostando por "una regulación del teletrabajo digno, con derechos y que evitara los abusos y defendiera los derechos de los trabajadores".

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