La Administración del Estado operó hasta hace poco menos de un mes con un mayor volumen de personal trabajando desde sus domicilios que en las oficinas. Más de 110.000 funcionarios del Estado llegaron a trabajar desde sus casas a principios de mayo, en muchos casos con sus propios equipos y 'tirando' de la conexión a internet que contrataron para su uso particular. En estas condiciones, el personal público ha tramitado millones de prestaciones, practicado millones de deducciones, gestionado similar cifra de aplazamientos y sacado adelante cientos de miles de ERTE. De repente y a la fuerza, el teletrabajo se ha convertido, no sin problemas, en la principal herramienta de gestión de Recursos Humanos en la Administración Pública- al igual que en el sector privado - y muchos se han dado cuenta de que el desempeño puede ser tanto o más productivo trabajando desde casa que cumpliendo un horario en la oficina.
Los cuerpos superiores de la Administración, la 'cantera de funcionarios de élite' de la que se nutre la escala directiva de la Función Pública, valora la experiencia como un éxito y estos días ultima un documento de propuestas, al que ha tenido acceso La Información, cuyo objetivo es aprovechar la coyuntura para revisar de arriba abajo la gestión de los recursos humanos en el sector público y abolir de forma definitiva la cultura del 'presencialismo'.
"El teletrabajo ha llegado para quedarse", subraya el informe, al que la Comisión de Igualdad de Fedeca aún le está dando los últimos retoques, pero la organización entiende que hay que superar el enfoque tradicional de que se trata de una medida para ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral y configurarlo como "un nuevo modelo de organización de los recursos humanos, con múltiples aspectos positivos para las organizaciones públicas y su personal". En concreto, los cuerpos superiores de la Administración ven el auge accidental del teletrabajo como consecuencia de la Covid-19 como una oportunidad para introducir cambios estructurales en la Administración, acabar con esa inercia presencial en virtud de la cual si no se está en la oficina no se está trabajando y avanzar hacia un modelo de trabajo por objetivos, "no por horas", y retribución según el desempeño, por el que llevan años peleando.
La idea de fondo es implantar un modelo de gestión del capital humano basado más en la productividad por objetivos "y menos en la presencia física en el centro de trabajo". Los datos que maneja la federación que aglutina a los asociaciones de cuerpos superiores de la Administración del Estado - entre las que están los inspectores de Hacienda, los técnicos comerciales del Estado o los abogados del Estado, entre otras muchas - apuntan a que el personal en teletrabajo presenta perfiles de productividad más altos, rebaja la estructura de costes de su puesto para la Administración y además está más satisfecho con su dinámica laboral, ya que le permite organizarse con mayor flexibilidad y acoplar sus compromisos familiares y laborales, lo que, asegura Fedeca, convierte el teletrabajo en una herramienta de retención del talento para la Administración.
Fedeca ve más ventajas, como por ejemplo que al no medir el rendimiento por las horas que se permanece en el puesto de trabajo sino por la eficacia a la hora de cumplir con las tareas asignadas facilita la transición hacia lo que la organización lleva solicitando desde hace tiempo: un esquema de retribución modulado en función del rendimiento, ya que "permite evidenciar qué personas son más o menos productivas en las organizaciones". Los altos funcionarios han decidido tomar la iniciativa en la defensa de esta modernización de la Función Pública porque consideran que por el espacio que ocupan en la Administración, ya sea como directivos públicos o como responsables de pequeñas unidades, deben convertirse en la punta de lanza en la implantación del teletrabajo y en la transición hacia un modelo más moderno de Función Pública.
Derecho a desconexión y cautela para no discriminar
Todo debe empezar por cambiar la ley. La extensión del teletrabajo a todos los rincones de la Administración ha cogido una vez más a las autoridades sin un marco legal que lo regule. Gobierno y sindicatos han abierto una negociación que debe conducir a una regulación que evite los episodios vividos en los últimos meses de jornadas interminables, funcionarios con funciones esenciales de brazos cruzados por la incapacidad de los servidores para soportar tantas conexiones externas y empleados trabajando desde sus equipos y con sus conexiones a Internet por la falta de recursos de la Administración.
El informe de Fedeca advierte que la futura regulación deberá dar respuesta a desafíos como el reparto de los costes derivados del trabajo en el domicilio particular, la retribución en función a objetivos y no a horas de trabajo, los diferentes riesgos laborales de trabajar en casa, la capacitación tecnológica de la plantilla pública y el crítico derecho a la desconexión. La información que maneja la organización indica que los empleados públicos en teletrabajo declararon trabajar dos horas más que en la modalidad presencial de media.
Otro factor preocupa, y mucho, a los altos funcionarios del Estado y es el asunto de la igualdad. Por eso ponen tanto el acento en que se regule como una herramienta de gestión de recursos humanos y no como un instrumento al servicio de la conciliación de la vida familiar y laboral. La federación ha detectado que en las unidades dónde más se ha desarrollado el teletrabajo han sido fundamentalmente las mujeres las que se han acogido al mismo y entienden que una regulación mal enfocada puede ayudar a perpetuar determinados roles, como el de que tenga que ser la mujer la que concilie prioritariamente la vida familiar y la laboral. "La concepción de esta modalidad como una opción para la conciliación puede derivar en una brecha de género", advierten.
