Los peores augurios se ciernen sobre el mercado laboral. Tras el primer envite de la crisis del coronavirus, amortiguado en gran medida por el recurso en masa de las empresas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), los tambores de los despidos empiezan a resonar con fuerza. Cada vez más voces advierten de que después del verano, tras el agotamiento del escudo de flexibilidad desplegado por el Gobierno para paliar el impacto económico de esta crisis sanitaria, los ERTE se transformarán en ERE. Y ante esta amenaza, los sindicatos han empezado a moverse para reclamar a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que reactive cuanto antes la mesa de diálogo social para derogar la reforma laboral del PP, que a su juicio, otorga a los empresarios total libertad para ejecutar indeseados recortes de plantillas.
"En octubre nos vamos a encontrar con una situación muy compleja que puede desencadenar un otoño descontrolado de ERE masivos si no se recupera la autorización administrativa previa que eliminó la reforma laboral de 2012". Esta advertencia, lanzada por el secretario general de UGT, Gonzalo Pino, no hace más que constatar lo que vienen reflejando algunas encuestas. La última, del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, advierte de que si no se adoptan nuevas medidas, 52.000 empresas acogidas a un ERTE lo convertirán en un ERE antes de finalizar el año, lo que supondrá la pérdida de otros 300.000 puestos de trabajo.
De momento, el Gobierno, previo acuerdo con los agentes sociales, ha prorrogado las condiciones favorables para los ERTE, incluidas las exenciones parciales en las cotizaciones a la Seguridad Social, hasta el 30 de septiembre. No obstante, el Real Decreto Ley publicado en el BOE el pasado sábado deja la puerta abierta a que determinadas medidas puedan extenderse hasta finales de año, siempre que así lo considere necesario la comisión de seguimiento tripartita laboral, que durante los próximos meses tiene la misión de valorar "la evolución de la actividad económica y el empleo, así como el análisis de las eventuales medidas futuras para la protección del empleo y del tejido productivo".
Pero por ahora, los ERTE caducan el 30 de septiembre y de no fructificar las negociaciones en el diálogo social la amenaza de un 'otoño caliente' de despidos colectivos empieza a cobrar cada vez más fuerza. Por eso, los sindicatos ya han trasladado al Ministerio de Trabajo la necesidad de retomar cuanto antes las conversaciones para derogar los "aspectos más lesivos" de la legislación laboral vigente. Aunque oficialmente Yolanda Díaz no ha establecido una agenda para reanudar las reuniones que quedaron paralizadas por la pandemia, fuentes de Unidas Podemos insisten en que esta es una de las medidas del programa del Gobierno de coalición y en todo momento ambos socios han mantenido su intención de llevarla a cabo.
Desde la formación morada enmarcan esta estrategia de acelerar las conversaciones para la derogación de la reforma del PP en el pacto alcanzado con Bildu en pleno estado de alarma para la liquidación "íntegra" de esa ley. El polémico documento, que inmediatamente intentó corregir el Ejecutivo con algunos matices de forma, establecía que la derogación "deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19". Este marco temporal situaría el límite para llevar a cabo los cambios legislativos oportunos a finales del verano, coincidiendo con el plazo exigido por los sindicatos para tratar de evitar los ERE de otoño.
En la patronal, el ambiente es otro. Si algo dejó claro la megacumbre empresarial celebrada en la sede de la CEOE y promovida por su presidente Antonio Garamendi es que los empresarios no están por la labor de embarcarse en negociaciones para derogar la reforma laboral en estos momentos. El decálogo de conclusiones que salió del foro y que se va a presentar a instituciones y organismos económicos, nacionales e internacionales, implicados en el diagnóstico de situación de cara la recuperación económica, incluido el Gobierno de Pedro Sánchez, parte de la necesidad de mantener intacta la reforma laboral y, en general, propiciar un marco regulativo flexible que genere confianza y seguridad jurídica.
Pero en la agenda sindical están marcados en rojo varios aspectos de la reforma laboral que deben ser modificados con urgencia, como la prevalencia del convenio de empresa o la creación de comisiones 'ad hoc' que hacen negociables casi todas las condiciones laborales. No obstante, la situación provocada por la pandemia del coronavirus ha modificado algunas de las prioridades de los sindicatos. Desde UGT, Pino insiste en que "en estos momentos las empresas tienen una autoridad total para imponer las condiciones del despido y esto hay que cambiarlo". En este sentido, ve "importantísimo recuperar el control de la administración en los ERE, porque no puede ser que sean las empresas las que dictaminen".
Recortes salariales
Recientemente, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, advertía de que "junto con los despidos, el otro gran riesgo es la caída de los salarios en gran parte del tejido productivo". En rueda de prensa conjunta con el líder de UGT, Pepe Álvarez, ambas centrales sindicales instaban al Gobierno a hacer una modificación exprés de la reforma laboral para impedir la devaluación salarial generalizada que se espera para la segunda mitad del año. A juicio de los sindicatos, a raíz de la legislación implantada por el PP, los empresarios tienen demasiadas herramientas para bajar los sueldos y urge modificarlas para impedirles optar por esta vía ante la falta de liquidez y los problemas de solvencia que, con toda seguridad, van a encarar en el segundo semestre.
Se trata de elementos como los descuelgues de los convenios o las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, aspectos que introdujo la reforma de 2012. Si bien en el documento elaborado por CCOO Y UGT las organizaciones sindicales modifican sensiblemente el tono en lo que se refiere a la legislación del 'popular' y en lugar de hablar de derogación total de la norma pasan a instar a "derogar de la actual legislación laboral aquellos aspectos que presionan a la baja las condiciones de trabajo y los salarios; estructurar de forma racional el conjunto de medidas de ajuste, desde el despido colectivo hasta la modificación sustancial; racionalizar las jornadas de trabajo y ofrecer mayores posibilidades de conciliación; e impedir y perseguir la discriminación y el fraude laboral".
Instituciones tan prestigiosas como el Banco de España insisten en pedir una nueva reforma del mercado del mercado de trabajo. En su último informe, el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos aboga por mantener el apoyo al tejido producitvo, con mecanismos como los ERTE y el plan de avales públicos, para paliar los efectos inmediatos de esta crisis. Pero una vez que pase la tormenta, el supervisor demanda un plan de consolidación fiscal a largo plazo y la puesta en marcha de una serie de cambios estructurales en el terreno laboral para reducir la elevada dualidad existente entre fijos y temporales, simplificando las modalidades de contratación, defendiendo las ventajas de la indemnización creciente por despido del 'contrato único' y desarrollando la denominada "mochila austriaca". Todo ello, para dinamizar el mercado de trabajo y fomentar los cambios de empresa.
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