Apenas 48 horas después de que el Gobierno de Pedro Sánchez presentara por todo lo alto una de sus grandes apuestas políticas de futuro, el Plan de Energía y Clima al que atribuye la capacidad de generar 300.000 puestos de trabajo, de movilizar 200.000 millones de euros en nuevas inversiones y de aportar hasta 2,5 puntos extra el PIB de aquí a 2030 a golpe de descarbonización de la economía, nuevas infraestructuras de energías renovables e impulso a las nuevas formas de movilidad sostenible, la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave para el periodo 2019-2023 ha venido a poner sobre la mesa el reverso oscuro de esta apuesta verde.
El Consejo de Seguridad Nacional, encargado de diseñar esta estrategia y en el que se sientan todos los organismos con alguna competencia en la defensa de los intereses de España, ha incluido el sector energético y de las energías renovables dentro de los ámbitos emergentes de riesgo donde se han detectado operaciones de blanqueo de capitales, junto a otros como el dinero electrónico (e-money), las criptomonedas, el juego online, las apuestas ilegales o las actividades de big data o la nube.
El fuerte volumen de recursos canalizados hacia la inversión en energías renovables parece haber atraído también a redes criminales - del mismo modo que ocurriera con el sector inmobiliario a principios de siglo - que empiezan a ver ese ámbito como un posible canal para blanquear capitales procedentes de actividad ilícitas.
La Estrategia recién aprobada por Presidencia del Gobierno contra el crimen organizado plantea "incrementar el seguimiento y el control" en esos ámbitos en orden a detectar e impedir eventuales maniobras de blanqueo de capitales. La decisión supone desplazar el foco desde otros sectores tradicionales que históricamente se han vinculado al blanqueo de capitales, como el inmobiliario, y que en esta nueva estrategia gubernamental ni siquiera se mencionan en ese capítulo.
Situar en la diana al sector energético y de las energías renovables puede tener consecuencias relevantes sobre los operadores que actúan en ese segmento de actividad. Una de las acciones que se plantean en la Estrategia Nacional es "mejorar la implicación de las instituciones públicas y privadas" para permitir un intercambio rápido de información para disminuir las opciones de utilización criminal de estos esquemas.
Plan para conocer el tamaño de la economía ilegal en España
La nueva Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave parte de la asunción de que las actividades ilegales mueven en España un volumen de actividad de unos 10.500 millones de euros y que restan 0,87 puntos al PIB nacional, tal y como estima el Instituto Nacional de Estadística a partir de la estimación del peso económico de la prostitución y el tráfico de drogas.
El Gobierno, no obstante, quiere tener un diagnóstico más completo y fiable sobre el volumen de la economía irregular en España y en el periodo de vigencia de esta estrategia (2019-2023) pretende aglutinar la información recibida de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, el Sepblac, el Registro de la Propiedad, el Registro Mercantil, el Registro de Bienes Inmuebles y también las Administraciones Territoriales para aproximar "el impacto económico que esta actividad supone para la sociedad".
Otro de los vectores de actuación en orden a atacar el blanqueo de capitales será avanzar en el conocimiento de nuevas realidades como las criptomonedas para identificar eventuales mecanismos que se utilicen para blanquear capitales y también para abordar una regulación normativa que dote de transparencia la operación con este clase de 'criptoactivos'.
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