Formado por 398 carreteras

Un tesoro de asfalto: Fomento valora en 100.000 millones la red viaria del Estado

Un informe realizado por el Ministerio y la Universidad Politécnica de Madrid eleva a 107.006 millones de euros el valor patrimonial de la Red de Carreteras del Estado, un 50% más que la última estimación.

El último informe de Fomento ha elevado en un 40% el valor de la red de carreteras del Estado
El último informe de Fomento ha elevado en un 50% el valor de la red de carreteras del Estado
EFE

Tráfico calcula que este fin de semana - tradicionalmente, uno de los más bulliciosos del año - se registrarán alrededor de 6,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. La cifra es inferior a la de un año normal por motivos obvios pero refleja el auge que en las últimas décadas han adquirido los desplazamientos por carretera como consecuencia de las impresionantes mejoras operadas en la red viaria de 30 años a esta parte y que han convertido la red española de carreteras en una de las más admiradas y envidiadas de Europa. El Tribunal de Cuentas llevaba años advirtiendo a los sucesivos gobiernos de que ese patrimonio debía ponerse en valor e incorporarse como inmovilizado inmaterial a las cuentas del Estado, ya que formaba parte de su patrimonio. 

El llamamiento ha sido por fin atendido por el Gobierno y gracias al impulso del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Hacienda se ha abordado una actualización del valor patrimonial de la red de carreteras del Estado con el apoyo técnico del Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid. El informe ha tasado (o, en su caso, ha vuelto a tasar) tanto las infraestructuras existentes antes del 1 de enero de 2011, que habían sido dadas de baja en virtud del Plan General de Contabilidad vigente entonces, como aquellas desarrolladas con posterioridad a esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2018 y ha calculado en 107.006 millones de euros el valor patrimonial agregado de las carreteras de la red viaria del Estado.

Hablamos de una red que, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento, está formada por 398 carreteras, con un longitud total de 26.466,34 kilómetros y por la que diariamente transitan más de 13.000 vehículos. Según esa misma información, el entramado se divide en 14.431 kilómetros de carreteras convencionales, 487 de carreteras multicarril y 11.546 de autovías y autopistas. Para hacerse una idea del valor de la misma, Fomento estima que cada kilómetro de autovía cuesta cerca de ocho millones de euros y cada kilómetro de carretera convencional, unos cuatro.

Coste de reposición y flujos de efectivo

¿Qué criterios se han seguido para estimar el valor patrimonial de la Red de Carreteras del Estado? Según un informe del Tribunal de Cuentas, la metodología que se ha utilizado es calcular para la red convencional el coste que tendría la reposición de las infraestructuras actualmente existentes, corregido por la depreciación que hayan sufrido por el uso, mientras que en el caso de las carreteras de peaje se ha estimado el flujo de efectivo esperado por el pago de las tarifas asociadas a su uso.

Bajo esos parámetros la actualización ha elevado en más de un 50% la valoración de referencia que se venía manejando en los últimos años y que situaba el valor patrimonial de las red de carreteras del Estado en unos 70.000 millones de euros y la del conjunto de la red viaria nacional ligeramente por debajo de los 170.000 millones de euros. La importancia de esa brecha no es menor, ya que ese valor patrimonial atribuido es la referencia que se sigue por ejemplo para estimar a efectos presupuestarios las necesidades de mantenimiento y conservación de la red viaria que se estiman por consenso en alrededor del 2% de su valor patrimonial. 

Una referencia, por cierto, que se ha venido incumpliendo sistemáticamente a lo largo de los últimos años, en los que según la Asociación Española de la Carretera se ha generado un déficit de conservación cercano a los 8.000 millones de euros, que se ha traducido en una descapitalización de la red, que según los ingenieros de caminos supone el segundo patrimonio de mayor valor del país tras la masa forestal. Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 fueron los primeros en lustros en los que la partida destinada a conservación de carreteras (1.240 millones de euros) superó al destinado a la construcción de nuevas infraestructuras.

El debate del pago por uso

Han sido precisamente las dificultades de afrontar presupuestariamente los costes de mantenimiento de la red de carreteras las que han desencadenado uno de los debates del año: la posible implantación del pago por uso en la red viaria española. El Gobierno incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas una propuesta para implantar a partir del año 2024 un sistema para que los ciudadanos abonen un canon por circular por cualquiera de las carreteras de la red viaria como solución para sufragar los costes de mantenimiento de la red, en línea con una idea que se ha deslizado desde Bruselas en más de una ocasión.

El Gobierno incluyó el denominado 'sistema de pago por uso' en el capítulo del 'Plan de choque de movilidad sostenible, segurda y conectadas en entornos urganos y metropolitanos' agarrado al principio de que 'quien contamina paga' y con el argumento de que el mantenimiento de la red viaria tiene un coste anual de más de 8.000 millones de euros en tanto que los ingresos derivados de la utilización de la misma no alcanzan ni para financiar una mínima parte de este coste, lo que genera un déficit endémico que lastra la sostenibilidad de las cuentas públicas.

En el documento remitido a Bruselas, el Gobierno subraya que la aplicación de esta medida, que se aplicaría en principio en la red de carreteras estatal, pero que podría extenderse al resto de la red nacional (autonómica, provincial y local) no solo permitiría permitiría garantizar la conservación de la red viaria, sino que generaría " incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero", alineándose con dos de las políticas palanca que guían el plan español: la movilidad sostenible y la transición ecológica.

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