El Tesoro ya está en conversaciones con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para habilitar un segundo préstamo del Estado a la Seguridad Social para poder sufragar no sólo la factura de las pensiones sino también las medidas de cobertura a los trabajadores habilitadas por el Ejecutivo dentro del denominado 'escudo social' contra el coronavirus, cuyo coste supera los 20.000 millones de euros -según los datos oficiales del Gobierno - y que se ha cargado casi en exclusiva a las arcas del organismo encargado del pago de las pensiones públicas.
Según fuentes del Ministerio de Economía, las conversaciones para liberar esta financiación extra ya están en marcha y se afinarán en las próximas semanas para determinar qué parte de esa factura se sufraga con cargo al Tesoro, ya que según estas mismas fuentes el Gobierno se plantea que una parte de la misma se pague con una transferencia directa por parte del Estado como entre otros vienen exigiendo los agentes sociales casi desde el principio de la crisis. Hace poco más de un mes, el Gobierno ya utilizó el margen presupuestario de que disponía para estabilizar las cuentas de la Seguridad Social al activar el préstamo de 13.830 millones de euros que se prevé en los Presupuestos prorrogados y que normalmente se utilizaba para pagar la extra de junio de las pensiones. Este año, sin embargo, la irrupción de la Covid-19 ha obligado a emplearlo mucho antes para poder hacer frente a las necesidades de Tesorería generadas por la exoneración de cuotas a empresas y trabajadores cubiertos por los ERTE de fuerza mayor y al inventario de prestaciones dispuestas para dar cobertura a los trabajadores.
Los agentes sociales se han mostrado muy críticos con este modo de resolver las necesidades de liquidez de la Seguridad Social. Estiman que sobrecargan sin motivo la deuda financiera de la Seguridad Social con el Estado -que este año superará holgadamente los 70.000 millones de euros-, que ocultan la naturaleza real de los problemas de un sistema que soporta un importante volumen de gasto que no le corresponde y que diluye bajo un artificio contable la responsabilidad directa del Estado en la asunción de los 'costes impropios' de la Seguridad Social, al forzar a endeudarse al organismo y no asumir esa factura con transferencias del Estado. Según fuentes de Economía, esto va a cambiar, ya que el esquema en que se está trabajando prevé que una parte de esa factura extra se sufrague con ese nuevo préstamo del Tesoro, pero otra con una transferencia directa del Estado. CEOE y sindicatos estiman que el Estado debería asumir todo el coste de las medidas asociadas al Covid-19.
España necesitará este año a los mercados más que nunca
Economía señala esta financiación extra a la Seguridad Social como uno de los factores que disparará las necesidades de nueva financiación del Estado durante 2020. La Covid-19 ha disparado el gasto público y, por tanto, obligado al Gobierno de España -como al del resto de países del mundo- a modificar sus planes financieros para el ejercicio y el Tesoro Público no ha querido esperar más para comunicar a los mercados y a los inversores cuáles van a ser sus nuevas necesidades de financiación para el año tras el impacto del coronavirus. Al parecer, los mercados agradecen estas señales de transparencia porque aportan certidumbre y subrayan la credibilidad de los países.
El Tesoro ha anunciado este jueves que pedirá este año cerca de 100.000 millones de euros más de los previstos inicialmente a los inversores para poder financiar el coste de las medidas adoptadas para paliar el impacto del coronavirus. En otras palabras, el Gobierno va a empeñar el 10% del PIB español en tratar de salir de la crisis de la mejor forma posible. Para poner en perspectiva este esfuerzo se puede comentar que los 130.000 millones de euros que España solicitará a los mercados en forma de nuevas emisiones es un monto que supera los techos alcanzados en lo peor de la Gran Crisis de hace una década y que los 300.000 milones de euros que solicitará en total -sumando esas nuevas emisiones y las refinanciaciones de títulos ya emitidos previstas para este año- tampoco tiene precedentes.
La buena noticia es que este intensivo recurso al mercado no va a tener efectos presupuestarios relevantes este año, ya que como aclaran desde el Tesoro la cuenta de gastos financieros refleja más los títulos emitidos en el pasado que las nuevas emisiones que comienzan a devengar derechos para los inversores y gastos para el Estado con un cierto decalaje. De otro modo, este año el Tesoro espera que el coste de la deuda para el Presupuesto esté más o menos en línea con los 24.346 millones de euros del año pasado. Los inexorables efectos de este incremento sin precedentes de la deuda española en circulación empezarán a verse a partir del año que viene...
Con un ojo puesto en Europa
En la Vicepresidencia de Asuntos Económicos se confía en vadear esta situación excepcional sin grandes problemas. Admiten que el coronavirus va a disparar el déficit y que va a elevar la deuda pública hasta niveles sin precedentes (115% del PIB, según el Gobierno), pero confían en que la decidida actuación del Banco Central Europeo mantenga los costes de la deuda bajo control y en que los instrumentos de apoyo que está poniendo en marcha la Unión Europea les permitan aligerar en parte las necesidades de emisión de los próximos meses.
Desde Economía se insiste en que el Tesoro tiene capacidad y mercado para emitir esos 130.000 millones de euros extra que necesitará en 2020, pero que también contemplará mecanismos de financiación alternativos para reducir esas emisiones, entre los que ha mencionado las líneas del Banco Europeo de Inversiones y también el mecanismo de apoyo europeo al desempleo, el SURE, con el que en principio pretenden financiar 15.000 millones de euros de la factura derivada de los ERTE por causa de fuerza mayor, pese a que el Gobierno podría 'tirar' hasta de 20.000 millones.
Más cautos se muestran desde el Tesoro Público con la posibilidad de acudir al MEDE, el fondo europeo de rescate. Fuentes del organismo que se encarga de gestionar la financiación del Estado aseguran que sólo se acudirá a ese mecanismo en el caso de que las condiciones del mercado empeoren hasta el punto de que resulte más eficiente acudir a la financiación europea que hacerlo por cuenta propia, un escenario en el que el Gobierno no se sitúa de momento. De hecho, el escenario central con el que trabaja el Gobierno es que los mercados se normalizarán en el segundo semestre del año y los costes de financiación se reducirán respecto a los niveles que presentan ahora. En ese sentido, desde el Tesoro consideran que no hay motivos para una eventual bajada del rating de los títulos emitidos por el Reino de España.
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