El think tank de CEOE acusa al Gobierno de acorralar el derecho a la propiedad

Controles de precios en el mercado de los alquileres, relajación normativa sobre las ocupaciones de viviendas, expropiaciones transitorias de viviendas vacías a los llamados 'grandes tenedores', reimplantación de la naturaleza permanente del Impuesto de Patrimonio...el Instituto de Estudios Económicos (IEE) - el instituto de análisis y laboratorio de ideas vinculado a la CEOE - considera que algunas de las últimas medidas de política económica aprobadas por el Gobierno y otras que están sobre la mesa para su aprobación futura suponen una amenaza contra el derecho a la propiedad en España, que según la evaluación del Índice Internacional de Derecho a la Propiedad no es que goce de una salud de hierro precisamente, situándose en el puesto 26 de entre las 37 economías más desarrolladas.

En medio de esta ofensiva regulatoria, el 'think tank' de CEOE ha decidido salir a la palestra no sólo para denunciar lo que ve como un socavamiento permanente del derecho a la propiedad privada en España sino para advertir al Gobierno sobre la dudosa legalidad de estas iniciativas de política económica y sobre su ineficacia para resolver los problemas que dicen atacar.

"Todo este tipo de acciones tienen dudoso encaje constitucional como ya se ha encargado de aclarar el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores", ha advertido el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, "pero quizá lo más grave es que el mero anuncio de las mismas, aún aunque no se aprobaran, genera unos efectos de desconfianza e inseguridad jurídica muy preocupantes para la actividad económica". En su opinión, lo más grave del debate político en torno a la regulación de precios en el mercado de alquiler o la expropiación de viviendas de grandes tenedores no es sólo el riesgo de su implantación efectiva sino el efecto disuasorio que tiene sobre los inversores en ese segmento del mercado.

"Bajo el pretexto del carácter excepcional y transitorio de la situación actual se está socavando el derecho a la propiedad en España", denuncia el Instituto de Estudios Económicos en su informe. Y ello, advierten, especialmente en el caso de las medidas relacionadas con el mercado inmobiliario, va a tener efectos que durarán años. Gregorio Izquierdo ha ejemplificado esos efectos no deseados con el caso de las medidas de regulación de precios del alquiler. "Hay mucha evidencia internacional de que se trata de una política equivocada, que reduce la oferta de viviendas en alquiler en las zonas donde se implanta y que termina incrementando los precios en las zonas donde no había presión sobre los mismos con anterioridad, perjudicando de esta forma a los núcleos de población más vulnerable que se supone que es a los que se quiere beneficiar", explica.

"Además, al restringir la rentabilidad que los propietarios obtienen por las viviendas, éstos optan o por sacar las viviendas del circuito del alquiler y destinarlas a la venta o por dejar de adquirir viviendas que aumentarían la oferta de viviendas en alquiler y limitarían los precios de forma natural. Otro efecto es que los propietarios al ver reducida su rentabilidad dejan de invertir en la rehabilitación y el mantenimiento de las viviendas, y al final lo que se consigue, según se aprecia en la experiencia internacional, es que se produce una marginalización y un deterioro de los entornos urbanos donde estas medidas se implantan", advierte.

El IEE considera, como el FMI o el Banco de España, que sería mucho más adecuada una política que aporte certidumbre y seguridad jurídica a los propietarios de viviendas, para evitar el temor a poner sus viviendas en alquiler; que habilite suelo para impulsar promociones de vivienda destinadas al arrendamiento, y que disponga incentivos fiscales para animar la oferta de alquiler en el país.

La protección del derecho a la propiedad y el bienestar

El think tank de CEOE subraya que los resultados del Índice Internacional de Derecho a la Propiedad evidencian la relación directa entre el nivel de protección del derecho a la propiedad privada en los países y su nivel de bienestar. En este sentido, la institución entiende que "un marco que aporte seguridad jurídica, certidumbre y confianza sobre la capacidad de disfrutar en el futuro del rendimiento de las actividades y decisiones que se toman hoy, es decir, un entorno que defina y proteja adecuadamente los derechos de propiedad tiende a configurar incentivos proclives a la correcta asignación del capital, así como a estimular la innovación". Y advierte "por el contrario, un marco que no se repute como un adecuado garante de estos derechos cercena y bloquea la innovación y el emprendimiento, y, en definitiva, la iniciativa privada lo que supondrá un perjuicio para la productividad de la economía a largo plazo y para el crecimiento".

En ese marco, el IEE recalca que el problema del tipo de medidas en materia de vivienda que está barajando el Ejecutivo (controles de precios, paralización de lanzamientos, expropiaciones de vivienda, etc.) es que  vulneran la seguridad jurídica y la propiedad privada, y generan una gran incertidumbre, lo que en opinión de la institución vinculada a la CEOE no sólo generará efectos negativos a corto plazo sino que éstos "se extenderán en el tiempo incluso más allá de la vigencia de la medida en cuestión".