Para equiparar el nivel de ingresos al de la UE

El IEE advierte: el plan fiscal de Sánchez puede costar dos millones de empleos

El 'think tank' vinculado a la CEOE avisa de que el plan del Gobierno para equiparar a la UE la presión fiscal en España traerá menos crecimiento y una gravosa factura en forma de puestos de trabajo.

Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
EFE

Las grandes cifras dicen que mientras España tiene un presión fiscal equivalente al 35,4% de su PIB en el conjunto de la Unión Europea ese indicador se sitúa en el 41,1%. Y esas grandes cifras son las que el Gobierno ha utilizado de aval para su plan de reforma fiscal que se plantea como objetivo declarado equiparar la presión fiscal en España con la de la UE, lo que implicaría incrementar de aquí a unos años en cerca de seis puntos - unos 60.000 millones de euros - los ingresos que el sistema fiscal doméstico es capaz de proporcionar. A ojos del Instituto de Estudios Económicos, el laboratorio de ideas vinculado a la CEOE, ese objetivo no sólo está desenfocado sino que tendría efectos demoledores sobre la economía, que en su último informe se ha ocupado de tasar. 

"La propuesta que se planteó en España, como punto de partida de la futura reforma fiscal, de elevar los niveles de recaudación sobre PIB en seis puntos porcentuales para aproximarse al discutible promedio europeo, podría tener, con base en las estimaciones de multiplicadores fiscales, un efecto contractivo a medio y largo plazo de hasta diez puntos de PIB, y una pérdida de empleo del orden de dos millones", estima el Instituto, que en su último informe insta al Gobierno y a la opinión pública a mirar más a los indicadores de competitividad del sistema fiscal que a esas grandes cifras que considera engañosas. "Los potenciales riesgos son tan elevados que es fundamental que la futura reforma fiscal incluya, además de las propuestas, un análisis de los posibles costes sobre la actividad y el empleo".

El instituto de análisis económico que preside el vicepresidente de CEOE y responsable de su Comisión de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha advertido este jueves de que abordar ahora una subida de impuestos, como se ha sugerido desde el Gobierno, tendría efectos negativos sobre el crecimiento, mermaría la capacidad de recuperación de la economía española y truncaría el proceso de reasignación de recursos que exige la economía post-covid. Pero más allá de sus efectos inmediatos, el IEE estima que ese intento de equiparar la presión fiscal de España a la de la Unión Europea este construido sobre premisas falsas.

Su tesis es que si se tiene en cuenta la menor renta relativa de España y la mayor tasa de economía sumergida resulta que los impuestos que se pagan per cápita son equiparables, "cuando no superiores", desliza el informe del IIE, a los que se pagan en otros países europeos y apela a que la diferencia entre los tipos de los impuestos son muy similares a los del resto de Europa. De hecho, la estimación que realiza el instituto incorporando al análisis el efecto de la economía sumergida ya situaría a España en línea con la media europea en términos de presión fiscal.

 Si ya se añaden además elementos que permiten medir la competitividad fiscal del sistema español con el de otros países - efecto distorsionador de los empresas, complejidad del sistema fiscal, tasa de agresividad de las administraciones tributarias... -, el IEE llega a la conclusión de que lo que denomina presión normativa fiscal sería diez puntos superior en España a la de la media europea. En otras palabras, que es posible que España recaude menos impuestos en relación a su PIB total que otros países, pero sus contribuyentes estarían peor tratados.

Los riesgos de atacar el 'oasis fiscal' madrileño

A partir de ese indicador, lo que hace el informe difundido este jueves por el IEE es medir la posición que ocupa España en su conjunto y sus comunidades autónomas en el ránking europeo de competitividad fiscal. Los resultados sorprenden poco. Sólo Madrid y las tres haciendas forales vascas presentan un nivel de presión fiscal más competitivo que la media europea, en tanto que las 15 comunidades autónomas restantes se sitúan en peor condición que la media europea con Cataluña, Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana ocupando los últimos lugares del ránking.

"La capacidad de los países y las distintas regiones para atraer inversiones exteriores y capital está muy relacionada con la legislación y la fiscalidad vigente en los mismos", advierte el informe del IEE. "En este sentido, una fiscalidad más atractiva favorece el asentamiento de las empresas y la mayor inversión por parte de estas, así como la atracción del talento humano, mientras que tipos impositivos demasiado elevados desincentivan dichas inversiones e incluso pueden contribuir a que las empresas se deslocalicen a otros destinos junto con las personas físicas con una renta más elevada".

En este contexto, el IEE carga contra la intención del Gobierno de armonizar los impuestos sobre la riqueza en las comunidades autónomas, y no sólo porque esa operación se haga sobre unos impuestos como son el de patrimonio, sucesiones y donaciones, que el organismo considera anticuados y llamados a desaparecer, sino porque ataca al principio de corresponsabilidad fiscal. Considera que eliminar esas diferencias entre territorios puede generar desincentivos a la hora de mejorar la provisión de bienes y servicios públicos al restar capacidad de elección a los ciudadanos para elegir cómo quieren que se les presten los servicios públicos y capacidad a los gobiernos autonómicos para organizarse de un modo u otro.

Mostrar comentarios