"El riesgo regulatorio ha llegado a ser un componente importante del riesgo total para las empresas, hecho que el regulador, como buena práctica, debería tener en cuenta a la hora de llevar a cabo cambios normativos disruptivos no deseables". Tras cuatro elecciones y dos gobiernos débiles en menos de cuatro años y con las generales del 10-N a la vuelta de la esquina, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) -el 'think tank' de CEOE al que Antonio Garamendi quiere dar un nuevo impulso con los fichajes del exsecretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, y del expresidente del INE, Gregorio Izquierdo- ha querido poner en el foco la factura que el riesgo regulatorio, la incertidumbre política y la inseguridad jurídica pasan no solo a las empresas, sino al conjunto de la actividad económica con especial incidencia en uno de los flancos más sensible de la economía española: el del empleo.
En una nota lanzada a escasas horas de que los candidatos de las cinco formaciones políticas que mejores resultados obtuvieron en las elecciones del pasado mes de abril se enfrenten en un debate que se antoja clave para el resultado del próximo domingo, el laboratorio de ideas de la gran patronal ha querido recordar la gravosa factura que la inseguridad jurídica tiene para la economía española, que algunos analistas elevan hasta un 20% del PIB doméstico.
"Existe una correlación positiva entre calidad regulatoria y desarrollo económico", recuerda el 'think tank' de CEOE, que sitúa a España en el furgón de cola de la UE y por debajo de la media comunitaria tanto en términos de calidad de la regularidad como de seguridad jurídica, junto a los países de la Europa del Este y otras economías mediterráneas como Italia o Grecia. Una posición que le pasa factura de un modo que el Instituto de Estudios Económicos se detiene en explicar.
"Cuando se genera un entorno de incertidumbre, las empresas afectadas aplazan o paralizan sus decisiones de inversión, con el consecuente impacto también en términos de empleo", asegura el informe, que no deja aquí las consecuencias negativas para las empresas, ya que los entornos de incertidumbre también encarecen la financiación empresarial, ya que incrementan la prima de riesgo exigida por los inversores y de esa manera los costes de capital para las empresas.
El organismo basa su diagnóstico sobre España en los datos sobre calidad en la gobernanza publicados por el Banco Mundial y en una serie de indicadores indirectos como la elevada litigiosidad o el recurso a los procedimientos de urgencia en la práctica legislativa, en otras palabras ese hábito tan arraigado en España de 'gobernar por decreto'. Frente a esas prácticas, el IEE defiende el valor de la seguridad jurídica, la planificación legislativa y la predicibilidad de los cambios legales como buenas prácticas regulatorias.
Entre las buenas prácticas que el equipo de Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo echan de menos figura también la falta de diálogo entre el regulador y el mundo de la empresa. Afean que esta relación se limite a la obligación legal del preceptivo trámite de información y consulta pública una vez el proyecto legislativo ya se ha perfilado y pide una participación más directa de las empresas en el proceso legislativo, no sólo en la enmienda de los proyectos ya diseñados sino en la elaboración de los mismos. El IEE también critica la utilización de la regulación sectorial para cumplir objetivos que van más allá del buen funcionamiento del sector "por muy loables que estos sean".
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