Íñigo Urkullu e Idoia Mendía, lehendakari y vicelehendakari, el Gobierno vasco, el PNV y el PSE tienen un problema y apenas les queda tiempo para solucionarlo. Un problema que afecta a una de las ‘joyas de la corona’ del sistema económico y de protección social vasco. Las EPSV, las Entidades de Previsión Social Voluntaria, el llamado sistema vasco de pensiones que implantará en toda España en unos meses el Ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Si en los próximos días el Ejecutivo vasco no ‘mueve ficha’ la Plataforma de Agraviados por Geroa presentará a partir del 16 de mayo una oleada de demandas ante los tribunales de Justicia, en un principio pueden ser entre 100 y 200, contra el fondo ‘Geroa Pentsioak’, que cuenta con 113.00 socios trabajadores de diferentes sectores económicos en la provincia de Gipuzkoa.
“Nadie quiere judicializar el problema y el Gobierno vasco lo tiene muy fácil para solucionarlo y desactivarlo, solo hace falta que levanten el teléfono, pero por lo que se ve, han decidido no hacer nada y las más de 1.300 personas de la Plataforma Agraviados por Geroa (APG) no pueden esperar más. Estamos hablando de personas jubiladas, a las que les quedan pocos años de vida. Personas, alguna de ellas, con cáncer terminal incurable o viudas que están recibiendo ayudas económicas de servicios sociales... Si no hay respuesta a partir del día 16 de mayo comenzaremos a interponer las demandas. No podemos esperar más”. Así de contundente se manifiesta a La Información el abogado Jaime de Carvajal, de ASUFIN, que ostenta la representación legal de la plataforma de afectados.
Hasta ahora, APG (creada en el año 2018) y ASUFIN han presentado ya cinco demandas contra el pago de prestaciones de Geroa. La primera de ellas ya tiene sentencia, ya que en el mes de abril, un juzgado de San Sebastián dictaminó a favor de la EPSV y en contra del antiguo socio J.M.L., que reclamaba su capital acumulado, entre 1996 y 2017, en Geroa más intereses (58.862,42 euros) y otros 6.250 euros en concepto de indemnización por daños morales y perjuicios causados. La plataforma y ASUFIN ya han anunciado que presentarán recurso contra esta sentencia, a la vez que esperan las vistas que se producirán en los próximos meses por las otras cuatro demandas presentadas en juzgados de Bilbao, Vitoria, Pamplona y Madrid.
El problema reside en que Geroa solo permite a sus socios jubilados, que durante su vida laboral van aportando una cantidad mensual al fondo a medias con el empresario de su trabajo, el rescate íntegro del capital aportado si el mismo no excede de 45.120 euros. Si es superior a esta cantidad, que superan la mayoría de socios, se paga en renta a razón de unos 200 euros mensuales como complemento de su pensión pública de jubilación durante 25 años o de manera vitalicia. La plataforma reivindica su derecho de cobrar “nuestro dinero” en la forma que decidan y alegan además que el cambio en los estatutos de Geroa -entidad privada gestionada por la patronal y los sindicatos, pero bajo el auspicio y normativa del Gobierno vasco- sobre la manera de cobro se aprobó sin que los socios fueran informados. Geroa, que en todo este tiempo no ha recibido siquiera a sus socios críticos, defiende que la modificación estatutaria se aprobó en asamblea los socios fueron informados y además, como dijo su directora Virginia Oregui en su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados: “Es un complemento a la pensión pública que desde el principio se concibió como una renta. No es un dinero para pagar la boda de un hijo o comprarte un coche”.
El dinero, “que es nuestro”, dicen los críticos, “es para pagar lo que queramos y para cobrarlo como queramos porque para eso es nuestro”, responden. “Ya es hora que alguien intente poner el cascabel al gato (Geroa) y a sus amigos (Gobierno vasco, sindicatos (ELA, LAB” -este sindicato acaba de abandonar el patronado de GEROA-, “CCOO y UGT.) más ADEGI (la patronal guipuzcoana). Nos costará mucho tiempo y dinero pero la lucha y la razón están de nuestro lado. Llegaremos a donde sea. Tribunales españoles o europeos y nos darán la razón porque la verdad no tiene más que un camino. La Justicia es que mi dinero lo pueda yo manejar como yo quiera. Las imposiciones nunca fueron buenas”, asegura un socio de Geroa, J.B.G.
“Es el ‘euskorralito’”, inciden desde la ASUFIN, quien explica que el caso se sustenta en “un cambio de estatutos de la EPSV hecho con posterioridad a la firma del convenio del Metal de Gipuzkoa, que obligaba a todos trabajadores a adscribirse a Geroa prometiéndoles que en el momento de su jubilación podrían rescatar los capitales aportados”. Los “113.000 trabajadores que integran la entidad se sienten ahora engañados por unas condiciones que han cambiado a mitad del partido, sin que nadie les comunicase nada al respecto”, denuncia.
Y, ¿qué tiene que ver el Gobierno vasco en la resolución de este conflicto? “Si el Gobierno vasco y Geroa se sientan con nosotros a negociar se desjudializa el tema”, insiste el abogado Jaime de Carvajal. En diciembre pasado, la plataforma y ASUFIN se reunieron con el Euskadi Buru Batzar del PNV en la sede bilbaína del partido que dirige Andoni Ortuzar. Desde el PNV les pidieron calma, que “parásemos las demandas judiciales y las declaraciones en prensa para tratar de resolver el problema. Y así lo hicimos”. El ocho de abril hubo una reunión de más de dos horas y media y “muy intensa” entre APG, ASUFIN, el viceconsejero de finanzas y presupuestos del Gobierno vasco, Hernando Lacalle Edeso, y la directora de política financiera, Arantza Larrauri. La reunión finalizó sin resultados significativos, pero con el compromiso de los representantes del Gobierno vasco, que por otro lado trabajan en actualizar la normativa de las EPSV para primar “inversiones socialmente responsables”, a la vez que tratan de poner en marcha el Observatorio de la Previsión Social Complementaria, de seguir estudiando el problema y volver a llamar a los afectados en la búsqueda de una solución. A día de hoy esa llamada no se ha producido.
“En esta reunión de hace un mes los responsables del Gobierno vasco nos dijeron que las EPSV eran un hito de la sociedad vasca, un hito del Gobierno vasco y la envidia de España y Europa”. Además, aunque Geroa es una entidad privada “se rige por la legislación que emana de Lakua y Ajuria Enea”, sedes del ejecutivo vasco y de la lehendakaritza, “y ellos se jactan de que Geroa les ‘hace caso’ en sus recomendaciones”, explica el letrado. Por ello, sentencia: “este es un conflicto político y su solución pasa por la política. Por una decisión política. La pelota está en el tejado del Gobierno vasco”. Pero el tiempo se acaba. “No podemos esperar más, los jubilados afectados no pueden esperar más”, sentencia.
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