Tijera a los funcionarios: costarán un 4% menos y pasarán al Régimen General

Todavía no hay fecha fija, pero la propuesta de reforma de laspensiones de Trabajo incluye terminar con el estatus actual de losfuncionarios e incluirlos en el Régimen General de la Seguridad Social. No obstante, el régimen de protección que tienen actualmente se mantendrá, ya que la medida sólo será efectiva para los trabajadores que se incorporen al cuerpo funcionarial una vez se apruebe el cambio.

Esta medida se sumaal recorte del gasto del 4% que el Gobierno aplicará al cuerpofuncionarial dentro del nuevo Plan de Austeridad, con el cual combatirá el disparado incremento del 20% del déficit público en 2009, que se ha situado en el 11,4% del PIB.

Del mismo modo, los integrantes del Cuerpo de Justicia y de las Fuerzas Armadas verán cómo se va eliminando de manera progresiva los sistemas menores de mutualidad pública que tienen, para atenuar las diferencias frente al resto de trabajadores, extendiendo el sistema de Seguridad Social.

La negociaciones de  los Expedientes de Regulación de Empleo también amenazan con ser más complejas a partir de ahora. El proyecto contempla limitar las prejubilaciones como fórmula de recorte de plantilla y eliminar los contratos de jubilación anticipada, consitiéndolo sólo con trabajadores que estén fuera de la negociación colectiva (el cuerpo directivo) y bajo el compromiso de una cofinanciación por parte de la empresa.

Con este medida, Corbacho cumple su propósito de concentrar los esfuerzos en terminar con la jubilación anticipada antes de embarcarse en alargar la edad de retiro, como adelantaba esta mañana lainformacion.com. No obstante, el proyecto también contempla que a partir de 2013 la edad ordinaria de jubilación sean los 67 años, frente a los 65 años actuales. A cambio, la edad mínima de jubilación, que actualmente se sitúa en los 52 años, se elevará de manera inmediata. Para conseguir este objetivo, se fomentará la jornada durante los últimos años de la vida laboral y se  recargarán, aunque sea de manera moderada, las cotizaciones.

Además, para respetar las situaciones en curso, se respetarán las situaciones de trabajadores despedidos que ya han acordado garantías complementarias en relación a su proceso de jubilación y se permitirá a los afiliados mantener la actual edad de jubilación con la condición de que los costes derivados de esta decisión sean asumidos por la propia persona.

Novedades

Entre las novedad de esta reforma destaca incluir a los becarios de postgrado en el sistema, además de desarrollar un sistema más ágil y sencillo que permita regularizar la situación de las empleadas del hogar.

Otro cambio significativo que el Gobierno llevará al debate del Pacto de Toledo es que los trabajadores con empleos más seguros financien parte de la pensión de las personas con mayor siniestralidad.

Respecto a la pensión de viudedad, el Gobierno propone seguir un camino intermedio. Descarta eliminarla, entre otros motivos, porque la realidad española continúa demostrando una discriminación de la mujer frente al hombre en el mercado laboral, especialmente entre los cotizantes mayores de 45 años.

Para garantizar esta cobertura, Trabajo propone incentivar fiscalmente una cobertura complementaria que permita generar una pensión para el cónyuge cuando éste no trabaje y se esté casado en régimen de bienes gananciales.

Además, se deja abierta la puerta a que puedan cotizar los familiares que colaboren en la construcción y desarrollo de un negocio, por medio de la cotización de jornadas parciales, permiendo a ambos cónyuges beneficiarse de la cotización de ambos como norma general y no excepcional.

"Ejercicio de responsabilidad política"

Las ampollas que ha levantado esta propuesta, especialmente entre sindicatos, han sido respondidas por parte de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega con rotundidad, al asegurar que este cambio es "un ejercicio de responsabilidad política". Como argumento, ha recordado que España tiene  la segunda mayor esperanza de vida del mundo, sólo superada por Japón.

Elena Salgado, ministra de Economía, ha esquivado fijar un horizonte de consenso dentro del Pacto de Toledo para aprobar esta reforma, pero sí ha asegurado que no contempla la posibilidad de desacuerdo y, por tanto, está convencida de que en un plazo relativamente razonable se tendrá luz verde para modificar definitivamente el sistema de pensiones.