La CEOE abrió un canal de consultas para sus asociados el pasado miércoles por la mañana, poco después de conocerse el articulado del Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Para media tarde el Departamento Jurídico de la patronal estaba desbordado por el volumen de dudas y cuestiones que el texto había suscitado entre las organizaciones territoriales y sectoriales que representan a la inmensa mayoría del tejido empresarial del país. Por fin había un 'escudo económico' contra la crisis, utilizando la terminología utilizada por el Gobierno, pero nadie sabía exactamente como utilizarlo.
La incertidumbre de las empresas y de los trabajadores respecto al margen de maniobra que les proporciona la acción del Gobierno viene casi desde el minuto uno de la crisis. La primera reacción gubernamental tras la constatación de que el coronavirus no sería una especie de gripe que afectaría a un puñado de personas sino una epidemia con un nivel de letalidad sin precedentes fue la publicación de una guía por parte del Ministerio de Trabajo en la que se trataba de aclarar el marco normativo en el que podían moverse empresas y trabajadores.
El documento soliviantó al sector empresarial doméstico y no sólo porque abría -para muchos empresarios, incluso recomendaba- el cierre de empresas ante la más mínima sospecha de contagio, sino porque también 'cargaba' a empresas y trabajadores el coste de las bajas no sólo por una eventual infección por el virus, sino también por las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena que se adoptaran por las autoridades sanitarias para prevenir su propagación.
Ese marco apenas aguantó tres días. El Gobierno aprovechó la primera oportunidad que tuvo para variar ese criterio y establecer que sí, las bajas serían consideradas IT por contingencia común, pero su tratamiento económico sería el de baja por accidente de trabajo, lo que hacía que la Seguridad Social asumiera la cobertura de los ingresos de los trabajadores desde el segundo día, eximiendo de ese coste a trabajadores y empresas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aún retocó dos veces más en los días siguientes su criterio. En primera instancia, para aclarar que el mismo aplicaría desde el día uno de la epidemia y no únicamente desde la aprobación del Decreto; y en segundo lugar, para matizar que, sí, que el criterio aplicaría desde el día uno de la epidemia, pero solo para los enfermos por coronavirus, no para los trabajadores aislados o en cuarentena. En esos casos, el criterio sólo aplicaría desde la aprobación del Decreto. Un 'berenjenal' de cuidado.
ERTE 'flexible'...pero sólo si se mantiene el empleo seis meses
Otro foco de preocupación constante han sido los ERTE. Empresarios y sindicatos maniobraron para conseguir que el Gobierno incluyera la flexibilización de los ajustes temporales de plantilla en su primer paquete de medidas contra la crisis ante la situación límite a la que la paralización de la actividad derivada de las medidas para contener el avance del coronavirus había llevado a buena parte del tejido empresarial, sin embargo el Gobierno decidió retrasar la medida dejando 'colgadas' no solo a las empresas sino también a decenas de miles de trabajadores que se vieron durante unos días en riesgo cierto de despido.
El Ejecutivo desbloqueó el embalsamiento de ajustes temporales de personal el pasado miércoles creando un problema a los servicios del SEPE, desbordados por la acumulación de solicitudes de las empresas, y disparando las dudas entre las empresas, entre otras cuestiones por el modo en que reguló el asunto, exonerando solo en un 75% el pago de cuotas de empresas de más de 50 trabajadores e imponiendo una cláusula que penalizará a futuro a las empresas que no mantengan su plantilla en los seis meses siguientes a la finalización del ERTE.
Las falsas promesas de aplazamientos de impuestos
Suma y sigue, tras la primera reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para adoptar medidas que amortiguaran el impacto de la crisis sobre empresarios y trabajadores, el presidente del Gobierno anunció a bombo y platillo que Hacienda aplazaría el cobro de las deudas tributarias sin coste alguno durante un plazo de seis meses, una acción que según aclaró después el Ministerio de Hacienda se aplicaría también a las declaraciones de impuestos que correspondiera realizar antes del 30 de mayo y que pondría en los bolsillos de profesionales y pequeñas empresas en torno a 14.000 millones de euros para 'pasar el trago' de lo más duro de la crisis.
El anuncio fue recibido con un entusiasmo que se ha ido mitigando de forma significativa a medida que se iban conociendo los detalles de la medida. Esa misma tarde, desde Hacienda ya se empezó a matizar que los aplazamientos se concederían hasta por seis meses, sí, pero que el periodo de carencia durante el que los mismos no devengarían intereses de demora sería solo de tres meses.
La declaración del 'estado de alarma' y la suspensión generalizada de los plazos de los procedimientos administrativos abrió la expectativa, alimentada por la Agencia Tributaria, de que esto llevaría a un aplazamiento generalizado en los plazos para el pago de impuestos. Nada de eso ha ocurrido. El Ministerio de Hacienda aclaró en el marco del Real Decreto de medidas de emergencia -el segundo paquete de medidas económicas de contingencia aprobado por el Gobierno- que los procedimientos tributarios tienen una naturaleza especial y que dicha naturaleza impide aplazar el pago de los impuestos, lo que obligará a todas las empresas a presentar la declaración trimestral de IVA o el primer anticipo a cuenta del Impuesto de Sociedades dentro de los plazos establecidos. Sólo las que facturen menos de seis millones de euros podrán aplazar hasta seis meses ese pago, tres sin coste adicional.
Las quejas sobre el asunto no se han hecho esperar. Desde la organización de asesores fiscales Aedaf ya se ha advertido que la decisión del Gobierno convertirá la presentación de liquidaciones y autoliquidaciones en un caos, porque "aunque la gran mayoría de ellas se presentan por vía telemática" los clientes suelen chequear la documentación a presentar con sus asesores antes de enviar la información a la Agencia Tributaria y ese trámite presencial se complica de manera extraordinaria en las actuales circunstancias.
El Registro de Asesores Fiscales va más allá y solicita un aplazamiento generalizado de las obligaciones fiscales de todas las empresas, no solo de las pymes, ya que se encuentran en una situación límite en la "que a duras penas están intentando mantener su actividad y se las está dejando en una situación de desamparo". "No estamos hablando de condonación, sino de un aplazamiento", argumentaba en un comunicado el presidente del organismo, Valentí Pich, que advertía al Gobierno de que fuera de las pymes hay empresas a las que se les han cerrado las vías de ingresos y no cuentan con caja suficiente como para aguantar esta situación...como para además atender a sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.
Esperando que el Estado haga fluir el crédito bancario
Pero si hay un asunto que desvela a las empresas de este país es la dificultad para acceder a la financiación bancaria. El desplome de sus ingresos ordinarios y el carácter limitado y enrevesado de las medidas de contingencia puestas encima de la mesa por el Gobierno para favorecer la liquidez de las empresas empuja de alguna manera a éstas a los brazos de la banca. Sin embargo, las entidades financieras están sometidas a unas exigencias de control de sus riesgos crediticios tremendamente exigentes desde la gran crisis de hace una década y esperan, como ya ha ocurrido en otros países, a que el Gobierno se anime a dar cobertura a parte del riesgo que asuman para dar crédito a las empresas.
El Gobierno se ha comprometido a garantizar hasta 100.000 millones de euros de financiación bancaria a las empresas afectadas por el coronavirus, pero ya han pasado diez días desde el primer paquete de medidas de emergencia dispuesto por Moncloa y todavía no se conocen las condiciones en que se concretarán estas garantías. A día de hoy el flujo de crédito de las entidades financieras a las empresas sigue cerrado a la espera de una decisión gubernamental al respecto.
El plan A del Gobierno pasa por cubrir en total en torno a dos terceras partes del riesgo que asuman los bancos, avalando un porcentaje mayor en el caso de créditos a pymes y profesionales (70%) y una parte más reducida en el caso de las grandes empresas (algo más del 50%). Las entidades financieras, sin embargo, piden que el Estado garantice al menos el 80% como ocurre en otros países como Alemania o Francia antes de asumir el riesgo de adelantar dinero a empresas cuya salida de esta crisis es todavía incierta. Enredados en este tira y afloja, el Gobierno parece estar demorando su decisión al respecto a la espera de que Bruselas establezca unas condiciones similares en todos los países de la UE y, si es posible, asuma también una parte de la factura. A la espera de esa 'potencia de fuego' el cauce de la financiación bancaria para las empresas continúa cerrado dos semanas después del estallido de la crisis.
Otros capítulos del caos regulatorio
La gestión de la crisis por parte del Gobierno ha dejado más episodios que han alimentado la confusión de los actores económicos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció un buen día que al día siguiente el Gobierno aprobaría una nueva prestación especial para dar cobertura a los trabajadores que se tuvieran que quedar en casa para cuidar a sus mayores o a sus hijos y no pudieran teletrabajar. La audaz propuesta del expresidente de la Autoridad Fiscal no superó, en primer término, el análisis de coste realizado por Hacienda y Economía, y en última instancia parece haberse metido en el cajón para siempre.
Célebre está siendo también -esa pelea aún no ha llegado a su fin- el pulso entre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, en torno a la posibilidad de habilitar algún tipo de cobertura pública para proteger a las personas con problemas para pagar el alquiler. El pulso que afloró como uno de los elementos de fricción entre el 'comando del gasto' del Gobierno -en el que se alinean los ministerios de Podemos y algún que otro ministro socialista como José Luis Escrivá- y las guardianas de la ortodoxia -Calviño y Montero- ya ha pasado a jugarse en público, con el área de Podemos filtrando la intención del Gobierno de establecer una moratoria de pagos y Nadia Calviño respondiendo también en público que no se considera una medida prioritaria en estos momentos.
Mientras el pulso se juega en el Consejo de Ministros y en los medios de comunicación, centenares de miles de inquilinos y propietarios no saben a qué carta quedarse ni si finalmente tendrán que asumir por decreto los impagos de sus inquilinos, en el caso de los propietarios, o si tendrán una ayuda pública para hacer frente a la letra mensual, en el caso de los inquilinos con problemas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios