El consejo de administración de la compañía -propiedad del gigante minero brasileño Vale y el anglo-australiano BHP Billiton- aceptó igualmente la solicitud de licencia temporal del también denunciado director de operaciones, Kleber Terra.
"Después de concluir las primeras etapas de atención de emergencia al accidente, los ejecutivos creen que la licencia temporal es importante para que se puedan dedicar a sus defensas", afirmó Samarco en un comunicado.
La compañía, décima exportadora de Brasil, es la propietaria del embalse de desechos mineros que reventó el 5 de noviembre y desató un tsunami de lodo que enterró un pueblo de Minas Gerais (sudeste), con un saldo de 17 muertos e innumerables daños al ecosistema.
A consecuencia de ello, la policía brasileña denunció la semana pasada a Vale, Samarco y siete ejecutivos, entre los que figuran Vescovi y Terra, por haber cometido delitos incluidos en la Ley de Crímenes Ambientales.
Las mineras alegaron entonces que la acusación -que de ser retomada por la Fiscalía y derivar finalmente en un juicio podría acarrear penas de hasta cinco años de prisión- no tenía fundamento al no conocerse todavía el origen exacto del siniestro.
El colapso del dique de Fundao vertió una masa viscosa de 50 millones de m3 y fue considerado por la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, como "la mayor catástrofe ambiental de la historia de Brasil".
El torrente recorrió más de 650 km por el lecho del río Doce, a través de los estados de Minas Gerais y Espirito Santo, hasta desembocar en el océano Atlántico, donde también ha provocado daños ambientales.
El gobierno de Brasil ya presentó en diciembre una demanda judicial contra Samarco y sus propietarios por 5.000 millones de dólares para indemnizar a las víctimas y recuperar la cuenca del río Doce.
Las compañías presentaron una propuesta de acuerdo sobre el fondo que exige la administración de Rousseff, informó el lunes la propia ministra Teixeira.
rs/yow
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