Nueva muesca en la larga lista de agravios que, según los representantes de la Generalitat de Cataluña, ha cometido el Gobierno de España hacia esta comunidad. Ahora, y al más puro estilo del presidente turco o de Donald Trump, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, han asegurado que irán hasta el final en la exigencia de explicaciones y responsabilidades sobre la existencia de una supuesta "guerra sucia económica" contra el 1-O.
En sendos tuits, los dos principales responsables de la Generalitat han respondido así a una información periodística que publica este sábado el diario 'Ara', en la que se asegura que el Estado retiró miles de millones de depósitos de los bancos catalanes el día después del referendo ilegal del 1-O. Este rotativo afirma que las empresas públicas y las administraciones del Estado llevaron a cabo el 2 de octubre de 2017 "un vaciado masivo de dinero" de los dos principales bancos catalanes, CaixaBank y Banco Sabadell.
En su cuenta de twitter, Torra califica este hecho de "otro escándalo gravísimo" y denuncia que es otro ejemplo de "como el Estado utilizó todos los medios a su alcance para abatir una causa justa, pacífica y democrática". "Exigiremos todas las explicaciones e investigaciones que hagan falta y depurar las responsabilidades", ha señalado.
El vicepresidente y responsable de Economía, Pere Aragonès, afirma en otro tuit que "se va destapando la guerra sucia económica contra el 1-O. Iremos hasta el final para saber quien y como decidió jugar a la crisis financiera para salvar la unidad de España".
Preguntada en una conferencia de prensa por esta información periodística, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al Estado "transparencia" sobre lo ocurrido.
Y todo esto, en el mismo día en el que también se han conocido otras noticias relacionadas con el 1 de octubre, como la pretensión de la Generalitat de haber planteado la conversión de Cataluña en una especie de Suiza o Andorra en el supuesto de que, una vez lograda la independencia de España, la Unión Europea no permitiera su permanencia en el club comunitario. Con esta transformación, argumentaban los planes de los soberanistas, se pretendía presionar a Bruselas, según consta en información recabada por la investigación judicial.
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