El intento de la Generalitat por dotarse de un cuerpo propio de inspectores de Hacienda para apuntalar el despliegue de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) y continuar sentando las bases del futuro servicio de Inspección de Tributos de la Hacienda Catalana ha acabado en fiasco. El proceso abierto en septiembre de 2017, en la fase más caliente del órdago secesionista planteado por el Gobierno de Carles Puigdemont que desembocó en el referéndum ilegal del 1-O, aspiraba a incorporar a la plantilla de la ATC 24 nuevos inspectores de Hacienda en el marco de un plan más amplio para ensanchar con un centenar de nuevos efectivos la plantilla del órgano tributario de la Generalitat y acelerar lo que dieron en llamar la 'desconexión fiscal' con España, que implicaba asumir la recaudación y gestión del IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA. El proceso se ha resuelto casi tres años después y su resultado no se puede calificar como satisfactorio. La Generalitat de Cataluña sólo ha podido cubrir cinco de las 24 plazas que convocó y se ha visto forzada a declarar desiertas las 19 restantes.
La Agencia Tributaria Catalana no proporciona información sobre el número de inspectores en nómina del organismo. En su última memoria anual, correspondiente al ejercicio de 2019, recoge que la Oficina Central de Inspección está formada por 34 funcionarios de los cuales 13 son de nivel A1, el propio de los inspectores de Hacienda, aunque no todos pertenecen a ese cuerpo. Los flamantes nuevos miembros del cuerpo catalán de inspectores de Hacienda se incorporarán a esa oficina. En 2015, el gabinete de Artur Mas también convocó un concurso para cubrir 20 plazas de inspectores de Hacienda. Sólo consiguió cubrir cuatro.
El proceso de selección de los nuevos inspectores de Hacienda de la Agencia Tributaria Catalana fue una de las últimas decisiones de gestión que tomó el por entonces vicepresidente de Economía y Hacienda de la Generalitat, Oriol Junqueras, antes del fulminante cese de sus funciones ejecutado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras la Declaración Unilateral de Independencia del Parlament catalán. En realidad, fue la última de una serie de decisiones políticas que se fueron activando a lo largo de todo el año 2017 con el objetivo declarado de exprimir todo el margen de autogobierno al que la Generalitat podía acceder en el plano fiscal y que incluyeron la apertura de 14 nuevas oficinas a lo largo del territorio catalán, la recuperación de las competencias para la gestión de los impuestos cedidos por el Estado y para realizar la recaudación en vía ejecutiva - que se hacía a través de un convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria - y alguna otra medida más controvertida como la asunción de las relaciones con el Estado de 180 organismos públicos catalanes.
En medio de la febril actividad legislativa para sentar las bases de la futura Hacienda catalana, que como no se cansaban de repetir los dirigentes del Govern estaría en disposición de gestionar todos los impuestos que se pagaban por entonces en Cataluña, incluyendo los estatales, Puigdemont y Junqueras trataron también de colar alguna disposición que pretendía facilitar la configuración urgente de un equipo de inspectores de Hacienda a la altura del desafío. Un artículo del Código Tributario Catalán, posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional, trató de establecer un canal preferente para que inspectores y técnicos de Hacienda del Estado se pudieran pasar por la vía rápida a la Hacienda Catalana sin necesidad de superar ninguna oposición específica. La maniobra fue declarada ilegal.
Los rescoldos del proyecto de 'Hacienda Catalana'
Los ambiciosos planes que la Generalitat de Cataluña manejaba en el año 2017 para adaptar en tiempo récord las estructuras de la Agencia Tributaria Catalana al funcionamiento propio de la Administración Fiscal de un estado independiente han caído en el olvido, pero parte de esos cimientos no sólo se han mantenido sino que se han fortalecido en estos tres últimos años.
Un ejemplo es el despliegue de la plataforma informática e-SPRIU, que se diseñó en origen para poder gestionar tanto los impuestos propios y los cedidos, cuya llevanza y control forman parte del ámbito competencial de la Generalitat, como también los grandes tributos de competencia exclusiva del Estado, como el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades. El desarrollo de la plataforma se paralizó con motivo de la aplicación del artículo 155 ante la evidencia de que disponía de funcionalidades que excedían la esfera competencial de la Generalitat de Cataluña, pero eso no suponía en sí mismo una ilegalidad y la Agencia Tributaria Catalana ha continuado con su despliegue al punto de que hoy ha sustituido totalmente a la antigua plataforma de gestión tributaria que utilizaba.
Algo similar ha ocurrido con el controvertido 'Programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de los impuestos y las cotizaciones sociales que el sector público de la Generalitat ingresa en el Estado', en virtud del cual del Govern de Carles Puigdemont obligó en su día a que todos los organismos y entidades dependientes de la Generalitat cumplieran con sus obligaciones tributarias con el Estado a través de la Agencia Tributaria Catalana, de modo que unos 4.500 millones de euros que antes se liquidaban de forma directa en cuentas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por parte de las entidades pasaron a tener a la ATC como órgano intermediario. A través de la red 'Tributs de Catalunya', la ATC ha asumido la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de las cuatro diputaciones y de grandes ayuntamientos como el de Barcelona o el de Sabadell.
La ATC ha continuado igualmente reforzando sus servicios de atención a los contribuyentes y, según los últimos datos publicados por el organismo, en la Campaña de Renta de 2018 - la que se sustanció en 2019 - más de 15.000 contribuyentes catalanes (15.465, en concreto) optaron por realizar su Declaración de la Renta a través de los servicios de la Administración Catalana. El asunto está teñido por una sombra inquietante desde que la Guardia Civil señalara al Govern de Artur Mas por desarrollar presuntamente, allá por el año 2014, una aplicación informática para extraer de forma irregular información de las declaraciones de renta presentadas por los contribuyentes en las oficinas de la Agencia Tributaria Catalana y alimentar así la base de datos fiscales de una futura Hacienda catalana independiente de la española.
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