Lunes, 09.12.2019 - 04:02 h
Por cuotas no pagadas en Sucesiones y Donaciones

Torra reclama 40 millones a un puñado de ricos que simularon irse de Cataluña

La intensificación de la actuación inspectora de la Hacienda catalana contra deslocalizaciones fraudulentas de contribuyentes dispara las sanciones.

Foto Pere Aragonés y Quim Torra / EFE
El president de la Generalitat, Quim Torra, y su vicepresidente, Pere Aragonés. / EFE

La Hacienda catalana decidió en el año 2017, al calor del 'procés' y del despliegue territorial de su Agencia Tributaria (ATC), intensificar los controles sobre los movimientos de contribuyentes fuera de Cataluña ante la sospecha de que una parte de ellos enmascaraban deslocalizaciones ficticias, realizadas únicamente por motivos fiscales, para esquivar la elevada tributación establecida por la Generalitat sobre los bienes transmitidos en el marco de herencias o donaciones en vida a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Entre 2015 y 2016 los servicios de inspección de la ATC detectaron más de un centenar de posibles casos de esta naturaleza si bien las cuotas reclamadas eran muy reducidas. La cosa cambió en 2017. El balance de cierre de ejercicio realizado por la Hacienda catalana revelaba la apertura de 16 actas de infracción por una cuantía agregada cercana a los 15 millones de euros, es decir, cerca de un millón de euros de media por acta 'levantada'. La Agencia Tributaria Catalana acaba de hacer públicos los datos correspondientes a 2018 y éstos indican que la estrategia de control puesta en marcha en 2017 está consiguiendo resultados: el año pasado se detectaron fraudes por valor de 24 millones de euros. Es decir, que desde la activación de la nueva estrategia inspectora, la ATC ha conseguido aflorar en torno a 40 millones de euros por cuotas de los impuestos de Sucesiones y Donaciones que se deberían haber declarado en Cataluña, pero que se han liquidado en territorios con una fiscalidad más ventajosa.

Según un informe que realizó Fedea, es precisamente Cataluña, junto a Andalucía, el territorio más perjudicado por los desplazamientos de contribuyentes -normalmente, grandes contribuyentes- por motivos fiscales, en busca de un entorno menos exigente a la hora de pagar impuestos.

La tipología de los casos detectados por la Agencia Tributaria Catalana es diversa, pero el perfil más habitual es el del particular que traslada su residencia a otro territorio -dentro o fuera de España- para ceder la titularidad del negocio familiar con una menor carga fiscal, aunque también se ha detectado la creación de estructuras societarias 'ad hoc' en otro territorio para localizar allí bienes no afectos a su actividad económica o de uso personal con el único objetivo de ahorrarse una parte mayor o menor de su factura fiscal. 

En este sentido, la colaboración de la Agencia Tributaria estatal ha resultado crítica para el éxito de las pesquisas de los servicios de inspección catalanes, ya que gracias a la información proporcionada por los contribuyentes a partir del modelo 720 ha permitido detectar estructuras societarias ficticias creadas en el extranjero única y exclusivamente para justificar el abonar los impuestos en otra jurisdicción. El cruce de las bases de datos de la ATC con los de la Agencia Tributaria no sólo ha servido para mejorar el control del Impuesto de Sucesiones y Donaciones sino sobre todo del de Patrimonio, ya que ha permitido aflorar patrimonio no declarado de contribuyentes catalanes en el extranjero.

El ejercicio encargado por la Generalitat para conocer la 'brecha fiscal' de su sistema tributario concluyó que la Hacienda catalana perdía uno de cada cuatro euros que podría recaudar y que buena parte de ese agujero procedía de la ocultación de bienes en otros territorios por parte de las principales fortunas residentes en Cataluña.

Los datos proporcionados por la Agencia Tributaria de Catalunya en su balance del ejercicio de 2018 revelan cómo las estrategias de inspección se han volcado en corregir ese déficit en el tramo de las grandes contribuyentes. Es cierto que la mayor parte del fraude aflorado se encuentra en la incorrecta o abusiva aplicación de los beneficios fiscales previstos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto de Patrimonio, pero más allá de esa medida de gestión aparecen como medidas más efectivas en términos de fraude detectado las actuaciones contra las deslocalizaciones ficticias de contribuyentes (24,07 millones de euros), las detecciones de tramas planificadas de fraude y ocultación de patrimonios (22,55 millones), la denuncia de activos no declarados en el extranjero (22,3 millones) y las alteraciones de titularidades patrimoniales aprovechando estructuras en el extranjero (4,58 millones), todos ellos fraudes vinculados a las grandes fortunas.

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