El desafío independentista, alimentado políticamente desde la Generalitat de Cataluña y desde grupos afines al soberanismo y que se visualiza en la calles con las violentas protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR), ha provocado que los Mossos de d'Esquadra, la Policía autonómica catalana que componen más de 17.000 efectivos, vivan una tensión permanente, con críticas a sus jefes, divisiones y demandas laborales y económicas generalizadas.
Además del malestar por las purgas impulsadas por las Consejería de Interior, apoyadas por la CUP y Esquerra Republicana de Catalunya, tras las cargas de la Brigada Antidisturbios de la Policía catalana contra grupos de antisistemas y radicales hace diez días, los agentes se sienten ninguneados por el Gobierno catalán, que tiene en cuarentena la devolución las pagas de 2013 y 2014, la equiparación salarial con los bomberos y que hasta la fecha ha frenado la incorporación de efectivos.
En este contexto, el presidente de la Generalitat ha dado un paso al frente y ha decidido acelerar el despliegue de Mossos en Cataluña para que sustituyan al Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en la comunidad con la mayor oferta pública de empleo en los últimos años, 750 agentes, que, previsiblemente, se repetirá el año que viene.
La estrategia, planificada hace una década y con la vista puesta en 2015 para entre otras cosas combatir el 'envejecimiento' del Cuerpo, fijaba como meta 18.267 agentes, pero se había visto frenada por la crisis económica, que paralizó las contrataciones. La justificación de la Generalitat ahora, mientras los mossos salen a la calle y se muestran divididos, es que las políticas de contención del gasto que la Administración autonómica tuvo que aplicar en ejercicios presupuestarios anteriores, "dada la coyuntura económica de ese momento", habían limitado de manera "notoria" la aprobación de ofertas de ocupación.
"Para que el Gobierno pueda aprobar esta oferta parcial de ocupación pública se procede a la acumulación de las tasas de reposición de efectivos correspondientes a otros sectores o colectivos a las tasas del cuerpo de Mossos d'Esquadra y del cuerpo de Bomberos, como sectores que deben cubrirse con carácter prioritario", asegura la reseña del Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña publicada el pasado viernes.
El apartado 1 del artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, permite una tasa de reposición de efectivos para determinados sectores del 100%, entre los que incluye el personal de los servicios de prevención y extinción de incendios. Además, se permite una tasa de reposición de efectivos del 115% en relación con los cuerpos de policía autonómica.
¿Cuántos mossos hay?
El Instituto de Estadística de Cataluña recoge que 2017 acabó con 16.610 efectivos, a los que hay que añadir los 455 fruto de la oferta de empleo de 2017, que también resultó polémica. En total, más de 17.000 agentes, muy cerca de los objetivos fijados para reemplazar a la Policía y la Guardia Civil destinada en Cataluña. La mitad está destinado en el área metropolitana de Barcelona y sólo un 35% de los agentes y mandos autonómicos son mujeres.
El último Consejo de Ministros de 2017 aprobó una modificación de la oferta parcial de empleo público del cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalitat para 2017, para incluir 455 plazas de nuevo ingreso, 50 menos de las que pretendía el Gobierno catalán.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy adoptó esa medida en ejercicio de las competencias que había asumido al amparo del artículo 155 de la Constitución, tras la aprobación de la declaración unilateral de independencia. La Generalitat de Cataluña había intentado convocar a mediado de año 500 plazas para aumentar la plantilla de la policía autonómica catalana, pero finalmente tuvo que limitar esa oferta a 50 a requerimiento del Ministerio de Hacienda. El argumento para el importante aumento de plazas fue el mismo que ahora: El incremento de la Policía autonómica es algo "urgente" e "inaplazable".
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