El Gobierno aboga por retrasar la edad efectiva de jubilación hasta los 65,5 años

El Ministerio de Trabajo sigue estudiando las posibilidades para incrementar los ingresos de la Seguridad Social por todas las vías posibles. Ahora, se plantea obligar a cotizar más a aquellos trabajadores de determinados colectivos que quieran jubilarse antes de la edad legal. Además, y en líneas generales, se ha mostrado a favor de retrasar la edad efectiva de jubilación, pero en contra de alargar la edad legal. Esta medida está en línea con la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En concreto, en la actualidad, la edad efectiva de jubilación ronda los 62,7 años, mientras que la edad legal se sitúa en los 65 años y 8 meses para quienes tienen cotizados menos de 36 años y 9 meses, y en los 65 años si se ha cotizado más de 36 años y 9 meses.

Fuentes del Ministerio han afirmado que la intención, en los próximos 30 años, es incrementar la edad efectiva de jubilación hasta los 65,5 años. La edad legal de jubilación, por su parte, alcanzará lo 67 años una vez se aplique por completo la reforma de pensiones de 2011.

No obstante, en un comunicado, el Gobierno ha dejado claro que una cuestión así debe ir acompañada de una reflexión "profunda" sobre la tasa de reemplazo, sobre los incentivos a la continuidad en el mercado de trabajo y sobre la introducción de marcos flexibles entre actividad y jubilación.

Desde Trabajo se ha resaltado que la evolución actual del mercado de trabajo hace que los trabajadores tiendan a jubilarse más tarde, ya que los puestos de trabajo son cada vez "menos penosos" y se automatizan más los procesos. Así, cada vez tienen más peso las actividades que se pueden hacer sin problemas a partir de una edad avanzada.

Y pone ejemplos: pilotos, maquinistas de tren, estibadores, mineros... la Seguridad Social reconoce un régimen especial a un grupo de colectivos que permite a los trabajadores jubilarse con todos los derechos antes de la edad legal de jubilación por las condiciones de singular penosidad en que desenvuelven su trabajo.

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Estos regímenes les permiten abandonar su actividad laboral a los 55 o a los 60 años -o incluso antes- sin sufrir penalización alguna en su pensión y afectan a varios miles de trabajadores. La Seguridad Social tiene esos regímenes laborales en su punto de mira desde hace tiempo,  pero parece que ahora ya ha decidido actuar a medio plazo para reconsiderar esos regímenes.

El modelo es el pactado recientemente con los agentes de la Policía Local: que se permita adelantar la jubilación con todos los derechos pero evitando que la Seguridad Social cargue con la factura, es decir, asumiendo el sobrecoste para el sistema que eso genera. ¿La forma? Incrementando el tipo de cotización que esos colectivos pagan a la Seguridad Social.

Así se ha hecho en el caso de los policías locales, en esa vía se está trabajando con los bomberos y eso es lo que exigirá la Seguridad Social a la veintena de colectivos que tienen solicitada esa ventaja para acceder de forma efectiva a la misma. Entre ellos, bomberos, trabajadores de la enseñanza, de seguridad marítima, actividades con riesgo de exposición al amianto, trabajos de pocería, gestión de residuos...

Desde Trabajo se asegura que no hay inconveniente alguno en habilitar nuevos regímenes especiales en el futuro, pero que éstos no supondrán en ningún caso un sobrecoste a las castigadas arcas de la Seguridad Social. De otro modo, si un trabajador de un colectivo entiende que debe jubilarse antes por sus penosas condiciones laborales podrán hacerlo, pero tendrán que cotizar más que el resto.

Y este principio se aplicará también a los colectivos que ya disfrutan de este tipo de regímenes, con alguna excepción que el Gobierno tiene ya identificada como las mariscadoras o, probablemente, los mineros.

La idea del Gobierno es que esos regímenes especiales vayan desapareciendo poco a poco y a medio plazo -no en la negociación que se va a abrir con los sindicatos la próxima semana- se desplace el gasto extra que generan a la Seguridad Social hacia los beneficiarios, vía mayores cotizaciones.