Trabajo amparó una maniobra secreta para 'orientar' la subida de las pensiones

El Ministerio de Trabajo amparó y alentó en septiembre de 2018 una maniobra de la mesa del diálogo social para reivindicar un mayor protagonismo en la definición de los elementos clave de la hoja de ruta del futuro de las pensiones y tutelar en cierta medida la orientación de las recomendaciones que en aquellos días se afanaban no sin problemas en cerrar los diputados pertenecientes a la Comisión del Pacto de Toledo. El movimiento aspiraba a alumbrar un texto muy sintético, de apenas cuatro párrafos, con una serie de reflexiones y pronunciamientos sobre los principales aspectos en cuestión en aquellos días, singularmente el mecanismo de revalorización de las pensiones. La idea inicial era elevar ese texto al Pacto de Toledo para dejar constancia de la posición del diálogo social respecto a las cuestiones que los diputados estaban debatiendo de puertas para adentro, pero ese texto jamás llegó a salir del ámbito del diálogo social y por tanto jamás llegó a la comisión. 

Las versiones sobre  por qué esta maniobra quedó en agua de borrajas varían en función de las fuentes consultadas. Unos apuntan a la negativa de CEOE a comprometerse con un texto elaborado en paralelo a los trabajos del Pacto de Toledo; otros señalan a una eventual resistencia sindical a rubricar determinados elementos del documento; e incluso alguna versión apunta a las excesivas prisas del Ministerio de Trabajo por elevar ese documento al Pacto de Toledo antes de que éste alcanzara un acuerdo político. La Información ha podido recabar las versiones de todas las partes y todos coinciden en que fue una negociación rápida, sustanciada en menos de dos semanas y liquidada antes de la reunión de finales de septiembre en que los diputados del Pacto de Toledo anunciaron un principio de acuerdo...que nunca se consumó.

Lo que también está claro es que todo esto se hizo 'motu propio'. No medió solicitud alguna de estas aportaciones por parte del Pacto de Toledo y de hecho los diputados de la comisión parlamentaria consultados admiten no tener la menor idea de la existencia de una iniciativa desde el diálogo social para 'enriquecer' el debate interno en el seno de la Comisión. No falta quién asegura que de haberse concretado la propuesta y haberse elevado a la Comisión los diputados hubieran considerado la maniobra como "una injerencia" en las negociaciones que se mantenían en el ámbito parlamentario.

En aquellos días de septiembre la madre de todas las batallas era la 'Recomendación número 2', la que aspiraba a sentar las bases del mecanismo de revalorización de las pensiones para los próximos años, una vez constatado por todos los grupos del Pacto de Toledo, y asumido por el PP antes del parón estival, que el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) en vigor era insostenible socialmente. Dentro del Pacto de Toledo las posiciones variaban entre los que defendían volver al escenario anterior a 2013, cuando las pensiones se revalorizaban con el IPC previsto y se actualizaban después a final de ejercicio en función del IPC real, entre los que se alineaban el propio Grupo Socialista, Podemos y el resto de la izquierda parlamentaria; y los que abogaban por recuperar la referencia del IPC, pero modulándola con otros factores como el crecimiento, los salarios o incluso la salud financiera del sistema de Seguridad Social, aunque la balanza parecía inclinarse hacia las posiciones de los primeros.

El texto debatido en el ámbito del diálogo social -una síntesis redactada por el Ministerio a partir de las aportaciones de sindicatos y empresarios-, al que ha tenido acceso La Información, se pronunciaba "porque la definición del nuevo mecanismo de revalorización se fundamente en el IPC, pudiendo valorarse complementariamente otros elementos, como la evolución del PIB y de los salarios". Según las fuentes consultadas, esta redacción fue rechazada de plano por la UGT, que en un contexto de protestas en la calle por parte de los pensionistas exigía un texto que se refiriera en exclusiva al IPC, y tampoco convenció del todo a la CEOE, temerosa de que la vuelta a ese esquema de revalorización de las pensiones devenga en una mayor tensión de gasto sobre el sistema de Seguridad Social y en una mayor presión para subir las cotizaciones sociales que abonan las empresas.

Al igual que sucedió semanas más tarde con el Pacto de Toledo, la espinosa cuestión del esquema de actualización de las pensiones dinamitó también el intento del diálogo social por terciar en las deliberaciones de la comisión parlamentaria y acabó con el documento de recomendaciones del diálogo social en el cajón. 

Un puñado de consejos para los diputados del Pacto de Toledo

Con la perspectiva que da el tiempo, la valoración de esta maniobra varía según las partes consultadas. Unos entienden que el documento hubiera sido un buen acicate para desbloquear las negociaciones en el seno del Pacto de Toledo y que hubiera contribuido a un acuerdo; otros de los presentes en ese negociación la observan como un intento de 'pastorear' a los diputados del Pacto de Toledo hacia las posiciones más asumibles por parte del diálogo social; e incluso hay quien ve en este proceso un intento del Ministerio por impedir una recomendación demasiado clara a favor de una revalorización de las pensiones en función del IPC.

Fuentes del Ministerio niegan de plano esa interpretación, señalan que la iniciativa de elevar un texto al Pacto de Toledo ni siquiera fue suya sino de los agentes sociales y recalcan que la propuesta debatida de mecanismo de revalorización de las pensiones implica, básicamente, recuperar la redacción de todas las leyes de Seguridad Social desde 1994 hasta 2013 cuando las pensiones se actualizaban según la inflación.

El documento debatido en la Mesa de Diálogo Social no se limitaba a pronunciarse sobre el animado debate del mecanismo más adecuado para revalorizar las pensiones en el futuro. También entraba en otros aspectos. Decía también que la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social "precisa de la delimitación de los gastos que estrictamente deben financiarse con cotizaciones sociales" y de la asunción por parte del Estado "del nivel no contributivo de las prestaciones", en una clara invitación a avanzar en la separación de fuentes del financiación del sistema. El texto no se quedaba ahí sino que planteaba que el Estado se hiciera cargo también "de la financiación de aquellas materias que trascienden por su interés público el nivel contributivo".

La propuesta preparada desde el diálogo social no ahorraba tampoco avisos a navegantes. "La Mesa valora también que la comisión parlamentaria estudie incorporar una mención a la necesidad de articular en el marco del diálogo social los acuerdos sobre el sistema de pensiones, tal como ha sucedido la mayoría de las veces desde 1995".