El Ministerio de Trabajo buscará en las listas del paro a los 110 orientadores a los que se encomendará la tarea de encontrar un trabajo a las personas jóvenes desempleadas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables incluidas en el Programa de Acción del Instituto de la Juventud (Injuve), en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 aprobado por el Gobierno el 7 de diciembre.
El departamento dirigido por Magdalena Valerio ha resuelto sustanciar la contratación del centenar de orientadores adscritos al desarrollo del Programa 'Red SIJ-Injuve de atención a jóvenes vulnerables' a través de los programas de colaboración con organismos públicos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para fomentar la contratación temporal de personas desempleadas.
Estos programas, que disponen de una dotación presupuestaria anual desde hace lustros, permiten a personas en situación de desempleo realizar tareas, obras y servicios de interés general y social en organismos dependientes del Estado, a la vez que mejoran su empleabilidad. Según la norma que regula su distribución, que fue aprobada el pasado 26 de abril, en 2019 colaborarán en este programa Patrimonio Nacional, la Jefatura Central de Tráfico, la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y la Música, el CSIC y el Instituto de la Juventud.
El Instituto de la Juventud recibirá a lo largo de 2019 una dotación de cuatro millones de euros para desarrollar este programa, que según dicha norma se empleará en la contratación de orientadores procedentes de las listas del desempleo. Lo que decía el Plan de Choque por el Empleo Joven es que se tratará de profesionales especializados, entre los que menciona de manera expresa a licenciados en educación o trabajo social, pero que también encuadran a otros perfiles profesionales como pedagogos y psicopedagogos, cuyo objetivo será brindar "apoyo educativo y ofrecer itinerarios personalizados de retorno a la escolarización o, en su caso, de formación e incorporación al mercado laboral, con itinerarios locales públicos y privados".
El segmento del plan gubernamental para fomentar el empleo joven que le corresponde al Instituto de la Juventud, que depende del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, es el relacionado con los jóvenes en riesgo de exclusión social y educativa, con especial atención a aquellos que además tienen responsabilidades de cuidado familiar.
El Gobierno comprometió en la recta final de la pasada legislatura la incorporación de 3.000 orientadores profesionales para mejorar las ratios de inserción laboral de los jóvenes, un segmento que todavía arrastra una tasa de paro cercana al 35%. El objetivo declarado de la iniciativa era garantizar el diseño de itinerarios de inserción laboral personalizados y adaptados a las necesidades reales de cada uno de los más de medio millón de jóvenes que buscan trabajo y no lo encuentran.
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