Trabajo eleva la cotización que paga las bajas para costear su subida de pensiones

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, lo deslizó hace meses en uno de los típicos corrillos con periodistas que se montan a la finalización de la rueda de prensa mensual de presentación de los datos del paro y la afiliación. Preguntado por cómo tenía pensado el Gobierno pagar la subida de las pensiones del 1,6% que el Gobierno del PP dejó comprometida, pero para la que no dispuso respaldo presupuestario alguno, avanzó que desde Seguridad Social se adoptarían todas las medidas de gestión que estuvieran en su mano para tratar de aflorar los recursos necesarios para sufragar esa subida sin exigir aún más las ya castigadas cuentas de la Seguridad Social. 

Entonces no aclaró a qué se refería. Pero ha quedado cristalino tras el Real Decreto para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo aprobado en el 'Consejo de Ministros escoba' del pasado 28 de diciembre y oficializado en el BOE sólo un día más tarde: subida del 7% de las bases máximas de cotización, subida de las cuotas que pagan los autónomos, obligación de cotizar por los participantes en programas de formación, prácticas académicas externas o prácticas no laborales, aún cuando éstas no devenguen retribución alguna, recargos en los contratos de muy baja duración - menos de cinco días-, subida del 22% del SMI...todo un paquete de medidas con las que el Gobierno considera que puede conseguir 3.150 millones de euros extra para sufragar la subida de las pensiones de 2019.

El Gobierno no se ha limitado a alimentar las fuentes directas de financiación del sistema, sino que ha intentado crear las condiciones para generar un colchón extra de recursos para el caso de que fuera necesario. Solo así se pueden entender otras dos medidas aprobadas dentro de ese paquete pero que en apariencia no responden a ninguna necesidad real concreta. El Ministerio de Trabajo ha decidido, por una parte, subir el tipo de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional del personal de oficina del 1% en el que estaba en 2018 al 1,5%; y ha decretado la eliminación del 'bonus' que anualmente se repartía entre las empresas que acreditaban unos mejores resultados en la lucha contra la siniestralidad laboral y que distribuía unos 100 millones de euros al año.

El Gobierno solo justifica la segunda de las medidas - la supresión del sistema del 'bonus' - bajo el argumento de "las distorsiones y desproporcionada disminución de ingresos que las modificaciones introducidas por dicho real decreto generan respecto de la cotización por contingencias profesionales" y con el compromiso de una reforma del sistema a lo largo del año 2019. 

Nada dice de la subida del 1% al 1,5% del tipo de cotización de los trabajadores de oficina, una medida aparentemente inocua pero que según los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ver gráfico) alcanza a tres de cada cuatro trabajadores y supone, por tanto, una subida generalizada de medio en las cotizaciones sociales que pagan las empresas.

Según el informe sobre los Presupuestos de 2018 elaborado por CEOE, esa "desproporcionada disminución de ingresos" de la que habla el Gobierno fue en el año 2017 de unos 90 millones de euros - que se tradujeron en una reducción 'de facto' de las cotizaciones de las empresas con menores niveles de siniestralidad laboral - y no impidió que el sistema de lucha contra la siniestralidad acreditara un superávit de 442 millones de euros que fue automáticamente a alimentar el Fondo de Contingencias Profesionales.

Este Fondo opera a modo de 'hucha' - al igual que el Fondo de Reserva de las Pensiones - y en principio reserva esos excedentes por si en algún momento hubiera que utilizarlos para costear procesos de incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional, o algún tipo de indemnización por invalidez, muerte o supervivencia. Porque son éstas las contingencias que justifican la existencia de esa cotización empresarial y las que se sufragan con la misma.

Un cauce 'B' para financiar las pensiones

Sin embargo, lo que ha ocurrido en los últimos años es que, dada la precariedad de las cuentas del sistema de pensiones, los sucesivos gobiernos han ido tirando de esos excedentes del Fondo de Contingencias Profesionales para pagar las pensiones, supuestamente con carácter reintegrable en el futuro.

Ese excedente contable del sistema ha sido sistemático a lo largo de los últimos años y de hecho CEOE lleva reivindicando desde hace tiempo una reducción de las cotizaciones por accidentes de trabajo ante la evidencia de que existe una sobrecotización de carácter estructural.

La organización empresarial calcula que desde el año 2012 el Gobierno ha desviado 9.648 millones de euros de excedentes del Fondo de Contingencias Profesionales para pagar las pensiones públicas, una cifra que probablemente supere los 10.000 millones después de 2018, según las proyecciones de CEOE.