"Uno de los principales objetivos del Real Decreto de medidas económicas de emergencia del Gobierno fue establecer mecanismos para asegurar que los contratos se mantuvieran durante la situación de crisis sanitaria. Para reforzarlo la presente norma establece que no estará justificado el despido que se realice por causas relacionadas con el Covid-19". El Gobierno ha concluido que el parón económico derivado de las medidas de prevención del coronavirus no es más que un paréntesis puntual en el normal funcionamiento de la economía y que ésta se reactivará con la misma fuerza que antes una vez se levanten aquéllas. El diagnóstico le ha llevado a un reflexión clara y distinta: no hay motivo alguno para que las empresas realicen ajustes de plantilla por esta causa más allá de la solución temporal a través de los ERTE por fuerza mayor que el Gobierno les ha ofrecido y, por tanto, la ley no admitirá que se apele a esta causa para ejecutar despidos y extinguir contratos.
El área socio-laboral del Gobierno -controlada por los ministros de Unidas Podemos- llevaba días presionando dentro del Consejo de Ministros para arrancar de la vicepresidenta de Asuntos Económicos el 'plácet' para 'prohibir el despido durante la crisis del coronavirus' tal y como se había hecho en Italia. Este viernes al fin lo consiguió. Con un entusiasmo que le resultaba difícil ocultar, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que el Gobierno de coalición de las izquierdas prohibía "desde el día de hoy" despedir en España mientras durara la crisis del Covid-19 al tiempo que instaba a las empresas a comprometerse "con el pueblo" en estas difíciles circunstancias.
La herramienta legislativa ideada por el Gobierno actúa en dos direcciones. Por un lado, anula todo lo relacionado con la crisis del coronavirus como potencial coartada para argumentar causas objetivas a la hora de plantear un ajuste de plantilla. Si se da el caso, la ley entenderá que los despidos no están justificados. Por otro, interrumpe desde el inicio del 'estado de alarma' el contador de los contratos temporales, de modo que ese periodo no permitirá que se adelante su extinción. Si a un empleado le quedaban tres días de contrato el día que se decretó el estado de alarma su contrato sobrevivirá hasta tres días después de su suspensión y en ningún caso podrá deshacerse antes.
Fuentes de consultoras y despachos laboralistas que han tenido acceso a las últimas versiones del Decreto aprobado este viernes por el Gobierno -que a última hora de ayer aún no se había publicado en el BOE pese a que la ministra anunció que entraría en vigor el viernes- reconocen que el marco diseñado por el Gobierno dificulta hasta el extremo la posibilidad de despedir por causas objetivas y encauza de forma inexorable cualquier ajuste por la vía del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, que prevé la suspensión temporal de los contratos, pero no su extinción.
El fantasma de las quiebras
"Si lo que el Gobierno pretende es impedir los despidos durante la crisis del coronavirus, la norma aprobada lo va a conseguir porque creo que va a haber pocas empresas que se atrevan a hacerlo en estas condiciones. El asunto es lo que puede ocurrir el día después...La crisis del coronavirus no es un paréntesis, va a tener consecuencias relevante sobre algunos sectores y los despidos y las extinciones se van a producir antes o después", señala un consultor de una firma de reconocido prestigio y con experiencia en el ámbito de la política económica.
"Parece que el Gobierno sólo piensa en el escaso número de empresas que intentan defraudar cuando legisla", asegura un exalto cargo del Ministerio de Trabajo, ahora en el mundo del asesoramiento empresarial. "No se da cuenta de que los 'piratas' echarán el cierre y listo, se cargarán los empleos y no pagarán un euro. El problemas son las empresas cumplidoras que están en una situación vulnerable y a las que medidas así las pueden obligar a ir a la quiebra".
A golpe de decreto, Trabajo ha terminado por configurar un esquema laboral extraordinariamente garantista para el trabajador. Si es fijo no se le puede despedir por causas objetivas y si alguna empresa se arriesga a hacerlo corre serio riesgo de que su maniobra se declare nula; si es temporal, interino o becario su contrato queda en suspenso y deberá reanudarse después del levantamiento del estado de alarma; y si está incluido en un ERTE por fuerza mayor, la Autoridad Laboral se ha comprometido a hacer un seguimiento para que la empresa en cuestión no recorte su plantilla en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma. Las empresas estarán encadenadas a sus plantillas.
Ya lo advirtió este viernes también el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que avisó de que las empresas no pueden comprometerse a mantener la misma plantilla durante seis meses en un contexto económico que todos los organismos identifican como de recesión galopante, al menos durante la primera mitad del año. Ya por la tarde, tras la aprobación del Decreto, CEOE emitió un comunicado acusando al Ministerio de Trabajo de atacar la buena reputación de las empresas deslizando posibles comportamientos fraudulentos durante esta crisis.
"El compromiso de los seis meses lo acabarán anulando", augura uno de los consultores contactados por La Información. "En cuanto empiecen a ver que la economía no remonta y que hay empresas que empiezan a cerrar no les quedará más remedio que olvidarlo". "Se trata de una disposición interpretable. No creo que deba interpretarse como que tienes que mantener los mismos puestos de trabajo durante los próximos seis meses, sino como que no puedes variar la naturaleza de las relaciones contractuales. Por eso creo que lo han articulado como compromiso y no como obligación", interpreta German Nieves, de CE Consulting.
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