Trabajo moviliza a la Inspección para atajar los despidos ficticios de profesores

  • El Gobierno advirtió en junio a las autonomías de que perseguiría la práctica de despedir personal en junio para volver a contratarlo en septiembre.
Gráficos contratos fraude profesores
Gráficos contratos fraude profesores

El Ministerio de Trabajo ha decidido activar un plan de inspecciones masivas en centros escolares de toda España para perseguir y sancionar la contratación fraudulenta de docentes y otro personal auxiliar que son despedidos en junio, coincidiendo con el fin del curso escolar, para volver a ser contratados en septiembre, esquivando así el pago del sueldo y las cotizaciones sociales de estos trabajadores durante el paréntesis estival, según han confirmado a La Información fuentes gubernamentales.

"Vamos a abordar el asunto del mismo modo que se hizo con las cárnicas o con los 'riders'", aseguran fuentes conocedoras de los planes del Ministerio. El objetivo es detectar los casos de contratación fraudulenta de profesionales de la Educación y obligar a los centros escolares -sean públicos, concertados o privados- a abonar a los trabajadores los salarios y cotizaciones dejados de pagar con esta práctica, llegando a establecer las sanciones que se prevean en la legislación en caso de que dichas prácticas sean reiterativas.

Según fuentes gubernamentales, el Ministerio de Trabajo ya advirtió a las comunidades autónomas el pasado mes de junio -a escasos días de que finalizara el curso escolar- de que no iba a consentir la perpetuación de esta práctica y de que actuaría contra las comunidades autónomas y los centros escolares que la aplicaran. 

El asunto es muy dañino para las arcas de la Administración, ya que no solo resta los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales que se derivarían de las nóminas de los dos meses del parón estival, sino que generan un gasto importante ya que son los Servicios Públicos de Empleo los que cubren esas 'vacaciones' de dos meses.

Con todo, entre los meses de junio, julio y agosto el sector educativo dio de baja a más de 220.000 trabajadores, según los registros oficiales de ocupación de la Seguridad Social. Este martes hemos sabido que el pasado mes de septiembre el sector 'recuperó' 53.308 trabajadores en lo que a la vista de los precedentes de otros años no es más que la primera fase de un proceso que reintegrará en el mercado de trabajo a casi el mismo número de trabajadores que se dieron de baja justo antes del parón estival. 

Un fraude 'consentido'

El fenómeno no es excepcional. Se repite todos los años (ver gráfico) y constituye un fraude en toda regla, como ha determinado el Tribunal Supremo el pasado mes de junio en una sentencia en la que calificaba como ilegal la práctica de que los profesores interinos contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar sean cesados por sus empleadores el 30 de junio, evitando el abono de las nóminas de julio y agosto. Según el criterio del Alto Tribunal, esta práctica vulnera el principio de no discriminación recogido en el Acuerdo Marco de la Unión Europea sobre el trabajo de duración determinada.

El flujo de salidas y entradas que se produce entre junio y agosto y septiembre y octubre hace palidecer la también ya tradicional rotación que se produce en el sector de la construcción. El año pasado fueron más de 200.000 los profesionales del sector educativo que salieron entre junio, julio y agosto -según estuvieran contratados en la enseñanza obligatoria o en la universitaria- para volver a ser contratados entre septiembre y octubre, coincidiendo en el inicio de las clases.

Sin embargo, durante los últimos años no se ha producido actuación sistemática alguna contra este fraude, que las comunidades autónomas han utilizado como un 'mecanismo de flexibilidad' para dar cobertura a sus necesidades educativas sin sobrecargar sus plantillas con costes fijos, lo que en la empresa privada se ha considerado históricamente como un fraude de ley.

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