Las empresas han tenido el tiempo suficiente para adaptarse a la nueva normativa que exige el registro diario de la jornada de los trabajadores. Así lo entienden tanto el Ministerio de Trabajo como la Inspección, que dan por finiquitada la moratoria que se concedió a las compañías para implementar los sistemas de contabilización de las horas trabajadas que en cada caso particular consideren más oportunos. "Se acabó el periodo de gracia", avisan fuentes del departamento que dirige en funciones Magdalena Valerio. Y advierten: "Que se pongan las pilas".
Transcurridos ya casi cuatro meses de vigencia de la medida, el Ministerio de Trabajo considera que el plazo de adaptación que concedió la propia Valerio a las empresas ya ha expirado. "No se han tomado en serio el registro horario", lamentaba la ministra el pasado 13 de mayo, un día después de la entrada en vigor. El Gobierno ya había dado dos meses, desde que se aprobó por decreto en marzo, para estudiar cómo implantar el control de la jornada. Aun así, Valerio aseguró que la Inspección de Trabajo daría "margen de maniobra" antes de comenzar a sancionar. Pues bien, ahora, casi medio año después, no hay más margen.
"Se dieron unos plazos suficientes", zanjan desde el Ministerio. Recuerdan, no obstante, que "el inspector no llega y sanciona, sino que primero avisa". En este sentido, la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, Ana Ercoreca, explica a La Información que "la Inspección ya está actuando, no en la vertiente sancionadora, pero desde el minuto uno estamos haciendo requerimientos". A juicio de la inspectora, "se entiende que en septiembre el periodo de adaptación ya ha sido de sobra cumplido".
Es decir, a la vuelta del verano los requerimientos, si no se cumplen, se traducirán en multas. Eso sí, Ercoreca matiza que, tal y como recoge el criterio técnico sobre la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada, se valorará el hecho de que la empresa esté negociando lo relativo a la organización y documentación del registro con los representantes de los trabajadores en el momento de la visita del inspector "bajo el principio de buena fe".
Hay que recordar que las sanciones previstas para las empresas incumplidoras oscilan entre los 626 y 6.250 euros, unas cuantías insuficientes para los inspectores por considerarlas demasiado reducidas. En su opinión, la ley podría haber sido más ambiciosa si la sanción se impusiera por cada trabajador afectado y no de manera global. También consideran incompleto el texto en lo que se refiere a la consideración del "tiempo efectivo de trabajo". ¿Cuenta como tiempo efectivo de trabajo el tiempo que el empleado utiliza para ir al baño o cuando sale a fumar? "El criterio debe regularse", insisten, porque en estos momentos "para determinar qué es tiempo de trabajo hay que acudir a la jurisprudencia".
Los inspectores siempre han defendido que no existía ninguna moratoria hacia la implantación de la nueva ley, que desde el pasado 12 de mayo podían hacer visitas a las empresas y pedirles información sobre el sistema que utilizan para contabilizar las horas que trabajan sus empleados. De hecho, en el mes de junio una importante consultora revelaba que la inspección ya había iniciado diligencias contra empresas incumplidoras, si bien por el momento no se habían impuesto sanciones.
La negociación con los trabajadores, clave
Lo cierto es que ante la incertidumbre generalizada en el sector empresarial por la vaga redacción de la precipitada legislación, la directora de la Inspección de Trabajo, Soledad Serrano, deslizó en una reunión informativa con responsables de la CEOE que se daría un cierto margen a las empresas para acordar con los representantes de los trabajadores el sistema de registro horario más apropiado en cada caso. La norma no lo definía, ni siquiera quedaba claro en la guía práctica que publicó el Ministerio de Trabajo un día después de su entrada en vigor.
El criterio de la Inspección acepta cualquier medio físico o digital, siempre que garantice la fiabilidad y veracidad de los datos registrados y señala que el sistema debe ser accesible en cualquier momento y permanecer en el centro de trabajo. Respecto al régimen sancionador, además de librarse las empresas que demuestren que están negociando con los trabajadores, si se tiene la certeza de que una empresa cumple la normativa en materia de tiempo de trabajo o no se realizan horas extraordinarias puede sustituirse el inicio del procedimiento sancionador por la formulación de un requerimiento para que se dé cumplimiento a la obligación legal de garantizar el registro diario de la jornada de trabajo.
Las empresas siguen sin pagar las extra
La última Encuesta de Población Activa (EPA) echó un jarro de agua fría sobre las aspiraciones del Gobierno, en concreto del Ministerio de Trabajo, de reducir las horas extraordinarias no pagadas a través del registro de jornada obligatorio. Pese a que entró en vigor en mayo, las extra impagadas se dispararon un 10,5% en el segundo trimestre respecto al primero, hasta sumar 37,9 millones de horas extra que no fueron remuneradas y que tampoco cotizaron a la Seguridad Social.
De cualquier manera, y así lo corrobora Ercoreca, queda a valoración y criterio del inspector actuante en cada caso. Sin duda, junto con la lucha contra el fraude en la temporalidad y los falsos autónomos, la vigilancia del registro de jornada en las empresas va a ser una de las materias clave para estos profesionales a partir de septiembre. La Inspección empieza el nuevo curso con una plantilla de 2.055 inspectores y subinspectores que actúan por todo el territorio nacional. Un récord de efectivos que para la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo sigue siendo insuficiente: "No tenemos cuerpo ni medios materiales", denuncia.
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