El Ministerio de Trabajo está negociando con el departamento de Hacienda la ampliación de la jornada en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hasta las 40 horas semanales para toda la plantilla, de manera universal y voluntaria, según ha podido saber La Información por fuentes conocedoras de estas conversaciones. La medida, que supondría un desembolso para las arcas públicas de 23 millones de euros -de ahí que deba contar con el visto bueno de María Jesús Montero, responsable última de los costes del personal funcionario y laboral- cumpliría con una de las principales reivindicaciones del sindicato de funcionarios CSIF para asumir la sobrecarga de trabajo provocada por la pandemia.
La plantilla del SEPE está exhausta. Tras un año caótico en el que además de tener que afrontar con recursos humanos y materiales insuficientes una avalancha de solicitudes de prestaciones sin precedentes, han estado en el disparadero de las críticas por los retrasos en la gestión y en los pagos, especialmente en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Los trabajadores han venido denunciando esta situación desde la primavera de 2020, llegando a amenazar con ir a la huelga, aunque la revuelta nunca ha llegado a cristalizar porque en CSIF cunde la sensación de que generaría un fuerte rechazo en la opinión pública por el abandono que supondría para los parados.
Además de insistir al Gobierno en la necesidad de convocar una oferta de empleo público extraordinaria y específica para paliar el déficit estructural del organismo -en los últimos diez años se han perdido 3.400 efectivos-, agravado por la actual coyuntura económica, el sindicato ha puesto sobre la mesa otra medida de calado: la ampliación de horarios a 40 horas semanales de manera universal y voluntaria. Se trata de una posibilidad con la que ya cuentan en otros organismos como la Seguridad Social, también saturada en estos tiempos de pandemia por la incorporación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y CSIF reclama su aplicación en el SEPE. La ministra Yolanda Díaz ha recogido el guante y está negociando con Montero su eventual aplicación, según avanzan fuentes al tanto de estos contactos.
El problema con el que se encuentran en estos momentos en el SEPE, según detallan desde el organismo, es que no cuentan con tiempo material suficiente para atender la avalancha de prestaciones que ha provocado la crisis. Por eso, la ampliación de las jornadas al horario de tarde permitiría desatascar el cuello de botella y agilizar los trámites, defienden. Inicialmente, el Ministerio de Trabajo está de acuerdo en universalizar la jornada, siempre de manera voluntaria, a las 40 horas que demanda CSIF, pero fuentes del departamento matizan que la decisión final en este asunto corresponde al Ministerio de Hacienda. Desde CSIF se oponen a este planteamiento y aseguran que "solo hace falta voluntad política".
Pero la realidad es que toda decisión que afecte a los costes de personal debe pasar por Hacienda, que es la que tiene el control presupuestario y, por tanto, quien determina la posibilidad de dotar las partidas necesarias. En este caso, la ampliación de la jornada tendría un coste de unos 23 millones de euros, a razón de 21.103.000 euros para el personal funcionario y otros 1.828.700 euros para el personal laboral. Siempre teniendo en cuenta que se trata de cantidades máximas, calculadas en base a un escenario en el que la totalidad de la plantilla se acogiera al horario de 40 horas, por lo que el monto real de la eventual aplicación sería inferior. En cualquier caso, en CSIF consideran que se trata de un gasto "asumible", en comparación con el "coste social" que produce el retraso en la gestión de las prestaciones.
Las cifras se concretan en el Plan de Avance y Transformación del SEPE, un documento negociado en el seno del organismo que contempla una previsión de financiación total que ronda los 146 millones de euros. A los 23 millones para la ampliación de la jornada se sumarían otros 2,7 millones para Acción Social, en torno a 20 millones de euros, a concretar en el marco de negociación, para modificar la Relación de Puestos de Trabajo y hacerla más atractiva, y una partida plurianual de 100 millones para transformación tecnológica. El plan estratégico consta de cuatro ejes (recursos humanos; coordinación y cooperación internas; impulso a la innovación, automatización de procesos y modernización; y comunicación institucional) que aglutinan una serie de objetivos en medida a corto, medio y largo plazo.
Entre los proyectos a corto plazo, a implantar en 3 meses, figuran, además de la ampliación de la jornada a 40 horas, la elaboración de una propuesta para modificar la RPT del organismo, la recuperación del presupuesto de Acción Social, una serie de mejoras técnicas en la web, refuerzo para el teletrabajo o la automatización del cruce de presolicitudes con la renovación de rentas para evitar bajas de prestaciones, entre otros. A medio plazo (6 meses) se apuesta por la modernización de la Red de Atención Telemática y por la mejora del diseño de la sede electrónica, incluyendo la creación de una app, así como por el establecimiento de un procedimiento simplificado de cobros indebidos, entre otras medidas de mejora de la gestión como la recuperación del protocolo de colaboración con los Servicios de Empleo Autonómicos utilizado durante el confinamiento.
A largo plazo se plantean media docena de proyectos a culminar en un periodo de un año, como son la aprobación de la nueva RPT, la promoción vertical y horizontal para personal funcionario y laboral, el refuerzo de los fondos de modernización para aquellas oficinas que se considere conveniente, tras revisar los informes realizados por los servicios de salud laboral, la automatización de procesos de gestión de prestaciones, la simplificación y mejora de los servicios en la Sede Electrónica y la simplificación del Sistema de Protección por Desempleo. Ese sería, a grandes rasgos, el calendario negociado en el organismo y puesto en conocimiento del Ministerio de Trabajo. Fuentes sindicales, no obstante, ponen en cuarentena su cumplimiento: "Llevamos cuatro meses con el plan aprobado y todavía no se ha acometido ninguna medida", denuncian.
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