El Gobierno ha salido al paso de la denuncia del secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien reveló ayer que algunos empresarios se resisten a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, como ha establecido el actual Ejecutivo para este año por Real Decreto-ley. Lo ha hecho en boca del segundo de a bordo de Magdalena Valerio, el responsable de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien ha negado que se hayan producido "incidencias excesivas" en estos tres meses.
Sordo hizo público ayer que el sindicato está recibiendo consultas de trabajadores que consideran que la subida no se está aplicando correctamente en sus nóminas. "Hay mucho trabajo a tiempo parcial y la subida del SMI debería aplicarse de forma parcial. Se están absorbiendo pluses que cobraban en otros conceptos y, por tanto, el montante final en la nómina es el mismo", se quejó en los micrófonos de la Ser.
El dirigente sindical aseguró que este problema no se debe al desconocimiento de la medida por parte de las empresas, sino a su "resistencia" a aplicarla. Fuentes de sus colegas de UGT consultadas por La Información confirman que se está produciendo un "aluvión de consultas" por este motivo, "un auténtico goteo", dicen, de trabajadores que han detectado "prácticas irregulares" por parte de los empresarios.
Granado, en cambio, ha tumbado estas afirmaciones al descartar una "resistencia masiva" de los empleadores a subir el sueldo mínimo. Ha querido destacar la "buena voluntad" de los empresarios a la hora de cumplir "religiosamente" con las nuevas cuantías, "les guste o no". Prueba de ello, ha dicho, es un incremento de los ingresos por cotizaciones de más del 7% hasta marzo.
Así, ha avanzado la previsión de caja de la Tesorería, no sin recordar que el dato oficial depende de la Intervención General de la Seguridad Social y no se dará a conocer hasta finales de este mes. Con su estimación, de momento, ha constatado que, incluso "sin los dos motores auxiliares que supondrán la cotización de los desempleados y de los cuidadores (acaban de aprobarse y aún no han empezado a reportarse) va a ser un buen año en materia de ingresos". Hay que recordar que en los Presupuestos que tumbó el Congreso de los Diputados, el Gobierno preveía un incremento de la recaudación por cotizaciones sociales de trabajadores y empresas del 7,5% en 2019, hasta los 123.584 millones de euros.
Sí ha reconocido, no obstante, que al Ministerio de Trabajo le han constado en estos meses "resistencias" en el sector agrario, donde se acumula el grueso de trabajadores que cobran el salario mínimo. Para facilitar la "transición", su departamento elaboró, en colaboración con la Secretaría de Estado de Empleo, una normativa de bonificaciones a la conversión de trabajadores eventuales en indefinidos, ha recordado.
Con todo, y a pesar de haber negado estas resistencias generalizadas, el secretario de Estado ha animado a los trabajadores a hacer uso de los canales que pone a su disposición la Inspección de Trabajo. Se ha referido a la denuncia anónima, donde "cualquier trabajador que sienta que está lesionado en sus derechos porque sus empleadores se niegan a pagarle el SMI puede hacer uso de su capacidad de denuncia". "La Inspección actuará para reponer los derechos de los trabajadores y obligar a los empleadores a pagarlo", se ha comprometido Granado.
Defensa de la subida del SMI
Durante la rueda de prensa de valoración de los datos de paro y afiliación, Granado ha realizado una acérrima defensa de la subida del SMI aprobada por su Gobierno, del 22,3%, la mayor de la democracia. Según ha explicado, la Autoridad Fiscal (AIReF) ha pedido al Ejecutivo un informe de evaluación del impacto de este fuerte incremento en el mercado laboral, ante las voces que advirtieron de que un alza tan importante podría tener efectos negativos en la creación de empleo en los sectores más vulnerables. El propio Banco de España cifró la destrucción en 125.000 puestos de trabajo.
Tras tildar estos avisos de "precipitados", el secretario de Estado de Seguridad Social ha desmontado con cifras del primer trimestre los cinco argumentos principales que se han esgrimido contra el avance del sueldo mínimo y ha asegurado tajante que "ni se han pasado trabajadores del régimen general al de autónomos, ni ha disminuido el número de empleadas del hogar, ni los trabajadores del sector agrario, ni se ha reducido la jornada laboral, ni se han precarizado las condiciones de trabajo".
Si bien ha reconocido que este análisis, el suyo propio, también podría ser precipitado, pues se está midiendo la evolución de apenas tres meses y no se garantizarán datos "más solventes" hasta finales del ejercicio, Granado ha defendido que "la economía española está agradeciendo que suban los salarios" tras "años de fuerte contracción". También lo va a agradecer, ha dicho, el sistema de las pensiones, "porque para pagar mejores pensiones, hay que ingresar más, para ingresar más hay que cotizar más y, para ello, hay que pagar mejores salarios". En suma, ha justificado, por parte del poder Ejecutivo, el impulso al SMI y a la base máxima de cotización, y ha remitido a la próxima legislatura para empezar a hablar de medidas de calado para el conjunto del Sistema.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios