El 28 de diciembre de 2011 es una fecha marcada en rojo para la gestión de la peor crisis económica sufrida por España en democracia. Ese día, el recién nombrado presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reunía a su Consejo de Ministros y aprobaba una serie de medidas encumbradas por una subida inmediata y generalizada en el IRPF; un par de meses después, en febrero de 2012, vendría la reforma laboral. Entre una y otra, y en la misma víspera del día de Reyes, se ponía fin a una práctica que durante los años del crecimiento económico también había vivido su particular expansión: la contratación estable de trabajadores no comunitarios, el más conocido como contingente legal de inmigrantes.
A través de una orden ministerial, por la que se regulaba anualmente la gestión colectiva de contrataciones en origen desde el cambio de siglo, el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social limitó a solo empleos temporales (campañas agrícolas o acuerdos puntuales con países) la posibilidad de traer a trabajadores extranjeros. Demasiado tenía el mercado laboral nacional con enjugar lo poco que podía enjugar. Por lo tanto, esa orden se ha estado prorrogando tal cual y sin excepciones durante los seis años siguientes (y pese a que en los últimos se han creado más de medio millón de empleos cada ejercicio).
Hasta este último día de 2018, cuando el Boletín Oficial del Estado ha recogido el regreso a la situación anterior a la recesión para el año 2019. "El análisis del mercado de trabajo y, en concreto, de ciertos sectores específicos, ha puesto de manifiesto la existencia de un cierto repunte de necesidades no cubiertas", explica la orden antes de subrayar dos aspectos a medio y largo plazo que avalan esta nueva aceptación de mano de obra ajena: su positivo impacto demográfico y la cercana jubilación de numerosos cotizantes españoles.
"En atención a ello y tras las consultas con las comunidades autónomas así como con la información suministrada por el Servicio Público de Empleo Estatal sobre la situación nacional de empleo se considera conveniente habilitar una vía que permita, en caso de que así sea previsto en el marco de un proyecto de migración legal o sea requerido para cubrir ciertas necesidades del mercado, la contratación estable para el 2019", continúa la orden que también recupera otra medida de fronteras hacia fuera perdida durante la pasada crisis: la concesión de visados para búsqueda de empleo dirigidos a hijos y nietos de español de origen.
La orden especifica además las particularidades del procedimiento de contratación de trabajadores con la intención de cumplir "un doble objetivo". Por un lado, "contribuir a la cobertura de este repunte de necesidades no cubiertas. Y, de otro lado, articular una vía de migración segura, ordenada y regular, avanzándose, en este sentido en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 así como en los objetivos del Pacto Global de Migraciones".
Lo que no aclara la orden es el número de posibles beneficiarios en este caso, ya que este dependerá de las necesidades que se vayan detectando y recaerá finalmente en la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, que analizará trimestralmente el desarrollo de la orden, "así como la evolución de los factores que mayor incidencia hayan tenido para la determinación de las contrataciones en origen".
Ya en los últimos dos años del contingente en vigor sin excepciones se había producido una reducción considerable en las cifras de contratación estable. Para 2009 ya se rebajó inicialmente de un millar a apenas 200 y así se repitió en 2010. En 2011, se canceló la opción de estos trabajos que, siempre según la orden de Trabajo, cuando utiliza la expresión estable se refiere a empleos no inferiores a un año y con actividad continuada. Porque en estos años sí se han autorizado contingentes temporales y concretos.
Sin embargo, y si se suman las contrataciones temporales, la cifra puede ser muy superior para el año que comienza. Hace apenas dos semanas, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, puso como ejemplo en el Congreso de acuerdo concreto con terceros países las negociaciones para traer a unos 17.000 trabajadores solo para la campaña de los frutos rojos.
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