La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha lanzado una clara advertencia a las empresas ante la avalancha de ajustes de plantilla que se están produciendo por la crisis del coronavirus. Su departamento va a agilizar los trámites al máximo para aliviar el cuello de botella que se ha generado en las oficinas de empleo, pero eso sí, se revisarán de oficio todos los ERTEs que se están aprobando estos días y en caso de observar algún tipo de fraude se obligará a las empresas a devolver "hasta el último céntimo de euro" del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados.
Medidas drásticas ante situaciones drásticas. No es el único anuncio que ha hecho la ministra durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado este viernes. El primero y el de mayor calado: la penalización de los despidos definitivos durante el tiempo que dure la crisis del Covid-19. Díaz ha dejado claro que si el Gobierno ha flexibilizado el acceso a las suspensiones temporales de empleo es precisamente para que los empresarios hagan uso de estas herramientas legales y no opten por la extinción de contratos.
En este sentido, el Ejecutivo ha dado hoy un paso más en la suavización de los ERTE y se ha comprometido a acelerar el cobro de la prestación por desempleo, una gestión que se estaba viendo bloqueada por la avalancha de solicitudes en las oficinas autonómicas. A partir de ahora, la empresa comunicará la solicitud del ERTE al Sepe a través de un formulario en el que apenas deben constar los nombres y apellidos de los trabajadores afectados, sus DNI y números de cuenta para realizar las transferencias.
Según ha explicado la ministra, los servicios públicos de empleo (que ha reconocido que están "desbordados" y trabajando "a destajo") tramitarán directamente estas prestaciones de los trabajadores afectados por ERTE y el beneficiario no tendrá que realizar ningún trámite burocrático para cobrar el seguro por desempleo. El objetivo, ha incidido Díaz, es que todos ellos cobren la prestación "con prontitud". Además, y como novedad, ha adelantado que al igual que en el caso de los ERTE, todas las prestaciones por desempleo concedidas durante el estado de alarma no restarán a los parados, es decir, que se pondrá el 'contador a cero' a la hora de reconocer futuras prestaciones.
En este paquete de medidas para "abundar en el escudo social", Díaz ha descartado aprobar nuevas herramientas o suprimir trámites para facilitar la labor a las comunidades autónomas para asumir el aluvión de solicitudes que están recibiendo. Algunas como la Comunidad de Madrid han pedido al Gobierno que reduzca los plazos de resolución y suspenda los cinco días hábiles que se dan por una declaración responsable a las empresas para evitar ERTE con errores y fraudulentos por silencio administrativo positivo, un fenómeno que ya estaba provocando un auténtico coladero, tal y como se reveló en estas páginas.
Aunque no se han valorado medidas en este sentido, Díaz ha avisado de que la Inspección de Trabajo va a ser la encargada de supervisar que todos estos expedientes tramitados cumplen con la legislación vigente, es decir, que realmente existen causas de fuerza mayor o motivos económicos que han lastrado la actividad de la empresa. En este sentido, la ministra ha advertido de que si la Inspección detecta ERTE irregulares, "las empresas tendrán que devolver hasta el último céntimo, incluido lo percibido por el trabajador por el desempleo".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios