La factura del absentismo

Trabajo sacará 200 millones del dinero de las pensiones para reflotar a las mutuas

La Seguridad Social prepara un balón de oxígeno para paliar al agujero de 750 millones abierto en el sector por la gestión de la incapacidad temporal.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado / EFE
La Seguridad Social, que dirige Octavio Granado, apartará unos 200 millones de euros de las pensiones para atender la brecha financiera abierta en la mutuas / EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que apartar unos 200 millones de euros de la partida presupuestaria de las pensiones para atender la delicada situación financiera de las mutuas de accidentes de trabajo al igual que se vio obligada a hacer la ministra Fátima Báñez en los últimos años por culpa de la descontrolada crecida del gasto asociado a la cobertura de las bajas por enfermedades no laborales de los trabajadores.

No ha sido una decisión sencilla. La Seguridad Social ha jugueteado durante meses con la idea de no liberar esta financiación adicional, exigida como estaba por la decisión política de Pedro Sánchez de elevar las pensiones más allá de lo previsto en los Presupuestos de 2018 para impedir que perdieran poder adquisitivo y por el arreglo pactado entre el Gobierno del PP y el PNV que decretó una subida de pensiones sin su correspondiente reflejo presupuestario.

La mejora de las expectativas de ingresos por cotizaciones y los datos alarmantes que el sector ha comunicado al Ministerio de Trabajo en los últimos meses, que sitúan el agujero financiero derivado de la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, es decir, de las bajas de trabajadores por circunstancias no asociadas al trabajo, en 739 millones de euros, parecen haber resuelto las dudas del Ministerio.

Los últimos datos manejados por el sector revelan que media docena de las 20 mayores mutuas del país ya han comenzado a consumir sus 'reservas de emergencia' para cubrir las necesidades financieras que les están generando las bajas. Un camino que conduce a lugares inquietantes como bien conoce ya Mutua Gallega, que ha sido la primera entidad en consumir en su totalidad su colchón de seguridad y también la primera en ser obligada a aceptar una operación corporativa para reducir su riesgo sobre las arcas públicas, en su caso siendo absorbida por Ibermutuamur.

El asunto viene agravado porque el sector ha perdido ya cerca de 1.500 millones de euros por el descontrol del absentismo en los últimos años y porque el Gobierno ha diluido toda expectativa de mejora en la financiación ordinaria que reciben las mutuas, que por cierto sale de las cuotas sociales abonadas por trabajadores y empresarios, las mismas que financian el pago de las pensiones del sistema público.

Evitar un problema mayor: varias mutuas en el punto de mira

Fuentes del sector interpretan la decisión del Gobierno, plasmada en una resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, como una forma de evitar un mal mayor. Tras la intervención por parte de la Seguridad Social y posterior absorción dirigida de Mutua Gallega por otra mutua en mejor situación, en este caso Ibermutuamur, otras entidades del sector, entre las que la más expuesta es Mutua Canaria se aproximaban peligrosamente a esa misma situación.

Una situación sobre la que ya advirtió la auditoría de la entidad correspondientes al año 2017. "De persistir esta tendencia negativa en los ejercicios siguientes, existe el riesgo de que la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales se sitúe por debajo del 80% de su cuantía mínima, situación que podría desencadenar la adopción de medidas cautelares". A Mutua Gallega se la intervino con ese colchón en el 17%.

Según los datos proporcionados por la propia mutua el pasado mes de octubre, a los que ha tenido acceso La Información, la situación de Mutua Canaria era límite. Sin colchón alguno ya en la reserva por contingencias comunes - una situación en la que están la mayoría de las entidades del sector -, Mutua Canaria ya no dispone de saldo alguno en ninguno de los colchones de emergencia que la ley obliga a mantener a la mutuas y está consumiendo ya el último remanente del que dispone: la Reserva de Estabilización por Contingencias Profesionales, que la ley exige tener entre el 45% y el 30% y que en el caso de Mutua Canaria está en el 26,17%, por debajo del umbral legal

Desde Mutua Canaria subrayan que la normativa actual posibilita compensar el déficit en una determinada contingencia con el superávit generado en la otra, de tal manera que la reserva financiera no se ubique por debajo del 24%. "Nuestra mutua se situaba en el 27,48% en agosto (26,17% en octubre), lo que nos da cierta holgura. Quizá, no toda la deseada, pero sí la suficiente para hacer frente a la compleja situación que vive el conjunto del sector".

Fuentes de la mutua avanzan que sus previsiones apuntan a un cierre de ejercicio con unos resultados óptimos, que, entienden, permitirán a la entidad continuar funcionando de manera independiente y no verse implicada en el runrún de fusiones en el que se maneja el sector. Fuentes gubernamentales admiten, no obstante, que en los informes internos de los técnicos de la Seguridad Social en los que se advertía de la situación de la Mutua Gallega también se mencionaban los problemas de otras dos entidades: Mutua Canaria y Mutua Montañesa.

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