Cada año, coincidiendo con la finalización del curso escolar, decenas de miles de profesores son despedidos en junio... para volver a ser contratados en septiembre. Es otra dimensión de la estacionalidad, en paralelo a las contrataciones temporales para cubrir las necesidades del sector servicios en plena temporada alta del turismo. En esta ocasión se han ido al paro nada menos que 53.423 personas entre docentes y personal auxiliar, de acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Un dato que ensucia la estadística de un mes en el que el mercado laboral español ha superado los 19,5 millones de cotizantes por primera vez en la historia.
Se trata de una práctica habitual entre los centros educativos para esquivar el abono del sueldo y de las cotizaciones sociales de estos trabajadores durante el paréntesis estival. Fue considerada ilegal por el Tribunal Supremo y, como se adelantó en estas páginas, el Ministerio de Trabajo puso en marcha una campaña específica de inspección para acabar con este fraude. Sin embargo, finalmente se ha resignado a abandonarla tras verse obligados a asumir el criterio de la justicia europea que, en contra del alto tribunal, avaló el cese de los profesores interinos tras el periodo lectivo.
Tras la sentencia del Supremo, que consideró discriminatorios estos despidos en junio de 2018, el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez se puso manos a la obra para acabar con esta práctica que, hay que recordar, no solo supone un importante ahorro para las empresas, sino también una notable merma de ingresos para la Seguridad Social y, obviamente, una mayor carga para la caja del paro, que tiene que asumir las prestaciones de los profesores durante los meses de verano.
Ya en junio del año pasado, al poco de finalizar el curso escolar, el Ministerio de Trabajo advirtió a las comunidades autónomas de que no iba a permitir la perpetuación de esta práctica y de que actuaría contra los centros escolares que la aplicaran, ya fueran públicos, concertados o privados, obligándoles a abonar a los trabajadores los salarios y cotizaciones dejados de pagar durante esos meses y llegando incluso a prever sanciones en caso de que dichas prácticas fueran reiterativas.
La Inspección llegó a activar una herramienta antifraude para analizar las altas y bajas a la Seguridad Social y los tipos de contratos del personal docente. "El Ministerio dio un toque a las comunidades autónomas y se llevó a cabo la revisión de bastantes contratos, sobre todo de los fijos discontinuos, me consta que se enviaron cartas y se pidieron datos concretos sobre las plantillas a muchos centros educativos", revela desde la Federación de Enseñanza de CCOO su secretario de acción sindical, José María Ruiz.
Es decir, la vigilancia estuvo activada y en pleno funcionamiento desde el verano pasado. Hasta el mes de noviembre, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el despido de los profesores durante el periodo vacacional. No se volvió a saber más de la campaña de la Inspección hasta ayer, cuando durante la rueda de prensa de presentación de los datos del paro y afiliación en el mes de junio el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se pronunció al respecto, básicamente para comunicar que el Ministerio ha tirado la toalla y se ha resignado a no perseguir estos despidos ficticios.
Antes de que nadie le preguntase por la cuestión, Granado se refirió a estos profesionales, "que no tienen estabilidad en el empleo y son despedidos en los meses de verano". "Nosotros intentamos realizar campañas en contra de esta práctica, pero nos hemos encontrado con varias sentencias del TJUE justificando el despido de interinos en la docencia", explicó. Ante esta situación "evidentemente acatamos las sentencias y no podemos invocar que exista irregularidad, por más que sea una práctica que nos parece enormemente perniciosa para el colectivo, porque el resto de los trabajadores sí cotizan durante sus vacaciones", lamentó el secretario de Estado.
Efectivamente, fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio confirman que la Seguridad Social se ha visto obligada a abandonar esta campaña "en contra de su voluntad". "El Tribunal Europeo avaló estos despidos y la Seguridad Social acata las sentencias", zanjan. Se deja de lado así la persecución de una práctica que ha sido considerada como un fraude de ley que las comunidades autónomas han utilizado como una suerte de mecanismo de flexibilidad para dar cobertura a sus necesidades educativas sin sobrecargar sus plantillas con costes fijos.
"Lo peor está por venir"
El fenómeno no es excepcional, ni mucho menos. Se repite todos los años. Es más, el abandono de la campaña de vigilancia por parte de la Inspección se deja sentir en las estadísticas, pues los despidos en este junio apenas se reducen en 800 personas respecto a los ceses del año pasado (54.231), una cifra que podría haberse ampliado de mantenerse el control sobre este tipo de contratos con figuras "raras", como los fijos discontinuos, según certifica Ruiz (CCOO).
"Y lo peor está por venir", advierte el portavoz sindical. Cierto es que los despidos empiezan en junio, cuando salen, sobre todo, los maestros de educación infantil. Pero después vienen julio y agosto, cuando se suman al paro los profesores de las universidades privadas y otros centros, como los que preparan las oposiciones. El año pasado durante junio, julio y agosto el sector educativo dio de baja a 220.000 trabajadores. Con la vuelta al cole, en septiembre se 'recuperaron' 53.308, casi los mismos que se habían despedido en junio. En octubre se contrataron otros 148.049 profesionales con la activación del mundo universitario y en noviembre, 31.503 más. Prácticamente, 'lo comido por lo servido'.
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