El Gobierno ha constatado que la figura del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha sido clave en la crisis Covid, evitando la destrucción masiva de empleo y contribuyendo a preservar capital humano y tejido productivo, y quiere convertirlo en un sistema estructural de ajuste de la economía frente los mecanismos tradicionales de despido y contratación temporal. Así se lo ha trasladado a Bruselas, en el marco de las reformas necesarias para el acceso a los fondos de recuperación, y en ese sentido están trabajando distintos departamentos implicados. El diseño del futuro esquema de ERTE está todavía en una fase incipiente -ni siquiera se ha presentado a los agentes sociales- pero empiezan a ponerse sobre la mesa distintas alternativas para su financiación, siendo precisamente el elevado coste de la medida el punto más crítico para su implantación en España.
Una de las vías para costear el eventual sistema permanente de ERTE que está valorando el Ministerio de Trabajo sería la utilización del remanente del sistema de protección por desempleo, la diferencia entre lo recaudado por cotizaciones y la suma de los gastos en los niveles contributivo y asistencial. La 'hucha' acumulada por las transferencias al SEPE dejadas de abonar en los últimos años por el Estado para sufragar la parte no contributiva de la actuación protectora (subsidios al desempleo para parados de larga duración, bonificaciones a la contratación con cargo a la cuota por desempleo...) alcanzaba los 18.184 millones de euros en términos de derechos de cobro acumulados a finales de 2019, según las cuentas anuales del SEPE. En otras palabras, el Estado le debía más de 18.000 millones al sistema público de protección al desempleo en concepto de los 'gastos impropios' abonados con cotizaciones por desempleo de empresarios y trabajadores para cuestiones ajenas a la cobertura contributiva.
Sin embargo, hay que recordar que el Ministerio de Trabajo decidió en mayo de 2020, tras el primer pico de la pandemia, tirar de los remanentes acumulados durante los últimos años por el sistema de protección al desempleo para sufragar la factura del escudo social, en particular de los ERTE, ante la insuficiencia de las transferencias del Estado. Aun así, como se reveló en estas páginas, pasado el verano ya asumía que no sería suficiente y que serían necesarias más inyecciones de liquidez. En cualquier caso, según los último datos facilitados, el Gobierno ya se ha gastado 40.000 millones de euros por este concepto (incluyendo las ayudas a autónomos), de los cuales 13.900 millones han sido financiados con el programa SURE de la Comisión Europea, que contempla en total 21.300 millones de euros para España.
El recurso a la 'hucha del paro' para financiar el nuevo sistema de ERTE estructurales es solo una idea que se está madurando en el Ministerio y que todavía no se ha llevado a la mesa de diálogo social, donde deben acordarse con la patronal y los sindicatos las reformas comprometidas con Bruselas. El asunto es espinoso porque este remanente ya ha sido foco de tensión entre los agentes sociales en no pocas ocasiones, ya que los sindicatos han exigido que se emplee para mejorar las prestaciones de los desempleados y la CEOE ha planteado que se dedique a reducir la contribución de las empresas vía cotizaciones al desempleo. En paralelo, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha planteado que parte del histórico superávit del SEPE se desvíe a la Seguridad Social para aportar al abono de las pensiones. Sin embargo, habría que analizar en qué situación financiera se encuentra el servicio público de empleo tras la Covid, que ha provocado un gasto récord en prestaciones de 36.400 millones de euros en 2020.
Esa sería una de las vías para convertir los ERTE en un sistema estructural de ajuste de la economía. El Gobierno lleva avanzando su intención de avanzar en esa dirección desde el pasado verano, cuando se constató la eficacia de este mecanismo para hacer frente a shock de demanda repentinos como el provocado por la situación de emergencia sanitaria, y así se lo ha comunicado a la UE. Aunque son muchas las incógnitas en torno al eventual esquema, el ministro Escrivá ha ido despejando algunas: la nueva figura buscará facilitar la movilidad de los trabajadores entre empresas sin necesidad de pasar por el desempleo, para evitar situaciones de ERE; irá ligado a la formación de los trabajadores en ERTE, con posibilidad de ayuda pública en función del tamaño de las empresas; y será financiable con los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia.
El Ejecutivo de coalición entiende que en España, las empresas han recurrido tradicionalmente a los ajustes externos, a través de la finalización de contratos temporales y de despidos, ante shocks económicos. Esto ha supuesto un coste muy alto tanto para las compañías, por el desembolso en despidos y el posterior gasto en contratación y formación, como para los trabajadores, al romperse el vínculo con la empresa y convertirse en muchos casos en paro de larga duración, como para el Estado, que lleva financiando desde mediados de los setenta una tasa media de paro de en torno al 15%. La idea ahora, una vez superada la pandemia, es introducir un mecanismo de carácter permanente que evite que las empresas recurran al despido ante situaciones de crisis y apuesten por los ERTE y, sobre todo, por la formación.
Un fondo tripartito
El Ministerio de Asuntos Económicos tiene en mente un modelo basado en el sistema alemán, en el que las empresas que se vean obligadas a procesos de reestructuración ante desplomes de la actividad puedan hibernar a sus trabajadores, con apoyo económico público, de manera que estos tengan la posibilidad de formarse en nuevas capacidades y moverse a otros sectores más productivos. En este sentido, otra de las vías de financiación que se abren, en este caso señalada desde el departamento de Escrivá, son los fondos Next Generation UE. De ahí partiría el apoyo estatal, que sería complementado por aportaciones de las empresas y de los propios trabajadores. Y es que en la reforma enviada a Bruselas, el Gobierno introdujo la creación de un fondo tripartito para costear las prestaciones y la compensación de las cotizaciones sociales en este modelo de ERTE como alternativa al ajuste externo del empleo ante perturbaciones económicas.
Quedarían, no obstante, importantes lagunas que solventar en la mesa de diálogo social. Tanto Seguridad Social como Trabajo, y como es seña de identidad de este Gobierno, se han mostrado partidarios de que todos estos cambios se debatan con la patronal y los sindicatos. Por ejemplo, uno de los retos principales pasa por establecer un modelo para ligar los nuevos ERTE a la negociación colectiva. Esto sería relativamente sencillo en sectores de mayor tamaño, pero se antoja difícil en pequeños negocios donde no existe representación legal de los trabajadores. Y esa es una de las fórmulas que deberán determinarse en el diálogo con los interlocutores sociales, entre otros detalles. Todo ello, una vez abierta la mesa de negociación para la "modernización del mercado de trabajo".
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