París.- La ley sobre las pensiones en Francia, la reforma más importante del mandato de Nicolas Sarkozy, inicia hoy su tramitación ante la Asamblea Nacional con todos los sondeos en contra y una de las jornadas de movilización sindical más importantes de los últimos años.
Los diputados debaten desde esta tarde un texto cuyo eje principal es el retraso de la edad mínima para jubilarse de los 60 a los 62 años, lo que supone elevar de 65 a 67 años la edad que da derecho a una pensión completa para los que no han cubierto la totalidad del periodo de cotización requerido.
Sarkozy ya ha advertido de que no habrá cambios en ese punto, como tampoco en el incremento de la tasa de cotización de los funcionarios para equipararse a los empleados del sector privado o la prolongación del periodo de cotización que da derecho a una pensión completa de 41 a 41,5 años.
El Gobierno se guarda en el bolsillo varias concesiones, para ir sacando durante el periodo de tramitación parlamentaria en forma de enmiendas, en tres cuestiones.
Se trataría de compensar a los que realizan trabajos penosos -en principio se prevé mantener la jubilación a los 60 años para los que tengan una invalidez del 20%-, a los que han cubierto el periodo de cotización antes de llegar a la edad de retirarse, y a los que están penalizados por haber cotizado durante su vida activa a diversos regímenes de la Seguridad Social.
El debate parlamentario se va a ver contaminado por la insistencia del jefe del Estado en mantener al frente a su ministro de Trabajo, Eric Woerth, salpicado por el escándalo que rodea a Liliane Bettencourt, y al que la justicia investiga por si dio un trato de favor a la multimillonaria.
Ese asunto puede haber contribuido a que todas las encuestas de los últimos días han mostrado la oposición claramente mayoritaria de los franceses a la reforma (entre el 63% y el 73%), aunque las personas interrogadas admiten en proporciones casi idénticas que un ajuste en el sistema de pensiones es inevitable.
El Partido Socialista (PS) pretende aprovechar ese sentimiento de agravamiento de las injusticias con las propuestas del Gobierno y aunque no ha cuantificado con precisión el impacto financiero de sus alternativas, insiste en su defensa del derecho a jubilarse a los 60 años y se ha limitado a reconocer que habrá que cotizar más tiempo conforme aumenta la esperanza de vida.
Los grandes sindicatos (CGT, CFDT y FO) aparecen en principio unidos en bloque hoy en la organización de la jornada de huelgas y manifestaciones, en las que esperan sacar a la calle a más de dos millones de personas, la cifra que habían dado en la anterior protesta del 24 de junio.
Mañana los líderes de las centrales tienen previsto reunirse para hacer una valoración de la jornada y de los gestos que está dispuesto a hacer el Gobierno en su dirección con vistas a nuevas protestas que podrían llegar este mismo mes.
Sin embargo, la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT) podría repetir su tradición pactista y flexibilizar su rechazo en caso de obtener concesiones, sobre todo la retirada de la elevación de 65 a 67 años de la edad de jubilación para tener una pensión completa y una mejor compensación a la hora de jubilarse de las personas que desarrollan un trabajo penoso.
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