La transición vuelve a estar de moda. Es una palabra que implica cambio de un estado a otro, o una práctica para pasar rápido, pero ordenadamente, entre ideas en un discurso o incluso entre una política y otra. A la palabra transición se le suelen también añadir adjetivos: democrática, tecnológica, política, ecológica, etc., pero la que más titulares está arrancando en los últimos años es la transición energética.
Con toda probabilidad, la transición energética es el mayor reto al que se ha enfrentado el ser humano en los últimos siglos. El paso de una economía basada en el carbono a otra en la que las energías renovables lleven el protagonismo del mix energético es una cuestión que suscita grandes dudas e incertidumbres. De la misma manera, también es aceptada por gobiernos, empresas, generadores de energía e incluso sociedad civil, como un elemento necesario en la economía del siglo XXI.
Sin duda, el Acuerdo de París de 2015 supuso un aldabonazo en los planes estratégicos de las grandes compañías energéticas. En los últimos cinco años todas se han lanzado a una desenfrenada carrera para comprar activos renovables y, en la medida de lo posible, a deshacerse de todo aquello que oliera a petróleo o carbón.
En esta batalla muchas víctimas han ido quedando por el camino. Los principales damnificados están siendo los trabajadores de las prósperas extracciones de petróleo de esquisto estadounidenses. Aquellas que, a mediados de la década pasada, se alzaron contra los precios que imponía la OPEP y que fijaron en los 70 dólares el coste máximo del crudo.
Por encima de esta cifra los americanos únicamente tenían que apretar el acelerador y poner a producir sus campos. Automáticamente, el precio de barril comenzaba a descender. Las leyes de la oferta y demanda cumplían su cometido y, por primera vez en la historia, las tensiones sobre las economías más dependientes del negro mineral se liberaban.
Sin embargo, la transición energética obliga a renunciar a este logro geoestratégico de occidente frente al grupo de países que forman la OPEP. Ahora ya no es tan importante la producción de energía como el origen y color de la misma. El verde se está imponiendo al negro y las antiguas compañías exclusivamente petroleras se han rebautizado como energéticas. Este eufemismo se ha visto acompañado de importantes movimientos empresariales y muchos de ellos se están dando en nuestro país.
Total se convertirá en la cuarta energética en España, tras la compra de los activos y la golosa cartera de clientes a EDP. Con apenas una inversión de 500 millones de euros, la multinacional gala se ha hecho de golpe con más de dos millones y medio de clientes eléctricos de nuestro país, incluso por delante de Repsol, compañía que ya en 2018 se fijó la adquisición de 2.350 megavatios renovables y que en la actualidad supera el millón de clientes.
Recientemente, en mitad de la pandemia, EDP anunciaba la compra de Viesgo. La operación supone la compra de todos sus activos en España. El montante de la operación asciende a 2.700 millones de euros y la compra irá destinada a engrosar los activos renovables de su filial EDP Renovaveis.
Si algo tienen en común estas operaciones es la apuesta por la generación renovable, pero respaldada por los ciclos combinados: las que pueden ser las futuras víctimas de un plan que se olvida que, para contar con energía renovable, de momento y hasta que se solucione el problema del almacenamiento de la energía sobrante de plantas fotovoltaicas y parques eólicos, es necesario contar con un sistema que lo respalde y no hay otro mejor posicionado que el gas.
La transición energética tiene otro calificativo más. Además de suponer un cambio en el mercado de la energía, tiene -o tendría- que ser justa. Evidentemente, en este tránsito habrá negocios que cambien, otros que se salven y los últimos, que no serán pocos, desaparecerán.
Junto al Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Transición Justa tratará de "optimizar los resultados de la Transición Ecológica para el empleo y asegurar que las personas y las regiones aprovechen al máximo las oportunidades de esta transición y que nadie se quede atrás".
Esta es la máxima que debe cumplir la transición energética para que sea justa. Sin este requisito, la transición perderá su carácter ordenado y se convertirá en un ‘sálvese quien pueda’ caótico.
La materialización del cambio se plasma en los Convenios de Transición Justa. Estos planes están destinados al mantenimiento del empleo y la creación de actividad en los territorios en los que paulatinamente se vayan cerrando centrales térmicas de carbón y centrales nucleares. Ambas tecnologías son, junto con el petróleo, claros perdedores en la carrera transitoria.
Desde un punto de vista meramente económico se hace difícil entender la razón por la que energías que están en su punto máximo de aprovechamiento tecnológico, como la nuclear y el petróleo, que cuentan con un precio, por fin, bajo y que aseguran el aprovechamiento de energía de manera eficiente y gestionable deban dejar el sistema de generación energético que tan buenos resultados industriales han dado hasta el momento.
Resulta paradójico que un sector eficiente y que emplea intensivamente a miles de trabajadores pueda ser la víctima propiciatoria de la transición justa. La reconversión de empleos ‘negros’ en empleos ‘verdes’ presenta un hándicap importante. Mientras que en la industria basada en los hidrocarburos las plantillas se cuentan por miles, en la industria renovable la atomización del empleo es una realidad.
La mayor parte de las plantillas de empresas netamente renovables apenas superan los 50 trabajadores. Tan solo el 1,5% tienen más de 250 empleados. Mientras, las empresas orientadas a continuar en el sector de los hibrocarburos se caracterizan por plantillas que pueden contarse por miles de personas.
Desde el punto de vista de la eficiencia, las renovables ofrecen una importante ratio de productividad, con unos niveles muy superiores al promedio de la economía. Sus virtudes también pasan por su orientación exportadora, empleos cualificados y un alto grado de I+D+i, algo que las sitúa como ideales para convertirse en polos de creación de empleo de calidad, aunque menos intensivo que sus homólogas convencionales.
Como señalan la mayor parte de estudios internacionales, la industria eólica cuenta con un importante recorrido en materia de creación de empleo. España es el octavo país del mundo en número de trabajadores en este subsector, pero en 2016 era el tercero. La eólica marina es la que presenta el mayor potencial de futuro. Su reducido impacto ambiental y social, en comparación con el resto, la sitúan como la receptora perfecta de puestos de trabajo provenientes de otras industrias energéticas.
El año 2020 será recordado por ser el ‘annus horribilis’ de la economía mundial, pero también el acelerante perfecto para la transición energética entre el negro petróleo y el verde renovable.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios