Desmonta todas las excusas

Transparencia aprieta a Sánchez y obliga a publicar el sueldo de los asesores a dedo

  • El Consejo y Protección de Datos coinciden en que no se puede apelar al derecho a la intimidad para esquivar la publicación de esa información.
Pedro Sánchez, junto a colaboradores / EFE
Pedro Sánchez, junto a colaboradores / EFE

La nómina de cargos de confianza al servicio del Gobierno que durante más de un lustro se estabilizó por debajo de los 600 se ha disparado de forma exponencial en los tres últimos ejercicios hasta el punto de que con 22 ministerios y una macroestructura de Presidencia del Gobierno es más que probable que se sitúe ya en el entorno de los 800 a día de hoy. Sobre ellos pesa una sombra de sospecha permanente por la total discrecionalidad con la que son seleccionados por los cargos políticos -no existe ningún mecanismo reglado de selección-, lo que ha generado históricamente acusaciones de amiguismo y la acuñación del negativo concepto de los 'cargos nombrados a dedo'; pero también por la falta de transparencia que existe tanto sobre su nombramiento como sobre sus condiciones retributivas

Los sucesivos gobiernos no han ayudado a cambiar esta percepción. Las decenas de solicitudes realizadas desde la creación del Consejo de Buen Gobierno y Transparencia para revelar la identidad y las condiciones salariales de este selecto grupo de cargos de confianza han sido casi siempre esquivadas por los ministerios e incluso por Presidencia del Gobierno alegando cuestiones de 'confidencialidad' y 'derecho a la protección de datos de carácter personal' de los afectados.

Transparencia siempre ha rechazado esas maniobras evasivas de los responsables gubernamentales, pero esta vez ha dado un paso más para 'forzar' al Gobierno a hacer públicas de una vez por todas y de manera regular en el tiempo tanto la identidad de los 'cargos de confianza' que desempeñan su labor a sueldo del Estado como la cuantía de sus nóminas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos acaban de publicar un criterio interpretativo conjunto que, a grandes rasgos, desmonta toda la argumentación defensiva empleada por los sucesivos gobiernos en los últimos años y sitúa de forma inapelable por delante el derecho de los administrados a conocer de qué forma se gasta su dinero sobre esa supuesta protección de datos personales, que ni uno ni otro organismo aprecian como tal.

No se trata de un asunto menor. La publicación de un criterio interpretativo por parte del Consejo de Transparencia -se han publicado 16 desde 2015- sienta de forma inequívoca la interpretación de la Ley de Transparencia que deben asumir todos los organismos públicos. Hasta ahora, los rechazos a estas peticiones se han negado en cascada basados en la singular casuística de cada caso concreto, pese al hilo que unía todas las resoluciones de Transparencia sobre el asunto. A partir de ahora, esa casuística no podrá ser enarbolada como excusa.

"Debe recordarse la relevancia de la transparencia en el uso de los fondos públicos y la general prevalencia del interés público respecto del personal eventual", subraya el informe que va rubricado por el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Francisco Javier Amorós, y por la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, y que consolida el criterio de ambos organismos respecto al controvertido asunto de si hay que dar o no publicidad a la información sobre el personal eventual al servicio del Gobierno.

Levantar el velo sobre uno de los rincones más oscuros del Gobierno

Transparencia y Protección de Datos concluyen que sí, que hay que proporcionar esa información y que, además, no sólo hay que hacerlo cuando sea un particular el que lo solicite a través de los órganos de Transparencia sino que debería hacerse de manera proactiva por parte del Gobierno. Su argumento no puede ser más claro: "El personal eventual está intrínsecamente ligado al personal denominado como alto cargo, -dado que, entre otras circunstancias, cesan automáticamente con el cese del cargo a quien presta función de confianza o asesoramiento -, parece razonable pensar que su régimen de transparencia habrá de ir igualmente unido al régimen de transparencia previsto para los altos cargos que les han nombrado".

El informe, realizado curiosamente a petición de la Dirección General de Gobernanza Pública del Gobierno de Mariano Rajoy, al mando de María Pía Junquera, una de las altas funcionarias con mejor reputación del área de Función Pública de la Administración del Estado, precisa la información que se debería hacer pública: el nombre y apellidos del cargo de confianza, el ministerio y el gabinete donde desempeña sus funciones, el servicio concreto que tiene encomendado dentro de esa estructura, la fecha de ocupación del puesto y la retribución que tiene asignada.

Hablamos de un 'levantamiento del velo' en toda regla sobre uno de los rincones más oscuros de la estructura del Gobierno, que acoge por igual a funcionarios de élite en la parte ascendente de su carrera, a prestigiosos profesionales de áreas donde el 'expertise' de la Administración es limitado y también a personas de confianza de altos cargos políticos cuyo mayor valor es, precisamente, esa lealtad, por encima de otras consideraciones de naturaleza profesional.

Sólo una vez se publicaron los datos y retribuciones -eso sí, las básicas, sin complementos ni pluses de productividad- del personal eventual al servicio del Gobierno. Fue en el año 2015, en plena ofensiva de transparencia y buen gobierno del Ejecutivo de Mariano Rajoy y el informe generó tantas ampollas en los gabinetes de los ministerios que no se volvió a publicar en los tres años siguientes durante las que se prolongó el Gobierno del PP.

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