El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene contra las cuerdas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública está forzando al holding público adscrito al Ministerio de Hacienda ha instado a la compañía dependiente de Hacienda a desvelar los nombres de los asesores jurídicos y financieros externos que han intervenido en los expedientes de concesión de las ayudas públicas vinculadas al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Esta presión obligaría a la SEPI a dar a conocer públicamente quiénes y desde qué empresas privadas del ámbito de consultoría jurídica y financiera han asesorado a la sociedad estatal en rescates puestos en marcha hasta la fecha.
En marzo de 2021, Transparencia tramitó una reclamación al Ministerio de Hacienda en la que se solicitaba toda la información disponible sobre qué asesores externos (legales y financieros) habían intervenido en los expedientes de concesión de las ayudas públicas vinculadas al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La petición hacía referencia a los primeros rescates autorizados hasta esa fecha por el Consejo Gestor de la SEPI y el Consejo de Ministros: Duro Felguera (120 millones de euros), Plus Ultra (53 millones de euros), Ávoris (320 millones de euros) y Air Europa (475 millones de euros).
Dos meses después, en mayo de este mismo año la SEPI denegó el acceso a la información demandada, argumentando que ya había aportado públicamente toda la información relativa a estos rescates que le exigen los reglamentos de la Comisión Europea sobre los que se fundamentan estas ayudas públicas (básicamente, los datos del beneficiario, el tipo de empresa, el sector de actividad, el importe de la ayuda, el objetivo y la fecha de concesión de la misma). Pero, además, esgrimió que la ley concede el "carácter de reservado" de la información solicitada porque supondría un perjuicio para el "secreto profesional" y para "la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".
Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que "a pesar del esfuerzo argumentativo desarrollado por la Administración (...) lo cierto es que los límites alegados en la misma no tienen cabida" en este caso, porque la información solicitada no son datos, documentos o informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI en virtud de las funciones que se les encomienda legalmente, sino, por el contrario, la identificación de los asesores externos que hayan intervenido en los expedientes de concesión de las ayudas públicas y "puede sostenerse razonablemente que proporcionar esos datos identificativos no vulnera, en modo alguno, el secreto profesional ni supone un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".
Pero es que además, Transparencia alega que la SEPI ha incurrido en una "irregularidad invalidante", al prescindir de un trámite esencial como es dar audiencia a terceros interesados (como es el caso de las empresas asesoras externas) para que puedan valorar si la información solicitada afectaba o no a sus intereses económicos y/o comerciales, lo cual resulta pertinente para la ponderación de los intereses en conflicto. Por este motivo, considera que la reclamación del demandante debe ser estimada por motivos formales, lo que produce la retroacción de actuaciones, es decir, una repetición del procedimiento. Así, la SEPI tiene que poner en conocimiento de la solicitud de información a los asesores interesados y permitirles que realicen sus propias alegaciones, para lo que le concede un plazo de quince días durante el cual quedan suspendidos los plazos para dictar resolución sobre la solicitud de información.
Transparencia considera que la SEPI prescindió de un trámite esencial y considera que el proceso debe volver a la casilla de salida
La SEPI nunca ha detallado quiénes asesoran sus rescates. Se ha limitado a informar de la firma de un acuerdo marco con un amplio listado de compañías independientes para contrastar sus análisis sobre las ayudas a las empresas solicitantes -más de 60 desde la creación del fondo-. Este pool lo componen socios financieros como las big four (KPMG, PwC, Deloitte y EY) y grandes despachos de abogados. De un lado se analiza el plan de viabilidad presentado para obtener la ayuda pública y del otro se lleva a cabo la due diligence y la elaboración de informes que recojan, entre otros, las contingencias legales, laborales y fiscales de cada operación. Hasta el momento, la compañía dependiente del Ministerio de Hacienda ha encargado el análisis de una treintena de expedientes -buena parte de ellos siguen en marcha- y ha dado luz verde a ocho.
El expediente de Plus Ultra
La misma situación se da con otra resolución del Consejo de Transparencia, en este caso relativa a la petición de información del expediente administrativo de la solicitud de rescate de Plus Ultra y del acuerdo de concesión de este con todos los informes presentados para la misma. La SEPI estimó el acceso a esta información solo de manera parcial, alegando los mismos motivos que en el caso de los asesores jurídicos y financieros externos (que ya se ha facilitado toda la información a la que obliga el reglamento europeo) y rechazando aportar los informes demandados por el solicitante. Pero, de nuevo, Transparencia considera que la SEPI se ha saltado el trámite de audiencia a terceros interesados (en este caso, la aerolínea Plus Ultra) y le pide que le remita la solicitud de información para que pueda realizar sus alegaciones en un plazo de dos semanas.
La información relativa al rescate sobre la pequeña aerolínea ha sido solicitada también desde los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados. En este caso fue el Partido Popular quien, a través de una pregunta parlamentaria, se interesó por si verdaderamente la compañía reunía los criterios de elegibilidad para ser una empresa "estratégica" que pudiera beneficiarse de esta ayuda. También preguntó si la SEPI había eliminado los mecanismos internos de control de las ayudas, después de que la información trascendiera en distintos medios de comunicación. El Gobierno optó por limitar su respuesta y parapetarse en que el caso se había judicializado y que, por tanto, liberar información podría "producir una situación de indefensión".
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