Transporte, campo y pesca: los sectores básicos lanzan una primavera caliente

Era el año marcado en rojo por el equipo económico del presidente Sánchez para que la recuperación del país despegara. Pero en solo dos meses se ha encontrado con un conflicto bélico en Europa sin precedentes en este siglo que ha acentuado la ya existente inflación. Ahora, el gabinete se enfrenta a los altos precios, no solo de la electricidad, sino, además, de los carburantes. Un escenario que ha golpeado los balances de las pequeñas y medianas empresas y que ha supuesto una estocada casi mortal para muchos empresarios y trabajadores de diversos sectores de la economía, que tratan de hacer visible, con movilizaciones anunciadas, su delicada situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concedió ayer por la noche una entrevista donde anunció un plan nacional que se aprobará dentro de dos semanas (el próximo 29 de marzo) contra las consecuencias de la guerra y donde afirmó de forma tajante que "el Gobierno hará todo lo que está en su mano para amortiguar las consecuencias de esta guerra y proteger a las personas más vulnerables". Por otro lado, sostuvo que dentro de ese plan iba a haber "rebajas fiscales" para contener el precio de los carburantes, aunque no concretó qué impuestos iba a reducir. Unas declaraciones que confirman lo que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, dijo horas antes acerca de revisar la fiscalidad a la baja de algunos productos que "claramente" estén impactados por el incremento de la inflación.

Pero, mientras el Gobierno se toma su tiempo para materializar estos anuncios, los empresarios y trabajadores de los sectores más acusados por la inflación, muestran su indignación. Basilio Otero, presidente de la Federación de Pescadores exterioriza para el diario La Información este enfado. Su voz representa a casi 30.000 trabajadores. "Es el momento, con diferencia, más difícil que hemos visto. El precio del gasoil nos está haciendo ir a la mar a pagar en lugar de a cobrar", asegura. En enero de 2021 el precio por litro del carburante fue de 0,36 euros. Un año y dos meses después está a 1,10 euros. Esta situación ha provocado que "se esté notando el paro de muchas embarcaciones" ya que una rastrera, por ejemplo, consume una media diaria de 2.000 litros. Otero dice que el precio del carburante ha pasado de ser el "20-30%" del total del gasto de un pescador a dispararse al "80%".

Desde el sector de la pesca avisan: "Si esta semana no nos recibe el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca (mañana se reúnen con el secretario general del Ministerio, Fernando Miranda), todos los barcos pararán el próximo lunes 21 de marzo". De momento, el ministro Planas aún no les ha contestado; y ellos lanzan esta amenaza hasta que las "condiciones vuelvan a ser las mismas que antes".

El campo se moviliza

Donaciano Dujo, presidente de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) en Castilla y León, dice que "muchas explotaciones de producción tienen un coste energético tan elevado que les hace inviable su rentabilidad porque el precio de lo nuestro -la remolacha o las patatas- no han subido lo mismo". Por último, anuncia que habrá una manifestación en Madrid el próximo domingo 20 de marzo, donde se esperan hasta 200.000 personas, y a la que acudirá el Partido Popular.

El sector lácteo ha hecho grandes inversiones desde que España entró en la Unión Europea. El país ha pasado de tener 132.000 explotaciones a solo 11.000. Y para conseguir la misma productividad, ha sido necesaria la mejora de instalaciones, maquinaria y otras medidas. Un escenario que compromete sobre todo a los más jóvenes, que fueron los que apostaron por este sector modernizando sus explotaciones. Ramón Artime, presidente de Asaja Asturias, afirma que "pagamos ahora en gasoil más del doble que hace seis meses. La situación es muy precaria. Nos han aumentado los costes de producción en un 30%. Yo calculo que en seis meses en torno al 40 o 50% de las explotaciones de leche en España echará el cierre".

Los transportistas, divididos

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que asegura representar a un porcentaje muy elevado de las pequeñas y medianas empresas del sector, ha anunciado un paro indefinido, que comenzó ayer con la aparición de varios piquetes en diferentes puntos del país. Desde la plataforma exigen la prohibición de contratar los servicios por debajo de los costes de explotación y denuncia unas condiciones laborales "inadmisibles". Sin embargo, las grandes patronales del sector -a pesar de advertir de la brutal escalada de los precios de la energía- no han secundado el paro convocado por la plataforma. Además, han alertado, al igual que el Gobierno, sobre los mensajes en redes sociales que anuncian posibles desabastecimientos por el efecto del paro y llaman a la calma porque defienden que no se van a producir.

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Entre los que no secundará la movilización está Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (donde se encuentran representadas compañías como Amazon o DHL). Aunque las empresas agrupadas, por "responsabilidad", no se van a unir al parón, Aranda define como "preocupante" la situación. Según relata, los costes de la energía están aumentando un 45%; un escenario que desincentiva a todos aquellos que habían apostado por la transformación ecológica en sus fletes, sustituyendo el gasoil por el gas natural. "Muchas personas se han puesto en contacto conmigo para decirme que, si siguen esos precios, la quiebra de sus negocios va a ser inmediata", concluye. 

Desde los diferentes sectores se piden multitud de medidas para contrarrestar esta situación, como moratorias en los créditos, fondos de liquidez e incluso, en el caso del sector logístico, la eliminación de los impuestos, que suponen hasta el 48% del coste. Pero hasta el momento no hay ninguna concreción por parte del Gobierno. Una incertidumbre que se comienza a atisbar desde la oposición como una debilidad del gabinete. Así, el nuevo líder, Alberto Nuñez Feijóo, ha aprovechado para reclamar una política fiscal expansiva (reducir los tributos) ya que, según dice, el Gobierno se está "forrando" con los precios de la luz y de la gasolina. Una afirmación que ha tenido respuesta por parte del Gobierno, que dice que no son ellos los que ingresan, sino que es el Estado.