El Comité Nacional del Transporte de Mercancías (CNTC) ha solicitado este lunes al Gobierno que ponga en marcha nuevas medidas de apoyo para el sector ante la escalada que registran los carburantes, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. El pleno del Departamento de Mercancías del CNTC, órgano del sector que actúa como interlocutor del Gobierno, ha aprobado remitir un plan de ayudas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para amortiguar el impacto que esta situación está teniendo en el sector.
Así, piden la prórroga hasta el 31 de diciembre de la bonificación pública de 20 céntimos por litro de carburante, y propone incluir una nueva ayuda directa de otros 20 céntimos para el transporte profesional, concretamente para los vehículos de hasta 7,5 toneladas de masa máxima autorizada. Por otro lado, solicitan una ayuda directa durante un trimestre para las empresas de transporte de mercancías en función del tipo de vehículo, que será de 1.250 euros en el caso de los camiones, y de 500 euros para las furgonetas.
Además, reclaman la corrección de la cláusula de actualización del precio del transporte en función del precio de los carburantes, pasando del 30% actual al 40%, incluyendo en esta medida al gas. En cuanto al proyecto de ley que el Gobierno se comprometió a presentar antes del 31 de julio, y que aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad de su trabajo, el CNTC explica que está revisando el borrador. En este sentido, pese a que la primera propuesta no es "plenamente satisfactoria", confía en contar con un texto que responda a las aspiraciones del sector antes de que finalice el plazo que pactaron ambas partes.
Amenaza de huelga
Tras la reunión del sector con el Ministerio de Transportes el pasado jueves, el portavoz de la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, Manuel Hernández, aseguró que serán sus bases las que finalmente decidan si se convocan nuevos paros, al no haber recibido garantías por parte del Gobierno de que la ley que evitará que trabajen por debajo de costes esté aprobada a final de mes. "El Ministerio nos ha trasladado que están trabajando en la ley que nos prometieron, pero no tenemos garantías de que para el día 30 esa ley vaya a estar puesta en marcha", explicó Hernández al término de la reunión.
De hecho, tras el encuentro, fuentes del Ministerio han recordado a Efe que el acuerdo alcanzado en su día con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC, interlocutor oficial del sector con el Gobierno y donde la citada Plataforma dice no sentirse representada) era que antes del 31 de julio (no el 30 de junio) se "presentaría" (no se aprobaría) el citado proyecto de ley. "Dentro de un tono constructivo se ha informado a la Plataforma" de todos los pasos que se están dando "para la sostenibilidad inmediata del sector", así como del "avanzado estado de la propuesta normativa en la que se está trabajando intensamente para cumplir antes del 31 de julio el compromiso adquirido con el CNTC de trasladar al transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria", apuntaron las citadas fuentes.
Desde que desconvocaron las movilizaciones a comienzos de abril, la Plataforma asegura que de media los transportistas autónomos están perdiendo 2.000 euros por camión, por lo que urgen al Gobierno a que cumpla el plazo de los tres meses que dijo que necesitaba para aprobar la ley que combate el trabajo de los transportistas por debajo de los costes. En este marco, la ministra Sánchez ha pedido en los últimos días "tranquilidad" y ha dejado claro que su compromiso con los transportistas autónomos es sacar el proyecto de ley antes del 31 de julio.
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