Tres exdirectivos de NCG ofrecen de fianza sus pensiones pendientes de cobro

Madrid, 27 nov.- Tres exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) que cobraron indemnizaciones millonarias por su salida del grupo han ofrecido sus pensiones pendientes de cobro para pagar la fianza civil de 3,47 millones de euros que les impuso el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Según han informado fuentes jurídicas, el ex director general de Caixanova, José Luis Pego, y los exdirectivos Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada han recurrido el auto del juez en el que se les imponía las fianzas, pero subsidiariamente han ofrecido pagarlas con los 28,2 millones de euros que todavía tienen pendientes de cobro tras su salida de la caja.

El juez impuso a Pego una fianza de 1,92 millones, a Gorriarán de 1,21 millones y a Rodríguez Estrada de 347.920,92 euros, de las cuales deberá también responder solidariamente el excopresidente de la entidad Julio Fernández Gayoso.

Sin embargo, con los derechos de cobro de las pólizas de aseguramiento ofrecidos por los tres exdirectivos, Gayoso no tendrá que prestar bienes para pagar sus fianzas.

Fernández Gayoso es el único de los cinco imputados en la causa al que la Fiscalía Anticorrupción no reclama la devolución de cantidad alguna, ya que considera que actuó solo como cooperador para que los exdirectivos mejoraran sus indemnizaciones.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 justificó la imposición de esta medida cautelar porque hay indicios de "criminalidad suficiente" en la actuación de los exdirectivos imputados, ya que acordaron mejorar sus contratos "en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad", fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova.

Estas actuaciones, realizadas supuestamente en colaboración con Gayoso, constituyen un delito de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida.

Esas cantidades corresponden a los importes que la Fiscalía Anticorrupción les ha pedido que devuelvan (un total de 7,87 millones), más el tercio de esa cantidad que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según el juez, los exdirectivos lograron elevadas sumas de dinero al cesar sus actividades en NCG al amparo de las mejoras de los contratos y la interpretación de las causas incluidas en los mismos, que los imputados "efectuaron en su propio interés" con "abuso de las funciones de su cargo" y "pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad".

De esta forma, dispusieron "fraudulentamente" de los bienes de la entidad, añade el juez, en consonancia con los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción.

Precisamente, la Fiscalía se queja de que los imputados, que declararon entre el 15 y el 22 de octubre, "se han limitado a realizar manifestaciones en su defensa" que "están en contradicción con la documental obrante en la causa".

Según la querella de Anticorrupción, Pego, Rodríguez Estrada, Gorriarán y el cuarto exdirectivo imputado, el procedente de Caixa Galicia Javier García de Paredes, quien debe pagar una fianza de 7 millones que también ha recurrido, modificaron sus contratos entre octubre y diciembre de 2010.

Por ellos cobraron 18,9 millones de euros por su salida del grupo, de los que deberían devolver 7,87 millones de euros percibidos presuntamente de forma indebida y otras cantidades todavía sin cuantificar.

Anticorrupción afirma que los contratos mejoraban sustancialmente las pensiones a las que tenían derecho y no fueron autorizados por el consejo de administración de la entidad, que fue finalmente intervenida en septiembre de 2011.

El Ministerio Público recuerda que Julio Fernández Gayoso se limitó a informar en diciembre de 2010, durante el primer consejo de administración de la entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, de la suscripción de los nuevos contratos sin especificar las cantidades que implicaban.