Madrid, 13 oct.- La sala quinta de lo Militar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a Juan Carlos Toribio, guardia civil de la Agrupación de Tráfico, al declarar compatible con su función la de desarrollar actividades relacionadas con la Seguridad Vial en la Asociación Mutua Motera.
El Tribunal Superior confirma la sentencia del Tribunal Central Militar que daba la razón a Toribio y declara su compatibilidad, aunque tras conocerse la firmeza de la sentencia, sus mandos le notifican una propuesta de resolución con 6 meses de suspensión de empleo y sueldo y cese en el destino.
Recuerda esta organización en un comunicado que el pasado 7 de octubre, Juan Carlos Toribio, Guardia Civil de Tráfico popularmente conocido por sus denuncias sobre la Seguridad Vial relacionada con los motoristas, sufrió el cuarto expediente por denunciar el mal estado de la carretera y por colaborar en pro de los derechos y la seguridad de los usuarios de la carretera a través de la Asociación Mutua Motera.
En esta ocasión, la notificación contiene la propuesta de resolución impuesta por el director de la Guardia Civil de 6 meses y un día de suspensión de empleo y sueldo más la pérdida del destino.
También recuerda la AMM que mientras el instructor del procedimiento pedía una sanción de 3 meses de empleo y sueldo, el director de la Guardia Civil ordenó que la sanción se elevara a 6 meses y un día y pérdida de destino.
La notificación llega justo después de que la Sala V de lo Militar del Tribunal Superior, declarara la firmeza de la sentencia dictada por el Tribunal Central Militar, dando la razón a Juan Carlos y declarando su derecho constitucional a colaborar como voluntario con asociaciones de usuarios como la AMM, así como su compatibilidad para colaborar y desempeñar funciones relacionadas con la seguridad vial en defensa de los ciudadanos.
La AMM recuerda que la organización estuvo en unas jornadas de Seguridad Vial, organizadas por el Consejo Nacional de Seguridad Vial de Paraguay, en las que se comprobó como los funcionarios más luchadores y honestos eran nombrados para cargos de responsabilidad y depurar la corrupción y la falta de respeto a la Ley.
En España, según la AMM, lo que se hace es justo lo contrario, cuando un funcionario exige el cumplimiento de la ley, se le expedienta, se le sanciona y se le intenta expulsar del puesto donde resulta molesto.
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