Bruselas, 31 ene.- El Tribunal General de la UE confirmó hoy las sanciones por un total de 33,6 millones de euros impuestas por la Comisión Europea (CE) a España por irregularidades en los contratos públicos adjudicados para la construcción de nuevas líneas del AVE entre Madrid y la frontera francesa, y en Levante.
En dos sentencias hechas públicas hoy, la Corte de Luxemburgo rechazó los recursos presentados por Madrid contra dos decisiones de la CE, en 2010 y 2011, que aplicaban una reducción de los fondos de cohesión asignados a España por incumplir la normativa europea de contratación pública en varias infraestructuras ferroviarias.
Las irregularidades se cometieron en varios tramos de la línea de AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, así como en el subtramo La Gineta-Albacete perteneciente al nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad hacia Levante, indicaron fuentes judiciales.
El caso se remonta a diciembre de 2010, cuando la CE decidió reducir en 2,3 millones de euros la asignación del fondo de cohesión inicialmente acordada a España para financiar la construcción de cuatro fases de proyecto de determinados tramos de las líneas de AVE Madrid-Zaragoza- Barcelona-Frontera francesa y Lérida-Martorell.
En febrero de 2011, la Comisión decidió aplicar otra "corrección financiera" de 31,3 millones sobre las ayudas otorgadas a cinco proyectos de ejecución correspondientes al suministro y montaje de materiales en las mismas líneas, así como en el subtramo La Gineta-Albacete, integrado en el nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad a Levante.
En ambos casos, la CE aplicó una "corrección financiera" al entender que en las fases en cuestión se produjeron irregularidades al aplicar la legislación europea de contratación pública, señalaron las mismas fuentes.
Según el Ejecutivo comunitario, la administración española realizó modificaciones de los concursos otorgados y atribuyó los contratos directamente sin publicación previa a las entidades adjudicatarias del concurso inicial.
El Ejecutivo español presentó dos recursos ante el Tribunal General de la UE solicitando la anulación de estas decisiones o la reducción del importe de las sanciones.
Madrid argumentó que había recurrido al procedimiento de adjudicación sin convocatoria de licitación previa, permitido por la normativa comunitaria en casos de obras públicas adicionales no incluidas en un contrato principal, que por circunstancias imprevistas sean necesarias para completar el proyecto inicial.
El Tribunal General desestimó este argumento al considerar que España no ha podido demostrar que la condición de imprevisibilidad se aplicase a ninguno de los casos, se detalla en la primera de las sentencias de hoy.
Entre otras alegaciones, el Gobierno español achacó las modificaciones sobre los proyectos iniciales al cambio de los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOUs) realizados por distintos municipios.
El Tribunal ha recordado que la entidad adjudicadora es responsable de obtener un consenso previo sobre las soluciones proyectadas con los municipios afectados.
España, sin embargo, "no ha demostrado la existencia de concertación alguna" entre el Estado central y los municipios afectados antes de la publicación del anuncio de licitación, dice el Tribunal en la segunda sentencia.
Por ello, el Tribunal General ha desestimado todos los argumentos presentados por España, ha rechazado ambos recursos y le ha condenado a pagar las costas del proceso.
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