La ley de Vivienda entró en vigor el pasado viernes 26 de mayo, sin embargo, gran parte de sus avances quedan al arbitrio de las comunidades autónomas, como la declaración de zonas tensionadas y la delimitación de los grandes tenedores. Los inquilinos de las grandes capitales de provincia son los que han sufrido subidas más pronunciadas en los últimos meses y en los que, en la mayoría de puntos del territorio quedarán sin la protección de la nueva norma. El Partido Popular ha manifestado en reiteradas ocasiones su posición radicalmente contraria a esta norma y su negativa a aplicarla en las comunidades en las que gobierna. Por lo que el Gobierno ya contaba con que iba a ser complicado ponerla en marcha en Madrid o Andalucía, pero el resultado de las urnas compromete su aplicación en Valencia o Baleares.
Esta materia había sido la apuesta del Ejecutivo central de cara a las elecciones municipales y autonómicas, protagonizada por Pedro Sánchez, quien ha capitalizado los anuncios de vivienda pública para alquiler social durante toda la campaña electoral. Además, el Consejo de Ministros aprobó una línea de avales ICO destinada a jóvenes para cubrir el 20% de la hipoteca que no asumen las entidades financieras, es decir, el importe correspondiente a la entrada de una vivienda. El PSOE tiró 'de chequera' para hacerse con el voto de los indecisos, sin embargo, los temas políticos como los pactos con EH Bildu, el racismo o la compra de votos han dejado sin efecto estos anuncios.
Las comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva de vivienda, lo que deja un estrecho margen al Congreso y el Senado para desarrollar la normativa básica, como se ha hecho en las últimas semanas, mientras que los ayuntamientos tienen una serie de competencias delegadas en materia de ordenación del territorio y urbanismo, por la Ley de Bases de Régimen Local y las normas autonómicas. Por ello, la nueva ley nacional ha tenido que dejar los puntos más críticos en manos de los gobiernos regionales, para no invadir competencias autonómicas. El problema es que en estos puntos se recoge el límite a la subida del alquiler, las bonificaciones al IRPF, al tiempo que el elevar el IBI hasta el 150% queda en manos de los ayuntamientos.
Los resultados de estos comicios dejan a las fuerzas progresistas al margen del problema del acceso a la vivienda, focalizado en las grandes capitales y en las islas, donde en líneas generales el PP se ha visto respaldado, con la excepción de Barcelona. La Generalitat de Cataluña había expresado su intención de poner en marcha la Ley de Vivienda tan pronto como entrase en vigor, una postura respalda por la hasta ahora alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, que ha quedado en tercera posición en las urnas. No obstante, los números hacen factible un gobierno tripartito de la izquierda, por la improbabilidad de que el candidato asociado a Junts pacte con PP y Vox.
El Partido Popular se ha hecho con la victoria en la Comunidad Valenciana, tras ganar más de 20 representantes respecto a las elecciones de 2019, lo que fuerza la salida de Ximo Puig de la Generalitat y del gobierno en coalición de Compromís y PSOE en la ciudad de Valencia. Esta formación también se había negado a aplicar las medidas comprendidas en la nueva norma en el territorio y en su lugar, propone rebajar el impuesto de transmisiones al 3% para aquellos que adquieran su vivienda habitual en zonas en riesgo de despoblación y créditos para cubrir la entrada a los pisos para jóvenes, a imagen de la nacional.
La balanza también se inclina a favor del PP en Baleares, territorio en el que los precios de la vivienda han superado los máximos de 2008 y el alquiler crece de forma ininterrumpida cada trimestre desde 2017. El Gobierno socialista había llevado a cabo una política muy activa en materia de vivienda, planteando la expropiación de viviendas a los grandes propietarios, debido al acuciante problema de oferta que asola a la ciudad. El PSOE apenas pierde un representante en la asamblea autonómica, pero el PP suma nueve tras absorber toda la representación de Ciudadanos, donde la líder Patricia Guasp iba como candidata.
Los expertos en vivienda aventuraban una posible tensión en Sevilla, donde hasta ahora Antonio Muñoz ha encabezado la alcaldía socialista y Juanma Moreno la Junta de Andalucía 'popular'. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas se invierte con este resultado electoral. PP y Vox suman un escaño más que las fuerzas progresistas, por lo que la posible batalla de competencias queda anulada. De esta forma, queda truncada la estrategia del gobierno central para desarrollar el que ha denominado el cuarto pilar del Estado de Bienestar.
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