Ambiente de tensión entre el área económica del Gobierno y las plataformas tecnológicas que operan en nuestro país ante el inminente impuesto a las 'tech' que está ultimando el Ministerio de Hacienda. En los últimos días se están produciendo reuniones e intercambios de documentos entre el Ejecutivo y los afectados por esta nueva tasa que todavía no se encuentra definida en su totalidad. Las firmas de tamaño medio -más allá de los gigantes como Google, Amazon o Facebook- están advirtiendo a los legisladores del "daño" que para el sector -siempre bajo su punto de vista- tendría esta novedosa fiscalidad.
Son jornadas de presiones, llamadas de teléfono y encuentros buscados para intentar modificar aspectos esenciales del conocido como "anteproyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales". Las grandes afectadas ya han realizado su labor de 'lobby' y las de un segundo escalón también están intentando ahora hacer ver a Moncloa y Hacienda que aprobar este impuesto tal y como está planteado perjudicará a todo el sector. Quieren, en definitiva, transmitir al Gobierno que esta tasa afectará en menor medida a gigantes como Apple y Facebook y dejará 'knock out' a los medianos y pequeños.
Esta labor de 'concienciación' con el Gobierno está siendo capitaneada por firmas como Uber, Deliveroo, Glovo o Airbnb, que no terminan de entender algunas cuestiones que se están planteando en este impuesto y que, por ello, ya han visitado la sede de la presidencia del Gobierno y del Ministerio de Hacienda. La principal queja de estas firmas tiene que ver con la situación en la que quedará España a nivel europeo. "Seremos una isla en el mercado único digital", explican fuentes que han participado en las conversaciones con el Ejecutivo. "Quedaremos aislados al aprobar un impuesto que no han puesto en marcha países como Alemania o Francia por las dudas que plantea", indicen en señalar apuntando a la "distorsión en el mercado comunitario" que se creará en nuestro país.
Otro aspecto polémico que ha sido abordado en las reuniones mantenidas es el relativo a cuál será la base imponible del impuesto. El artículo 10.1 del anteproyecto de ley contempla -textual- que "la base imponible del impuesto estará constituida por el importe de los ingresos, excluidos, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos equivalentes, obtenidos por el contribuyente por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, realizadas en el territorio de aplicación del mismo". Las 'tech' reclaman que la base imponible sean los beneficios y no los ingresos, pero Hacienda se niega a modificar esta cuestión.
En tercer lugar, las firmas digitales han transmitido al Gobierno los problemas de doble imposición que, en su opinión, supondrá este impuesto para algunas multinacionales. La CEOE ya ha reclamado que la futura ley estipule de forma clara el carácter deducible de lo pagado por este gravamen en el Impuesto de Sociedades, de modo que no se generen esas situaciones de doble imposición. Incluso las 'tech' han aportado a Hacienda un informe del Consejo de Europa en el que se alerta de esa problemática.
Otra de las alegaciones que han transmitido las firmas digitales al Ejecutivo tiene que ver con la 'penalización' -bajo su punto de vista excesiva- que sufrirán los llamados 'marketplacers', es decir, quienes ofrecen servicios de intermediación. En este aparato entran especialmente marcas como Deliveroo, Globo o Airbnb, entre otros, que lamentan que ellos serán los verdaderos blancos del impuesto tecnológico y quienes soportarán una mayor presión fiscal.
El hecho de que el impuesto a las tecnológicas esté levantando ampollas en el sector no ha pasado desapercibido en un PSOE que últimamente vive tiempos turbulentos, especialmente tras lo ocurrido en Andalucía el 2-D. Los socialistas encaran una decisiva cita con las urnas en mayo de 2019 y no quieren tener más problemas que sumar a la ya de por sí delicada crisis abierta en Cataluña. La situación de Sánchez con los barones no es cómoda, de forma que nadie quiere más batallas con una tasa que aspira a recaudar 1.200 millones de euros.
Las continuas quejas de los afectados ya han provocado que la directora general de Tributos, María José Garde, admita en público que existen problemas para "encajar el impuesto [tecnológico] con la casuística específica de cada empresa" y que a buen seguro se introducirían cambios en el mismo. Sería la enésima marcha atrás en materia fiscal por parte de un Gobierno que llegó al poder con una amplia hoja de ruta impositiva y que, finalmente, está siendo contenida. Esta situación tampoco ha pasado desapercibida en el socialismo: "Lanzas un globo sonda, te quemas y al final no lo pones en práctica o lo devalúas", critica un dirigente del partido contrario a la gestión del Ministerio de Hacienda.
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